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Nueva prestación para los autónomos que sufran un accidente laboral

Sociedades unipersonales: características y tipos

Seguro que muchos se habrán preguntado cual es la mejor manera de emprender. Una posibilidad interesante de actuación del empresario individual en el tráfico mercantil es trabajar a través de una sociedad de su exclusiva propiedad: la sociedad unipersonal o sociedad con un único socio.

Si estás pensando en emprender un negocio por tu cuenta, es importante que sepas que existen más opciones más allá de la de darse de alta como autónomo y operar como persona física. En este caso, una posibilidad interesante de actuación del empresario individual en el tráfico mercantil es trabajar a través de una sociedad de su exclusiva propiedad: la sociedad unipersonal o sociedad con un único socio.

Se entiende por sociedad unipersonal de responsabilidad limitada o anónima:

a) La constituida por un único socio, sea persona natural o jurídica (originaria)

b) La constituida por dos o más socios cuando todas las participaciones o las acciones hayan pasado a ser propiedad de un único socio. Se consideran propiedad del único socio las participaciones sociales o las acciones que pertenezcan a la sociedad unipersonal (sobrevenida)

La sociedad unipersonal, desde el mismo momento en que lo sea, debe hacer público su carácter de unipersonal, mediante la inscripción en el registro mercantil del socio único y el otorgamiento de la correspondiente escritura pública ante notario. Al constituir una sociedad unipersonal es muy importante la publicidad que se da de la misma. De este modo deberán constar en escritura pública y ésta se deberá inscribir en el Registro Mercantil.

Además, mientras subsista esta situación, la sociedad deberá hacer constar expresamente su condición de unipersonal en toda su documentación.

En el caso particular de la unipersonalidad sobrevenida, si transcurridos seis meses desde la adquisición por la sociedad del carácter unipersonal, este hecho no se hubiere inscrito en el Registro Mercantil, el socio único deberá responder personal, ilimitada y solidariamente de las deudas sociales contraídas durante el período de unipersonalidad.

Por otro lado, la sociedad unipersonal ha de contar con órganos legales y observar los preceptos procedimentales y formales relativos a la toma de decisiones. En las sociedades de capital, esta competencia de toma de decisiones recae en la Junta General. El socio único representará las figuras de presidente y secretario de la Junta, y adoptará los acuerdos pertinentes.

El hecho de que una empresa tenga carácter de unipersonal puede hacer que nos planteemos qué ocurre con las operaciones que el socio único realice en calidad de acreedor o cliente de la sociedad unipersonal. Esta actividad es totalmente lícita y debe respetar los principios de transparencia, responsabilidad y protección tanto de la sociedad como de los terceros.

De este modo, se establece que los contratos celebrados entre el socio único y la sociedad deberán constar por escrito o en la forma documental que exija la ley de acuerdo con su naturaleza. A su vez, los contratos celebrados entre el socio único y la sociedad deberán reflejarse en el libro -registro y ser mencionados en la memoria anual de la empresa donde se hará referencia expresa e individualizada a estos contratos, con indicación de su naturaleza y condiciones.

Como se puede observar será aconsejable hacer una Sociedad Unipersonal si lo que se quiere es trabajar por cuenta propia, y no ser simplemente autónomo. Asimismo, también será aconsejable este tipo de sociedad si sólo se quiere que este formada por un único socio y no más.

¿Puedo facturar sin ser autónomo? Te damos todas las claves

Hasta el 30 de septiembre puede modificar la base de cotización como autónomo

Le recordamos que tiene la oportunidad de modificar la base de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y la cuota a pagar, dentro de los límites permitidos según edad, desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre. Es el tercer plazo de 2021, pero la última oportunidad para quienes quieran que su base suba o baje dentro del año. A partir de octubre, los cambios no se harían efectivos hasta 2022.

Los autónomos son los únicos que pueden elegir la base por la que cotizar. Esta decisión es muy importante ya que de ella dependen sus prestaciones presentes y su futura pensión. La base de cotización puede modificarse fácilmente y de forma telemática a través del sistema RED. Sin embargo, hay que tener en cuenta los trámites y los periodos para hacer el cambio.

Atención. La elección que se haga de la cuota será muy importante, pues éste es el parámetro que marca la cuantía de las prestaciones que va a recibir el autónomo en caso de enfermedad, accidente, paro, maternidad o jubilación. Del 1 de julio y hasta el 30 de septiembre los autónomos pueden cambiar su base de cotización. Es el tercer plazo de 2021, pero la última oportunidad para quienes quieran que su base suba o baje dentro del año. A partir de octubre, los cambios no se harían efectivos hasta 2022.

