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Actualización base de cotización trabajadores autónomos

La Ley 6/2017 establece que los trabajadores autónomos pueden cambiar hasta cuatro veces al año la base de cotización, eligiendo otra dentro de los límites mínimo y máximo que les resulten aplicables en cada ejercicio.

La solicitud formulada entre el 1 de enero y el 31 de marzo tendrá efectos el 1 de abril

La solicitud formulada entre el 1 de abril y el 30 de junio tendrá efectos el 1 de julio

La solicitud formulada entre el 1 de julio y el 30 de septiembre tendrá efectos el 1 de octubre

La solicitud formulada entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre tendrá efectos el 1 de enero del año siguiente

Por este motivo, les recordamos que tienen la oportunidad de modificar la base de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomosy la cuota a pagar, dentro de los límites permitidos según edad, hasta el 30 de septiembre, para que tenga efectos a partir del 1 de octubre:

Adjuntamos, a título de ejemplo, escala comparativa con algunas opciones con los importes vigentes en 2021.

Base de cotización €/mesTipo de Cotización  (*)Cuota a pagar €/mes
944,40 - mínima a partir del 01-01-2021-  30,6 %288,97
1.018,50 mínima para trabajadores de 48 o más a partir 01-01-2021, salvo excepciones30,6 %311,66
1.202 30,6 %367,81
2.077,80 máxima para trabajadores de 47, 48 años o más, a partir 01-01-2021 salvo excepciones  30,6 %635,80
4.070,10 - máxima a partir del 01-01-2021 -30,6 %1.245,45

 * 30,6 % = 28,30 % (contingencias comunes) + 1,3 % (contingencias profesionales) + 0,9% (cese de actividad) +   0,10 % (FP).

La base mínima de cotización del autónomo que en algún momento del año 2020 y de manera simultánea hay tenido contratado 10 o más trabajadores por cuenta ajena, así como la del autónomo societario es de1.214,10 euros mensuales

También les recordamos que los trabajadores autónomos que estén cotizando por cualquiera de las bases máximas de este régimen especial podrán solicitar que su base de cotización se incremente automáticamente en el mismo porcentaje en que se aumenten esas bases máximas. Asimismo, los trabajadores autónomos que no estén cotizando por cualquiera de las bases máximas podrán solicitar que su base de cotización se incremente automáticamente en el mismo porcentaje en que se aumenten las bases máximas de cotización de este régimen especial. En ningún caso la base de cotización elegida podrá ser superior al límite máximo que pudiera afectar al trabajador. La solicitud podrá realizarse, durante todo el año natural, y tendrá efectos desde el día 1 de enero del año siguiente a la fecha de presentación de la solicitud.

Aprobación de las retribuciones de administradores

El Tribunal Supremo en su sentencia de 13 de mayo de 2021 ha señalado que la fijación inicial del importe máximo anual de los administradores, así como las eventuales modificaciones que deben ser aprobadas por la Junta General, no necesariamente han de realizarse con antelación al comienzo del ejercicio al que se pretenda aplicar.

La retribución de los administradores en el seno de una sociedad mercantil ha generado tradicionalmente muchas controversias y dificultades en determinar su naturaleza y alcance, en atención a los preceptos normativos que le son de aplicación, dificultad acentuada por los sucesivos cambios normativos y jurisprudenciales.

Un problema que nos encontramos en la práctica es que el cargo es retribuido, pero nunca se ha aprobado la retribución de los administradores por la junta general. Y una vez que aparece el conflicto entonces el socio mayoritario-administrador se presura a convocar una junta que apruebe o ratifique las retribuciones que ha venido percibiendo en ejercicios anteriores.

En esta ocasión queremos informarles de una interesante sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 13 de mayo de 2021, en la que se plantea la  cuestión controvertida de si el acuerdo de retribución del cargo de administrador ha de adoptarse al inicio de cada ejercicio, sin que sea válido hacerlo al término del ejercicio porque vulneraría los estatutos. Según el recurrente, el art. 217.3 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), cuando prescribe que «el importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores en su condición de tales deberá ser aprobada por la junta general y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación», se refiere a la aprobación de una actuación ya realizada, el cobro de una remuneración, y bajo esta idea debía interpretarse el art. 13 de los estatutos. Este artículo, después de prever que «el sistema de retribución del administrador o administradores será el de «sueldo»

La parte recurrente  también denuncia la infracción, por interpretación errónea y consecuente inaplicación, de los artículos. 190.1.c) y 230.2.2º LSC. La infracción habría sido cometida porque la sentencia recurrida interpreta de forma extensiva el art. 190.1.c) LSC, al equiparar la «concesión de un derecho a un socio» con la aprobación de la retribución como directora general".

En el desarrollo del motivo se centra la controversia en "si el deber de abstención consagrado en el art. 190.1.c) LSC es susceptible o no de interpretación extensiva y, por tanto, alcanza a la sociedad (...), de la que (...) es socia única, por la existencia de un conflicto de interés entre esta última y la sociedad, por cuanto el acuerdo impugnado le «concede un derecho» al asignarle un sueldo".

