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Aprobado el primer tramo de avales ICO a empresas y autónomos como respuesta a la guerra en Ucrania

El primer tramo aprobado de 5.000 millones de euros, que será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en colaboración con las entidades financieras, está dirigido a todos los autónomos y empresas de todos los sectores económicos afectados por los efectos económicos de la guerra de Rusia en Ucrania, con excepción del sector financiero y de seguros. El aval garantizará hasta el 80% de los nuevos préstamos de operaciones solicitadas con importe máximo avalado de hasta 400.000 euros con carácter general, o 35.000 euros para empresas del sector primario, acuicultura o pesca, en una o varias operaciones de préstamo. El plazo para solicitar los avales finalizará el 1 de diciembre de 2022.

Le informamos que en el BOE del día 11 de mayo de 2022 se ha publicado la Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de mayo de 2022, por el que se establecen los términos y condiciones del primer tramo de la línea de avales a financiación concedida a empresas y autónomos establecida por el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

El primer tramo aprobado de 5.000 millones de euros, que será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial en colaboración con las Entidades Financieras, está dirigido a todos los autónomos y empresas de todos los sectores económicos afectados por los efectos económicos de la guerra de Rusia en Ucrania, con excepción del sector financiero y de seguros.

¿A qué se destinarán los avales?

Los avales se destinarán a garantizar nuevas operaciones de financiación concedidas por las Entidades Financieras.

¿Qué requisitos deben cumplir las empresas y los autónomos para poder solicitar los avales?

Que los autónomos y empresas que no se encuentren en situación de morosidad ni en procedimiento concursal a la fecha de firma de la operación, ni estén sujetos a sanciones por parte de la Unión Europea, ni tengan en el momento de solicitud del aval ningún proceso de ejecución de avales gestionados por el ICO.

¿Qué porcentajes garantizará el aval?

El aval garantizará hasta el 80% de los nuevos préstamos de operaciones solicitadas con importe máximo avalado de hasta 400.000 euros con carácter general, o 35.000 euros para empresas del sector primario, acuicultura o pesca, en una o varias operaciones de préstamo. En estos casos, el aval emitido tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un plazo máximo de 10 años.

Para préstamos por un volumen superior el aval podrá garantizar hasta el 80% del importe del crédito para pymes y autónomos y hasta el 70% para el resto de empresas, si bien el importe total del préstamo no podrá ser mayor del 15% del volumen de negocios anual medio total del beneficiario durante los tres últimos ejercicios, o del 50% de los costes de la energía en los doce meses anteriores a la solicitud del préstamo.

Para estos préstamos el aval coincidirá también con el plazo de amortización de la operación, que será de hasta ocho años.

Todas las operaciones contarán, a solicitud del deudor, con un periodo de carencia inicial del principal de 12 meses y las entidades financieras deberán mantener abiertas las líneas de circulante de sus clientes hasta el 31 de diciembre de 2022. Asimismo, las Entidades Financieras deberán aplicar los mejores usos y prácticas bancarias en beneficio de sus clientes y no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto.

¿Cuándo se podrán solicitar los avales?

El plazo para solicitar los avales finalizará el 1 de diciembre de 2022. 

Guía de todos los tipos contratos de trabajo en España.

Gracias al Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, hemos pasado tener unos 42 contratos diferentes de trabajo a tan solo 4, dentro de los cuales se engloban la mayoría.

De esta forma tenemos algo más sencillo de entender y conocer en qué circunstancias vamos a contratar a un trabajador.

Si quieres ver en más profundidad estos modelos de contratos sigue leyendo:

1. El contrato indefinido.

El contrato de trabajo indefinido es aquel en el que se presta u3n trabajo remunerado sin fecha de finalización.

Es uno de los que más utilizan las empresas y que muchos empleados desean tener, ya que no tiene una fecha final de contrato y se perciben más bonificaciones por parte del Estado.

Dentro de estos contratos podemos tener a tiempo completo, a tiempo parcial y fijos discontinuos.

2. El contrato temporal.

La principal diferencia del contrato de trabajo temporal con el contrato indefinido, es que éste tiene como objetivo incorporar a un trabajador para cubrir un puesto concreto durante un tiempo determinado.

Por lo tanto, es una relación laboral entre la empresa y el trabajador por tiempo limitado. Se puede formalizar verbalmente o por escrito, a excepción de los que tienen una duración mayor a 4 semanas.

3. Contrato para el aprendizaje y la formación.

El objetivo de este contrato de formación es formar profesionalmente a los empleados. Supone un régimen alternativo con la actividad laboral remunerada de una organización, con una actividad de formación recibida dentro de un sistema formativo profesional.