Le recordamos que desde el 01-01-2018, se establece que los autónomos podrán cambiar de base de cotización hasta 4 veces al año, eligiendo otra dentro de los límites mínimo y máximo que les resulten aplicables en cada ejercicio (el día primero de abril, julio, octubre y enero). Hasta entonces, sólo se permitían 2 cambios al año (antes del 1 de mayo, con efectos desde el primero de julio siguiente; y antes del primero de noviembre, con efecto desde el primero de enero del ejercicio siguiente).  

Pues bien, tenga presente que hasta el 30 de septiembre de 2021 inclusive,  y con efectos para el 1 de octubre, tienen la oportunidad de modificar la base de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y la cuota a pagar, dentro de los límites permitidos según su edad.

Además, también puede solicitar que la cuantía por la que cotiza se vaya incrementando automáticamente cada año en la misma proporción que lo haya hecho la base mínima o máxima de cotización, o comunicar que renuncia a dicho incremento, todo lo cual deberá comunicarlo también antes del 1 de octubre.  

La  solicitud de cambio base de cotización en el Régimen especial de trabajadores autónomo puede solicitarse directamente por el autónomo a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, si dispone de un certificado digital o usuario/contraseña o mediante el servicio Cambio de base de cotización-autónomos.

Igualmente, la solicitud puede presentarse mediante el Modelo de solicitud de cambio base de cotización en el Régimen especial de trabajadores autónomo (TC.4005).

Si está interesado en modificar la base de cotización (con la finalidad de aumentar la base de cálculo de la jubilación o la baja de incapacidad temporal), les agradeceríamos que nos lo hicieran saber con la máxima antelación posible.

¿Qué ocurre si como autónomo tiene deudas con la Seguridad Social?

Como autónomo estás obligado al ingreso de las cuotas y demás recursos de financiación del Sistema de la Seguridad Social durante un periodo voluntario de pago. En caso de no hacer frente a tus deudas con la Seguridad Social en tiempo y forma se iniciará automáticamente la vía ejecutiva que implica recargos e intereses.

Y mucho cuidado con hacer caso omiso a los requerimientos porque si se activa la providencia de apremio puedes acabar embargado.

Recargos e intereses de demora

Cuando contraes una deuda con la Seguridad Social, desde el día siguiente del término del plazo voluntario, y de manera automática, tendrás que hacer frente a un recargo del 10% de tu deuda.

Y no pienses que, porque disfrutes de la tarifa plana y solo pagues mensualidades de 60 euros, la deuda será mucho menor. Porque otra de las consecuencias de contraer una deuda con la Seguridad Social es que las bonificaciones quedan suspendidas hasta que te pongas al día. Por tanto, también tendrás que hacer frente a los 314,74 euros.

Aquí no acaban los recargos. A estas cuentas tienes que sumarle los intereses de demora que suponen el interés legal del dinero, es decir, el 3,75% de la deuda.

Inicio de la vía ejecutiva

Si sigues sin hacer frente a la deuda se inicia la vía ejecutiva. Se te extenderá una reclamación de deuda o acta de liquidación (un cúmulo de cuotas pendientes) y se te asignará un nuevo periodo voluntario de pago.

Si pagas el requerimiento antes de que venza ese nuevo plazo indicado por la Administración, añadirás un 20% de la deuda. Y, en caso de hacerlo fuera del mismo, el recargo aumentará hasta el 35%.

Recuerda que también tienes que sumar los intereses de demora del 3,75% de la deuda.

¿Cuándo se suspende la vía ejecutiva?

Una vez que este procedimiento se impulsa e inicia de oficio solo se puede suspender:

- Por la existencia de una resolución en la que se admite la concesión de un aplazamiento de la deuda.

- Si se interpone un recurso y, a la vez, queda garantizado el pago de la deuda con el aval suficiente o se consigna su importe.

¿Qué es la Providencia de Apremio?

Si además se trasvasa el tiempo de la vía ejecutiva, entrarás en la providencia de apremio. Un tercer estadio donde se complica aún más la cosa.

La providencia de apremio contendrá referencia expresa a la deuda pendiente de ingreso. Figurará en el título ejecutivo correspondiente y en ella se te advertirá de que, en caso de no efectuar el abono de la misma en el plazo de quince días, se procederá al embargo de tus bienes en cantidad bastante para subsanar el pago de la deuda por el principal, recargo, intereses de demora devengados, en su caso, y costas del procedimiento.