En definitiva, las cuestiones societarias que analiza el TS son dos:

  1. Si debe abstenerse de ejecutar el derecho de voto por conflicto de intereses la administradora única y directora general afectada que es, a su vez, socia única de la persona jurídica que es socia y en cuyo nombre vota en la junta (artículo 190.1.c LSC).
  2. Compatibilidad de la retribución como directora general y como administradora y posible lesión al interés social. Carga de la prueba.

Pues bien, la sentencia del TS establece que la  fijación inicial del importe máximo anual de los administradores, así como las eventuales modificaciones que deben ser aprobadas por la Junta General, no necesariamente han de realizarse con antelación al comienzo del ejercicio al que se pretenda aplicar.

Atención. Hay que decir que la jurisprudencia, de forma mayoritaria, venía considerando que el acuerdo de la junta general de aprobación de la retribución de los administradores debía ser al comienzo de cada ejercicio.

La sentencia interpreta también el artículo 190.1c) de la LSC señalando que la prohibición de voto de los socios en los acuerdo que le concedan un derecho o libren de una obligación solo resulta aplicable en relaciones que se sitúen "en el puro ámbito del contrato de sociedad y, fuera de este, solo si su origen está en un acto unilateral de la sociedad".

En el supuesto enjuiciado de discutía la aplicación del precepto al incremento de sueldo que, como directora general, había cobrado la administradora de la sociedad. El TS considera que se trata de un contrajo bilateral de prestación de servicios en el que surgen recíproco derechos y obligaciones para ambas partes que está "fuera de la relación societaria" y en consecuencia, no es reconducible a la concesión de un derecho del artículo 190.1c) de la LSC. En supuestos como el enjuiciado procede la aplicación del artículo 190.3 LSC, esto es, la admisión del voto en l ajunta del socio y la inversión de la carga de la prueba en caso de impugnación, correspondiendo a la sociedad demandada acreditar que el incremento de sueldo denunciado no lesionaba el interés social.

COVID-19. Prórroga de medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica (bono social de electricidad, vivienda…)

Entre otras medidas, se amplía hasta el 31 de octubre de 2021 la garantía de suministro de agua, electricidad y gas natural a los consumidores vulnerables, y la suspensión de los procedimientos y lanzamientos de vivienda en situaciones de vulnerabilidad, en los supuestos y de acuerdo con los trámites ya establecidos, así como a posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor. También se amplía hasta esa fecha los contratos de arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses.

Dada la previsión de que algunas de las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, dejen de surtir efecto el 9 de agosto de 2021, se ha publicado en el BOE del día 4 de agosto el Real Decreto-ley 16/2021, por el que se prorrogan la vigencia de algunas de las iniciativas adoptadas para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica hasta el 31 de octubre de 2021 ante la persistencia de las consecuencias sociales en esta nueva fase de recuperación económica.

Garantía de suministro de agua, electricidad y gas natural 

Se amplía hasta el 31 de octubre de 2021 la garantía de suministro de agua, electricidad y gas natural a los consumidores vulnerables, prevista en el artículo 4 del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo.

Adicionalmente, Se modifica el artículo 5 de dicha norma, que configura una nueva categorización de consumidor vulnerable, a los efectos de la percepción del bono social de electricidad.

Medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda

Se amplía hasta el 31 de octubre de 2021 la suspensión de los procedimientos y lanzamientos de vivienda en situaciones de vulnerabilidad, en los supuestos y de acuerdo con los trámites ya establecidos.

Se extiende, hasta 31 de octubre de 2021, la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, en los términos establecidos en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.

Se amplía hasta 31 de octubre de 2021 los contratos de arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor.

Se extiende hasta el 30 de noviembre de 2021 el plazo durante el que los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión extraordinaria prevista en el citado Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, podrán presentar la solicitud de compensación prevista en la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre

Medidas en materia de protección contra la violencia de género

Se extiende la consideración como esenciales de los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género hasta el 31 de octubre de 2021.

Anteproyecto de Ley de Startups

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de startups, que trae consigo importantes estímulos fiscales para aquellos emprendedores que se planteen crear este tipo de empresas de base tecnológica.

Además, promueve incentivos a la atracción extranjera para la inversión en estos negocios. Tras aprobarse dicho anteproyecto de ley, la norma se encuentra en estos momentos en el proceso de audiencia pública.


A quién va dirigida la nueva Ley de Startups

Tras presentar las principales líneas generales del nuevo texto, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, indicó que “la ley busca consolidar a España como un ´hub´ de atracción de startups”.

La nueva norma pretende regular un marco común para empresas emergentes que deberán tener:

- Una antigüedad menor de cinco años.

- Una facturación inferior a cinco millones de euros.

- Carácter innovador y base tecnológica.

- No estar cotizadas ni haber distribuido dividendos.