Presenta una serie de requisitos a la hora de contratar:

• Tiene que ser desempleados mayores de 16 y menores de 25 años.

• Duración mínima de 1 año y prorrogable hasta 3 años máximo.

• No haber estado contratado en las mismas circunstancias en la misma ocupación previamente

4. Contrato en prácticas o contrato de trabajo formativos.

Este contrato tiene por objeto dar prácticas profesionales de acuerdo con los estudios cursados. Se trata de adquirir experiencia dentro de los 5 años siguientes a la adquisición del título de los estudios cursados.

A la hora de contratar un becario, tenemos que diferenciar entre aquellos estudiantes que aún tienen un vínculo con la universidad y los que ya han finalizado sus estudios universitarios, y por lo tanto pueden acceder a un contrato en prácticas.

Requisitos para contratar becarios.

En el primero de los casos, la contratación del becario estará regulada por un convenio entre la empresa y la institución a la que pertenezca el alumno. Esto supone una ventaja para la empresa, ya que la contratación no le supone ningún gasto. Estas prácticas tienen una duración limitada, que suele rondar los 3 meses, con una jornada laboral de 4 o 5 horas y no existe la obligación de remunerar al becario.

Será necesario acudir a las bolsas de trabajo de las diferentes universidades y registrarse en ellas como colaboradores. Después las empresas podrán publicar ofertas donde se especifiquen los requisitos de los alumnos que pueden optar a las mismas.

Contrato formativo en alternancia de trabajo.

En el segundo caso, las empresas pueden hacer un contrato en prácticas que es un contrato laboral y, por lo tanto, la persona contratada debe cotizar a la seguridad social.

El trabajador tiene que percibir una remuneración que estará establecida en el convenio.

Esta cantidad será del 65%, como mínimo durante el primer año, y del 85% durante el segundo. La duración de este tipo de contrato no puede estar por debajo de los 6 meses ni superar los 2 años.

No se tiene derecho a indemnización a su finalización y está prohibido hacer horas extra salvo por fuerza mayor.

Si la empresa opta por un contrato en prácticas, los trámites son similares a cualquier contratación: dar de alta en la seguridad social al trabajador y presentar el contrato en el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). Es obligatorio que el empleado tenga finalizados sus estudios universitarios.

Paquete de medidas para dar respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Ya se ha publicado el RD Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para dar respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Este Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra recoge algunas medidas laborales para paliar sus consecuencias, entre ellas, el Gobierno prohíbe el despido objetivo para las empresas que reciban ayudas públicas.

Ayudas a familias y trabajadores

El Real Decreto-ley promueve una rebaja de 0,20 euros por litro de combustible repostado, entre ellos, gasóleo, gasolina, gas y adblue. Además de lo referido, no podrán utilizar estas causas para realizar despidos las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos reguladas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público.

Limitación de alquileres

La nueva norma contiene también una limitación extraordinaria de la actualización anual del alquiler de la vivienda habitual, impidiendo subidas superiores al 2%.  Dicha limitación estará vigente hasta el próximo 30 de junio. El inquilino tendrá la posibilidad de negociar con el arrendador el incremento que se aplicará en esa actualización anual de la renta. En ausencia de pacto, la renta no podrá actualizarse por encima de la variación experimentada por el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), situado actualmente en el 2%.

Un incremento del 15% del ingreso mínimo vital

Los beneficiarios del ingreso mínimo vital tendrán un incremento del 15% en las mensualidades de abril, mayo y junio de 2022. Este incremento también será de aplicación, en los mismos términos, a las solicitudes de esta prestación que hayan sido presentadas a la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto-ley, pero no hayan sido resueltas, así como a aquellas que se presenten con posterioridad, siempre que los efectos de su reconocimiento no sean posteriores a 1 de junio de 2022.

Bono social eléctrico

Además, con el objetivo de proteger a los más vulnerables, los hogares que reciben el bono social eléctrico crecerán en 600.000 familias y beneficiará a 1,9 millones de hogares, al incluir a los perceptores del ingreso mínimo vital. La norma contempla la renovación automática del bono social. Los descuentos del 60 % y el 70 % para los consumidores vulnerables y los vulnerables severos se mantendrán hasta el 30 de junio.

Nueva línea de 10.000 millones en avales ICO

El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones de euros para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles. Los créditos avalados podrán solicitarse hasta el 31 de diciembre de 2022.