¿Y qué son esas costas de procedimiento?

Pues todos los gastos que se originen durante el proceso de ejecución forzosa. Hablamos de:

- Los producidos por la investigación y averiguación de los elementos que integran tu patrimonio.

- Los derechos de peritos y demás honorarios que deban realizarse a personas que intervengan en el procedimiento, como los devengados con ocasión de valoraciones y enajenaciones de los bienes embargados.

- Las tasas y derechos arancelarios que deban abonarse por la expedición de copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse para la adecuada tramitación del procedimiento, salvo que se aporten por registros y protocolos que los faciliten de forma gratuita.

- Los producidos por el depósito y administración, en su caso, de los bienes embargados, incluyendo el desmontaje, embalaje, acondicionamiento, transporte, almacenaje, custodia, entretenimiento y conservación.

- Aquellos otros gastos imprescindibles para la ejecución, previa autorización de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social competente.

Embargo de bienes

La Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social será la que proceda al embargo de bienes y demás actos del procedimiento de apremio que deban seguirse por la misma.

De hecho, será la Unidad de Recaudación Ejecutiva la que buscará la información de tus bienes en los Registros Públicos, Entidades o cualquier otra que pueda obtenerse mediante indagación por los medios que estime adecuados.

Lo que no quiere decir que no efectúes tú la declaración que creas conveniente sobre tus propios bienes y derechos.

Los Recaudadores Ejecutivos de la Seguridad Social y sus colaboradores están facultados para llevar a cabo las actuaciones materiales necesarias para la aprehensión de los bienes objeto de embargo, incluso en los casos de negativa, obstrucción, inhibición o ausencia reiterada del deudor o depositario de los bienes.

Bienes embargables del autónomo

A partir de ese momento se procederá al embargo.

Los bienes que se le pueden embargar al autónomo conforme la Ley de Enjuiciamiento Civil son:

- Dinero o cuentas bancarias. Es el primero en practicarse.

- Créditos, títulos, derechos a corto plazo, valores o instrumentos financieros que estén admitidos en el mercado secundario oficial de valores.

- Rentas en dinero, intereses y frutos de cualquier tipo.

- Bienes muebles y participaciones sociales.

- Bienes inmuebles.

- Sueldos, pensiones ingresos de actividades profesionales y empresariales, siempre que no sean inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.

Tus bienes se valorarán con referencia a los precios del mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoración.

El importe determinado servirá de referencia para la subasta pública. De este modo, con la venta de los bienes y, una vez que quedan eliminadas tus deudas, con sus respectivos recargos, intereses y costas, finalizará la providencia de apremio y, con ello, las deudas con la Seguridad Social.

Fiscalidad de las criptomonedas: Guía completa

Las criptomonedas se han convertido en tendencia para muchas empresas y autónomos que observan como su mercadeo puede convertirse en un auténtico dolor de cabeza al presentar su Declaración de la Renta.

Ante esta situación, y con la aprobación por parte del Gobierno del Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, compartimos esta guía que resume todo lo que debes tener en cuenta para saber cómo va a afectar a tu fiscalidad declarar criptomonedas en 2021.

Las criptomonedas son monedas virtuales (no físicas) que usan la criptografía como medio de control. Pueden ser operadas e intercambiadas por otra moneda tradicional y sirven para hacer todo tipo de transacciones comerciales, como lo harías con cualquier otra divisa. De hecho, en España, están autorizadas como medio de pago legal desde el año 2015

¿Cómo tributan las criptomonedas?

Al incluir las criptomonedas en la Declaración de la Renta, deberás obligatoriamente declarar siempre las ganancias. En el caso de las pérdidas, no es obligatorio reflejarlas, sino que es opcional. Aunque se recomienda hacerlo para compensar en el futuro las pérdidas y las ganancias.

¿Cómo se reflejan en la Declaración de la Renta?

La renta de criptodivisas se divide en cuatro bloques fundamentales:

1. Ganancias y pérdidas por transmisión: aquí incluimos nuestras permutas, trades, compraventas… La actividad típica de compraventa e intercambio de criptomonedas. Además, también funciona como servicio de compraventa de criptomonedas (exchange de criptomonedas). Se puede usar tanto con el móvil, como a través de su página web.

