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El Payment Service Directive 2 (PSD2) es una directiva europea cuya función es aumentar la seguridad y protección ante riesgos de las operaciones bancarias, sobre todo en Internet, tanto para consumidores como para negocios. A partir de ahora tendremos más garantías de que nuestras transacciones en Internet serán más seguras, ya que se incluirá una autenticación reforzada, es decir, la autenticación basada en usar dos o más elementos Explicado de otro modo, a partir de ahora toda operación de pago deberá pasar por un mínimo de dos de los tres factores expuestos para que el cliente quede efectivamente identificado y la operación pueda llevarse a cabo: - Conocimiento: Algo que solo conoce el usuario: bien puede ser una pregunta secreta, una contraseña o un PIN. - Posesión: Algo que posee el usuario: como una tarjeta inteligente o un móvil. - Inherencia: Algo que es del usuario: como su voz, reconocimiento ocular o con la huella dactilar. Su finalidad es facilitar una elevada protección del consumidor en el uso de los servicios de pago en toda la Unión, por lo que a partir de su entrada en vigor, los bancos ya deberán comenzar a rechazar los pagos que no cumplan con este criterio. ¿A quién afecta la nueva norma de pago? La normativa europea diferencia entre los pagos iniciados por el cliente, que serán aquellos en los que se aplicará la norma de manera restrictiva en los términos expuestos afectando a la mayoría de los pagos con tarjetas, ya sean online u offline, y todas las transferencias bancarias. Y aquellos que son iniciados por el comerciante en los que se podrá hacer una autentificación más laxa, como veremos a continuación. No obstante, esta normativa afecta tanto al autónomo que cobra por su producto como al banco titular de la tarjeta utilizada por el cliente (siempre que se encuentren dentro del Espacio Económico Europeo) y por supuesto al cliente que tendrá que proceder a identificarse de dos maneras por cada transacción que quiera realizar. Exenciones a la Autentificación Reforzada del Cliente o SCA La autenticación reforzada será obligatoria a partir del 14 de septiembre de 2019 y sólo será necesaria en los pagos online iniciados por el cliente.  Se excluye de ellos: - Aquellos pagos recurrentes como pueden ser suscripciones a prensa, plataformas de televisión o páginas web donde es el propio comercio quien inicia el pago y se considera vinculado a la autorización que se da en el primer pago. - Transacciones de bajo riesgo en el caso de que el proveedor de pagos y el banco no excedan de una cuota determinada de fraudes. - Transacciones inferiores a 30€. - Operaciones en un comercio online previamente clasificado como “de confianza” por el cliente (whitelist). CÓMO AFECTA A TU TIENDA LA NUEVA LEY DE SERVICIOS DE PAGO PSD2 Dependiendo del tipo de tienda nos afecta de diferente manera: Tienda física Estos nuevos requisitos tienen un impacto menor, gracias a las tarjetas con chip y PIN. En estos casos, ya se cumplen los requisitos de autenticación reforzada, porque existe un elemento de posesión (la tarjeta) y un elemento de conocimiento (el código PIN). No vas a tener que hacer ningún cambio en tu TPV, simplemente la experiencia de pago de tus clientes va a cambiar ligeramente. A partir del 14 de septiembre, al realizar un pago mediante contactless, el TPV en algunos casos denegará la transacción, y pedirá que se inserte la tarjeta para introducir el PIN. Tienda on-line Si aceptas pagos online el impacto será mayor, ya que los titulares de tarjetas ya no podrán realizar pagos en línea utilizando la información impresa de sus tarjetas (número de tarjeta, fecha de caducidad y código de seguridad). En su lugar, tendrán que, por ejemplo, verificar su identidad introduciendo durante el proceso de pago un código adicional que recibirán en su móvil o mediante la aplicación bancaria que esté conectada a su teléfono y que requiera una contraseña o huella dactilar para aprobar una transacción. Los encargados de implementar la SCA son los proveedores de pago, por lo que no supone ninguna gestión para la tienda online salvo que trabaje como proveedor de pagos por sí misma, en cuyo caso deberá incluir dos de los tres elementos de validación para validar el pago.

Hasta ahora no existía en España una ley específica que regulara los secretos empresariales, que se protegían a través de distintas normas dispersas en el Código Penal o en la Ley de Competencia Desleal y, principalmente, a través de cláusulas contractuales. La LSE tiene por objeto proteger los secretos empresariales, para lo cual define qué se ha de entender por tales, cuándo se entiende que su obtención, utilización o revelación son ilícitas y cuáles son las acciones para su defensa. Recopilamos a continuación las novedades más relevantes que introduce la LSE. ¿Qué se considera ´secreto empresarial´?  En el artículo 1 se define Secreto Empresarial como cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones: a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas; b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto. ¿Qué actuaciones se consideran ilícitas al amparo de la LSE? De acuerdo con lo dispone la Ley, constituyen violación de secretos empresariales las siguientes actuaciones: – La obtención de secretos empresariales sin consentimiento de su titular cuando se lleve a cabo mediante el acceso, apropiación o copia no autorizadas de documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes, que contengan el secreto empresarial o a partir de los cuales se pueda deducir; y cualquier otra actuación que, en las circunstancias del caso, se considere contraria a las prácticas comerciales leales. – La utilización o revelación de un secreto empresarial obtenido de forma ilícita, o por haber incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelación del secreto empresarial. Por otro lado, la Ley también establece determinados supuestos en que la obtención de la información constitutiva de un secreto empresarial se considera lícita siempre y cuando la misma se obtenga por alguno de los siguientes medios: a) El descubrimiento o la creación independientes; b) La observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público, sin que exista obligación de confidencialidad; c) El ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados, de conformidad con el Derecho europeo o español y las prácticas vigentes; d) Cualquier otra actuación que, según las circunstancias del caso, resulte conforme con las prácticas comerciales leales. Para la defensa de los secretos empresariales la Ley establece un amplio catálogo de acciones que los titulares de los secretos podrán emprender frente a los infractores de los mismos, tales como, de declaración, de cesación o prohibición, de aprehensión de las mercancías infractoras, de remoción, de atribución de las mercancías infractoras en propiedad, de indemnización de daños y perjuicios y de publicación de la sentencia. Finalmente, con el fin de evitar que los titulares de secretos empresariales infringidos no acudan a proteger sus derechos precisamente para evitar una todavía mayor difusión de sus secretos, la Ley faculta a los jueces que conozcan de pleitos relativos a violaciones de secretos empresariales a adoptar medidas dirigidas a proteger las informaciones o documentos que puedan constituir secretos empresariales y que formen parte del procedimiento, tales como restringir el número de personas que puedan acceder a determinados documentos, limitar el número de asistentes a las vistas o publicar versiones no confidenciales de las resoluciones que se dicten.