Ayudas para el sector agrario y pesquero

El Consejo de Ministros también ha aprobado un paquete de ayudas para los sectores agrario y pesquero dotado con más de 430 millones de euros, recogidas en el Real Decreto-ley.

Cuotas a la seguridad social para empresas

Además, el Real Decreto-ley aprobado incluye medidas para reforzar la liquidez de las empresas y trabajadores, en línea con las aprobadas durante la pandemia mediante aplazamientos a un interés muy reducido. En concreto, se trata de medidas de liquidez para empresas de diversos sectores afectados por la coyuntura actual, como son los aplazamientos especiales de las cuotas a la Seguridad Social a un interés muy reducido, del 0,5 %, siete veces inferior al habitual.

Facilidades a los refugiados ucranianos

El Real Decreto-ley establece, dentro de las competencias del Ministerio de Justicia, que las personas de origen ucraniano que soliciten la nacionalidad española estarán exentos de aportar los certificados de nacimiento y antecedentes penales de su país de origen, asimilándose así a las personas refugiadas y apátridas reconocidas como tales por el Ministerio del Interior. La norma también incluye como medida la aprobación de un crédito extraordinario de 1.200 millones de euros en el año 2022 para la acogida de personas refugiadas procedentes de Ucrania.

Protección a las personas vulnerables

El Real Decreto-ley contiene, entre otras medidas, el establecimiento de un modelo de acreditación unificado de la condición de víctima de trata de seres humanos o explotación sexual, para que los servicios públicos o entidades sociales puedan acreditarlo. Además, se incluye la trata en la atención al 016, que ya atiende en ucraniano desde el pasado viernes.

¿Cómo funciona la prohibición de los despidos objetivos en las empresas?

En el RD Ley 6/2022 el Gobierno ha incluido una serie de normativas laborales dentro del paquete de iniciativas para hacer frente al impacto de la crisis debido a la guerra en Ucrania. Entre estas iniciativas normativas destaca la prohibición del despido objetivo por causas relacionadas con el precio de la energía.

También estaría prohibido el despido objetivo cuando las empresas reciban ayudas directas del plan y cuando decidan acogerse a un ERTE. Si una empresa que recibe una ayuda despide a sus empleados, automáticamente debería devolver el importe de la ayuda.

Esta iniciativa tiene como fin proteger el empleo evitando que se puedan realizar despidos improcedentes, para acabar con la destrucción del empleo.

Tal y como ocurrió durante el Covid-19, las empresas podrán acudir a medidas de flexibilidad interna como los ERTES, previstos en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores.

El RD Ley 6/2022, recoge en su artículo 44 que las empresas beneficiarias de las ayudas directas no podrán justificar despidos objetivos basados en el aumento de los costes energéticos.

Y las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos reguladas en el artículo 47 del Estatuto de los trabajadores y se beneficien de apoyo público no podrán usar estas causas para despedir.

Recordamos que el mecanismo RED ya está activo para el sector de las agencias de viajes.

La prohibición para las empresas de realizar despidos objetivos motivados por la crisis energética, los elevados precios y la falta de suministros, generados por la Guerra en Ucrania estará vigente durante 3 meses, hasta el 30 de junio de 2022.

Para las empresas que se acojan a un ERTE por causas relacionadas con la invasión de Ucrania, no se ha establecido un límite de tiempo para la aplicación de la prohibición de despedir.

¿Por qué puede visitarte la Inspección de Trabajo?

Acaba de empezar un año en el que los autónomos se encontrarán con varias novedades a nivel fiscal, de Seguridad Social y pensiones y, por supuesto, a nivel laboral. Nada más empezar 2022, ha entrado en vigor la reforma laboral que incluye grandes cambios en las modalidades y requisitos de contratación a las que deberán adaptarse los autónomos a partir de marzo. Una vez pasado este periodo transitorio, desde el 30 de marzo de 2021 ya no existirán ni los contratos por obra o servicio, ni los contratos eventuales.

Estas son las infracciones más comunes que perseguirá la Inspección de Trabajo y ante las que debes estar muy atento:

Los ERTE seguirán siendo una de las causas principales de inspección

Los autónomos tienen la obligación de comunicar al SEPE los trabajadores que están en ERTE en su empresa. Además, mientras tenga trabajadores en ERTE no podrá contratar a nuevos empleados.

Cuando un trabajador en ERTE se reincorpore a la empresa, no podrá ser despedido durante los 6 meses posteriores a su regreso. También está prohibido que los trabajadores realicen horas extras mientras alguno de sus compañeros permanezca en ERTE.