Ventajas para startups

Las principales ventajas que esta nueva normativa presenta para startups son:

1. Estas empresas verán reducido su tipo impositivo en el Impuesto de Sociedades del general del 25% al 15% durante un máximo de cuatro años.

2. Aplazamiento en sus posibles deudas tributarias.

3. Uso de ´stock options´ para mejorar la retribución a los trabajadores, con elevación del importe de exención por este concepto de 12.000 a 45.000 euros anuales.

Otros beneficios de la nueva norma

La nueva ley traerá también consigo otros importantes beneficios como:

1.
 La creación de un régimen tributario favorable para los denominados “nómadas digitales”, personas en teletrabajo desplazadas a España, proporcionándoles requisitos más flexibles al someterse al impuesto sobre la renta de no residentes.

2. La creación de un visado específico para personas que trabajan en España para empresas extranjeras.

3. 
Para fomentar la inversión en startups, aumenta la base máxima de deducción por inversión en nuevas empresas de 60.000 a 100.000 euros anuales. El tipo de deducción pasa del 30% al 40% y el periodo en que se considera de nueva creación aumenta hasta siete años.

4. La eliminación de la obligación de pagos fraccionados de impuestos de sociedades y no residentes, así como la exigencia de obtener número de identificación de extranjero para inversores no residentes.

5. Facilita la creación de ´sandboxes´ regulatorios.

Uno de los grandes objetivos del texto es alinear a España con los países líderes en emprendimiento tecnológico. La puesta en marcha de esta norma responde al peso que ha ido ganando el emprendimiento basado en la innovación en España, empujado por el éxito de las empresas digitales que nacieron de pequeños proyectos innovadores y al acceso a un caudal inmenso de conocimientos y datos en Internet sobre los que pueden desarrollarse nuevos productos y servicios.

Los autónomos podrán deducirse las comidas con clientes

Los autónomos ya pueden deducirse los gastos de las comidas de trabajo con sus clientes. El Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia con la sentencia 458/2021, sobre uno de los gastos más controvertidos de deducir para los trabajadores por cuenta propia.

La autoridad judicial se posicionó así en contra del criterio de Hacienda, que, como norma general, rechaza cualquier deducción que no esté directamente relacionada con el negocio y exige una estricta justificación del gasto. No obstante, a raíz del fallo del Supremo, Los autónomos ya tienen derecho a deducirse cualquier gasto derivado de comidas, cenas o incluso regalos, a clientes o proveedores sin necesidad de que esa acción de atención tenga que derivar en un ingreso para el negocio justificado.

Hacienda se aprovecha de la confusión y amplitud de la norma.

Los gastos en comidas de trabajo o regalos a clientes están tipificados en la normativa tributaria bajo el concepto de ´donaciones y liberalidades´. Su definición es ´dar algo a cambio de nada´, es decir, "hacer una gasto sin que te reporte ningún ingreso", explicó la abogada. No obstante, "este concepto no estaba bien definido, y Hacienda se aprovechaba de eso para rechazar cualquier gasto en ese sentido que los autónomos intentasen desgravarse en su declaración".

Pero ahora la justicia ha "limitado la actuación de la Agencia Tributaria, y viene a decir que, a partir de ahora, los gastos indirectamente relacionados que se entienden como liberalidades o donaciones sí se pueden deducir".

Cómo afecta la sentencia al criterio de Hacienda

La sentencia del Tribunal Supremo contraviene a la doctrina a través de la cuál Hacienda venía considerando no deducibles estos gastos, porque entendía que no estaban directamente relacionados con la actividad realizada por el autónomo.

Pero el Supremo ha cambiado la consideración sobre estos gastos, señalando que “su objetivo es conseguir un mejor resultado empresarial”. El Alto Tribunal establece que “son deducibles, por tanto, aquellos gastos que siendo donativos o liberalidades, coloquialmente se conocen como atenciones a clientes o al propio personal”.

¿Cómo se justifican ahora los gastos de comidas de trabajo?

Con esta sentencia, se rompe con el requerimiento de Hacienda de presentar el justificante de un ingreso para reconocer que dicho encuentro tenía naturaleza laboral. A partir de ahora, para acreditar el encuentro será suficiente con

- Un email en el que se comunica al cliente que vas a enviarle un detalle o invitarle a comer/cenar

- Un mensaje o WhatsApp

- Una llamada telefónica

- Que el nombre de ese cliente aparezca en la lista de habituales del negocio

Objetivo: fidelizar e incentivar a clientes

En la sentencia, el Tribunal Supremo señala que “aunque las comidas de trabajo, los regalos a clientes o los gastos promocionales no buscan una consecución directa e inmediata de los mejores resultados, por su propia naturaleza y características persiguen un resultado indirecto y de futuro”.

Se trata por tanto de un cambio de gran importancia para las deducciones del autónomo, ya que a partir de ahora podrá deducir en el Impuesto de Sociedades las comidas con clientes, con independencia de que en estas se produzca o no algún acuerdo o contrato de colaboración.