2. Rendimientos de capital: hacen referencia a intereses, sta€king…Se trata de aquellas plataformas a las que hemos enviado criptomonedas y nos generan un rendimiento. Uno de los ejemplos más conocidos de este tipo de plataformas es binance, que funciona a modo de “monedero virtual” en el que guardar tus criptomonedas y ver la evolución de su valor, y además te permite generar intereses o rendimientos automáticos sobre las criptomonedas que ellos te custodian.

3. Ganancias y pérdidas sin transmisión: se trata de los airdrops, los programas de referidos, hardforks… Es decir, nos aparece una criptodivisa en nuestra wallet y ésta no proviene de haber transmitido otro activo, sino que aparece por otros motivos (por tener un cierto activo, por recomendar un software…).

4. Actividad económica: se refiere a la minería (actividad específica de minado), realizar trading o compraventa de criptomonedas para terceras personas…

Las ganancias y pérdidas por transmisión y los rendimientos de capital tributan en la parte especial de cara a renta. Mientras que las ganancias y pérdidas sin transmisión y la actividad económica tributan en la parte general de la renta.

Impuesto de Patrimonio y criptomonedas

El Impuesto de Patrimonio grava el patrimonio neto de las personas físicas y es complementario al IRPF. Integra todos los bienes de los que dispone un autónomo. Cada comunidad autónoma establece un límite a partir del cual se debe realizar esta declaración.

Si el total de tus bienes a 31 de diciembre de 2020 (casas, fondos de inversión, acciones, saldo de criptomonedas…) es superior al límite de tu comunidad autónoma, estás obligado a declararlo. De media, el límite suele estar en torno a los 600.000 euros, pero depende de cada comunidad autónoma en particular. Por ello, es muy importante que compruebes el límite que te va a afectar, ya que varía de una comunidad a otra.


Modelo 720

El Modelo 720 es una declaración informativa sobre los bienes y derechos situados en el extranjero. Mediante este modelo se informa de todas aquellas cuentas, bienes inmuebles, seguros, rentas, valores… localizados fuera de España de los que hayas sido titular a lo largo de 2020. Aunque tenga carácter informativo, no implica que no sea de obligada presentación. De hecho, la fecha límite para presentarlo es el 31 de marzo de 2021.

Novedades legislativas en 2021

Una de las grandes novedades en torno a las criptomonedas que ha traído 2021 es que finalmente el Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

En estos momentos el documento se encuentra en tramitación parlamentaria, pero la gran novedad es que incorpora de forma expresa la obligación de declarar las criptomonedas en el Modelo 720.

A esto hay que sumar dos nuevas obligaciones informativas referidas a la tenencia y operativa de las monedas virtuales, que se recogen en la disposición adicional decimotercera de la Ley 35/2006:

- Se introduce la obligatoriedad de suministrar información a la Agencia Tributaria sobre los saldos mantenidos por los titulares de monedas virtuales, a cargo de quienes proporcionen servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros que posibilitan la utilización y tenencia de tales monedas, incluidos los proveedores de servicios de cambio de las citadas monedas si también prestan el mencionado servicio de tenencia.

- Y, para estas mismas personas o entidades, se establece la obligación de suministrar información a la Agencia Tributaria acerca de las operaciones sobre monedas virtuales (adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos) en las que intervengan. Esta misma obligación se extiende también a quienes realicen ofertas iniciales de nuevas criptomonedas.


Multas por no declarar criptomonedas en España

El Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de este 2021 refleja los "riesgos fiscales" de las criptomonedas y anuncia medidas para controlarlas. Entre ellas, sanciones de 5.000 euros para los usuarios e inversores que engañen u oculten información sobre su uso y propiedad. Las multas se recogen en el Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que se está tramitando en el Congreso.

El texto establece dos nuevas obligaciones informativas referidas a la tenencia y operativa con monedas virtuales: el “suministro de información sobre los saldos que mantienen los titulares de monedas virtuales, así como sobre las operaciones sobre ellas. Es decir, adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos”.

Si no se cumplen, se podrán imponer multas. “Constituyen infracciones tributarias no presentar en plazo y presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos las declaraciones informativas a que se refiere esta disposición adicional”, con la tipificación de infracciones tributarias “muy graves”.

Se multará con hasta 5.000 euros “por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma cuenta que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros”.

La misma cantidad se aplicará si “en el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre títulos, activos, valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero referidos a cada elemento patrimonial individualmente considerado según su clase, que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros”.

También habrá sanciones cuando se retrase la entrega de la información relacionada con las criptomonedas en cartera. “La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada elemento patrimonial individualmente considerado según su clase, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria”.