Los ERTES se pueden realizar porque hay una bajada en la producción a nivel empresarial, por eso, no se puede pedir a otros trabajadores que realicen horas extras como si la actividad siguiera su curso normal.

Otro caso que la Inspección de Trabajo encuentra de forma común en las empresas es la no comunicación de la reincorporación de un trabajador a sus labores. Las empresas recuperan a sus empleados, pero no lo comunican al SEPE, por lo que, al estar disfrutando de las ventajas sin corresponderles, estarían cometiendo una infracción grave.


Abuso de contratos temporales e incumplimiento de los cambios en la normativa laboral

Con la aprobación de la nueva reforma laboral se ha reducido el número de profesionales que pueden ser contratados a través de esta modalidad. Los autónomos tienen la obligación de definir el motivo del contrato para corroborar que se trata de una circunstancia puntual.

Además, es muy importante no pasarse del máximo de 90 días que se ha implantado como límite de tiempo máximo para esta modalidad en situaciones previstas y de los 3 meses en el caso de situaciones imprevistas.

A partir de marzo de 2022 los contratos temporales tendrán que convertirse en contrato fijos, es decir, los contratos por obra o servicio desaparecerán. Solo se podrán contratar a trabajadores temporales por motivos excepcionales, imprevisibles y de emergencia en la producción.

En el caso de usar los contratos temporales de manera fraudulenta los autónomos podrían enfrentarse a multas de hasta 10.000 euros por empleado.

Incumplimiento de descansos e impago de salarios

También nos encontramos con impagos de salarios y con jornadas de más horas de las permitidas por ley. Estas dos causas han sido las más frecuentes entre las denuncias a empresas, habitualmente por parte de trabajadores.

Es fundamental que todas las empresas respeten el tiempo de descanso de sus empleados. Los trabajadores con jornada intensiva tienen que disfrutar de unos 30 minutos de descanso a la mitad de la misma para poder realizar sus tareas de manera óptima.

Además, hay empresas que tardan en pagar a los empleados. Este hecho también conlleva sanciones a la empresa ya que los empleados deben de recibir su sueldo en los tramos estipulados.

Y por supuesto, las jornadas no pueden excederse de las horas permitidas por ley.

Infracciones por incumplir las medidas de prevención

Los trabajadores tienen que realizar sus actividades de forma segura y sin ningún tipo de riesgo. Por tanto, las empresas están obligadas a proveerlos de los materiales que necesiten para realizar sus labores evitando accidentes.

Además del incumplimiento de normativas relacionados directamente con la COVID-19 y las medidas para parar los contagios han sido las causas más frecuentes de las denuncias.

Incumplimientos con la desconexión digital y jornadas en teletrabajo

Tal y como recoge la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, todos los trabajadores tienen derecho a la desconexión digital. Una vez que terminen sus jornadas de trabajo no podrán recibir requerimientos por parte de sus superiores. Estos tendrán que esperar hasta el inicio de su jornada para contactar con ellos.

Se sancionará a todos los empresarios que realicen constantes llamadas, mensajes y correos fuera de la jornada laboral. También está prohibido contactar con empleados que estén disfrutando de una reducción de jornada por maternidad o paternidad.

No contar con un Plan de Igualdad

Tener un Plan de Igualdad es un requisito obligatorio para todas las empresas con plantillas desde 150 empleados desde marzo de 2020.

Desde marzo de 2022 estarán obligadas además las compañías que tengan entre 50 y 100 trabajadores.

Cuantía de las infracciones de ámbito laboral

La ley de la LISOS 10/2021 incrementó las sanciones laborales fijando las infracciones leves entre 70 y 750 euros.

Las infracciones graves podrían tener multas de entre 751 y 7.500 euros.

Y las infracciones muy graves estarían fijadas entre 7.501 y 225.018 euros.

Por su parte, las multas por no tener acciones preventivas de riesgos laborales podrían oscilar entre los 45 y los 983.736 euros.

¿Das motivos para tener una Inspección de Hacienda?

Son muchos los casos por los que Hacienda puede acercarse al establecimiento de un autónomo para llevar a cabo una inspección. En la mayoría de ocasiones, estos funcionarios examinan el negocio porque encuentran un descuadre en las cuentas o un nivel de facturación extraño.

La Agencia Tributaria realiza regularmente inspecciones para prevenir los delitos de fraude fiscal. Las suele realizar aleatoriamente, aunque con causas justificadas. Te contamos los principales motivos por los que realiza inspecciones


Demasiados gastos deducibles

Añadir demasiados gastos deducibles a fin de pagar menos impuestos es una práctica frecuente entre los autónomos y uno de los principales motivos que da lugar a inspecciones por parte de la Agencia Tributaria.


Solicitar la devolución del IVA

Otro punto que suele aumentar la probabilidad de recibir una inspección de Hacienda es pedir la devolución del IVA, especialmente cuando la cuantía es elevada.  Con frecuencia, la Agencia Tributaria querrá comprobar si las cifras cuadran o si hay algún error en dicha solicitud.


Pedir el NIF intracomunitario

Con el NIF intracomunitario se pueden realizar operaciones dentro de la Unión Europea exentas de IVA. Esa exención suele dar lugar a la picaresca.

Por tanto, solicitar el NIF intracomunitario puede hacer saltar las alarmas y dar lugar a la temida visita de los técnicos de Hacienda.


No presentar algún modelo

También puede ocurrir que alguno de los modelos obligatorios para el autónomo no sea presentado en tiempo y forma. La no presentación de un modelo obligatorio es motivo de inspección o revisión por parte de la Agencia Tributaria.


Pedir subvenciones

También puede dar lugar a revisión las subvenciones. Hacienda suele mirarlas con lupa a fin de asegurarse que hayan sido declaradas (y obtenidas) correctamente.


Descuadres entre los modelos trimestrales y anuales

Los modelos trimestrales deben cuadrar con sus correspondientes modelos anuales. Esta es una norma básica que, de no cumplirla al milímetro, dará lugar a una visita de Hacienda.


Inspecciones aleatorias

Hay un importante porcentaje de inspecciones que se dan por puro azar. La Agencia Tributaria realiza inspecciones aleatorias entre pymes y autónomos a fin de detectar irregularidades en su contabilidad.


¿Cómo proceder ante una inspección? Derechos y obligaciones ante una isnpección

La Ley establece que los trabajadores autónomos tienen una serie de obligaciones y derechos cuando un inspector se presenta en su negocio con el fin de realizar un examen de la actividad.

En concreto, las obligaciones del autónomo son:

1. Permitir que el inspector acceda al local cuando cuente con una orden judicial. De hecho, el funcionario no necesitará que el autónomo esté presente durante la inspección.

2. Cuando los agentes quieran usar los ordenadores del negocio, el autónomo no podrá negarse y deberá colaborar en la medida de lo posible.

3. El trabajador deberá facilitar todos los documentos con trascendencia tributaria: libros contables, archivos informáticos, libros auxiliares, programas y facturas de ejercicios no prescritos.

4. El inspector tiene derecho a realizar copias de documentos o de discos duros si así lo ve procedente, exceptuando datos de carácter confidencial, y el autónomo deberá permitírselo.

5. Los trabajadores del negocio pueden ser interrogados y deberán limitarse a la verdad.

Una vez enumeradas las obligaciones del autónomo, es el momento de centrarse en los derechos a los que puede acogerse durante todo el proceso:

1. El inspector solo podrá acceder al establecimiento si cuenta con una autorización escrita del delegado de Hacienda de la zona o domicilio fiscal y el autónomo tiene el derecho de pedírsela antes de dejarle entrar.

2. Además, aunque cuente con esta autorización, podrá negarle el acceso si así lo cree consecuente y exigir una orden judicial.

3. Según la Constitución, el domicilio particular es inviolable. Es decir, si el autónomo trabaja desde casa sí que será imprescindible esta orden judicial para llevar a cabo la inspección.

4. En el caso de disponer de un asesor fiscal o de un abogado, el trabajador por cuenta propia tiene derecho a posponer el proceso hasta que esté presente.

5. El autónomo puede exigir la documentación y acreditación del inspector.

6. A no ser que una orden judicial diga lo contrario, el trabajador tiene derecho a exigir que la inspección se realice en horario comercial.

7. El autónomo se puede negar a permitir el acceso a cajas fuertes, cajones con llave o similares que puedan contener documentos de carácter confidencial que pueden afectar a la intimidad, al derecho a la inviolabilidad de la correspondencia o al derecho a no declarar contra sí mismo. Para llevar a cabo este tipo de registros es necesaria una orden judicial.

8. final de la inspección, cuando tenga que firmar las diligencias, el trabajador puede negarse a ello si cree que el documento falta a la verdad o tiene errores e incongruencias.

Llevar la información ordenada y al día será tu mejor protección frente a una inspección. Sé precavido, no dejes este importante apartado en manos del azar.