Además, “se sancionará la presentación de la declaración por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios”.

Quitas para autónomos y pymes con créditos ICO

El BOE ha publicado las condiciones a través de las cuales una empresa o un autónomo puede solicitar una quita de su deuda a su entidad financiera siempre que esta esté adherida al Código de Buenas Prácticas. De esta manera se podrán solicitar una quita de la deuda de los créditos ICO si se cumplen las condiciones impuestas.

Es la empresa la que debe dirigirse a su entidad para hacer la solicitud. Para facilitar la renegociación de la deuda de estas empresas en dificultades y se han aprobado tres medidas: la posibilidad de extender el plazo de amortización de los créditos avalados hasta doce años, mantener el aval cuando los créditos se conviertan en préstamos participativos y la de acordar una reducción de la deuda pendiente. Esta última sería la de último recurso, para las empresas con mayores problemas.

Por lo que respecta a la quita de los créditos ICO concedidos, la reducción podrá ser:

Del 50% del principal avalado pendiente de cada operación, si la caída de la facturación de la empresa o autónomo en 2020 fue inferior al 70%

De hasta 75% del importe avalado si la caída de facturación en 2020 fue superior al 70%.

En todos los casos, para optar a estas transferencias, la empresa o autónomo deberá haber registrado una caída de la facturación en 2020 del 30% y la cuenta de pérdidas y ganancias tendrá que haber presentado un resultado negativo después de impuestos en el año 2020.

Extensión del vencimiento de los créditos ICO con aval público

A esta medida se suman otras que pueden ayudar a flexibilizar la devolución de las deudas generadas durante la crisis. Empezando por la ampliación del periodo de carencia a dos años y ampliando a 10 años el periodo de devolución de los mismos. Esta medida flexibiliza mucho las posibilidades de las empresas para salir adelante siempre que la recuperación económica se estable y fuerte en los próximos años.

Conversión de deuda en préstamos participativos

Por último hay que añadir la posibilidad de convertir en préstamos participativos los préstamos avalados, previo acuerdo entre la entidad financiera y la empresa, manteniendo la cobertura del aval público. Esta era una medida solicitada por las asociaciones de empresa para ayudar a reforzar los recursos propios de las empresas beneficiarias, al tener estos préstamos un tratamiento equivalente al capital a efectos mercantiles.

Para poder beneficiarse de esta medida, la empresa deberá haber tenido una caída de su facturación del 30% en 2020, con la cuenta de pérdidas y ganancias del año 2020 presentando además un resultado negativo después de impuestos. A estos requisitos se añade no estar en mora en ninguna financiación suscrita con la entidad financiera y tampoco en concurso de acreedores.

Requisitos para iniciar el proceso de quita

Según el BOE lo primero es una declaración responsable que refleje las operaciones financieras que mantenga con el resto de las entidades financieras.

“cuando un deudor solicite de una entidad financiera adherida a este Código de Buenas Prácticas la aplicación de una medida de las previstas en él, distinta de la extensión obligatoria de plazos de vencimiento para los deudores que lo soliciten y cumplan con los requisitos de elegibilidad del anexo II de este Acuerdo, la entidad debe solicitarle que aporte una declaración responsable”

Las ampliaciones de vencimientos de las operaciones financieras con aval público señaladas en los puntos anteriores serán obligatorias para la entidad financiera cuando se cumplan los siguientes requisitos, además de los requisitos establecidos en la Disposición adicional cuarta «Condiciones de elegibilidad de empresas y autónomos» del Real Decreto-ley 5/2021:

- Que haya mediado solicitud del deudor.

- Que la operación de financiación avalada no esté en mora (impagada más de noventa días), ni tampoco lo esté ninguna de las financiaciones restantes otorgadas por la entidad al mismo cliente.

- Que el deudor no figure en situación de morosidad en la consulta a los ficheros de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) en la fecha de solicitud de la extensión.

- Que la entidad financiera no haya comunicado a la entidad concedente del aval ningún impago de la operación avalada con el deudor en la fecha de la solicitud de la extensión.

- Que el deudor no esté sujeto a un procedimiento concursal.

- Que la financiación avalada se haya formalizado antes de la fecha de adopción de este Acuerdo del Consejo de Ministros.

- Que la solicitud por parte del deudor a la entidad no sea más tarde del 15 de octubre de 2021.

- Que el deudor cumpla, para solicitar la extensión del aval, con los límites establecidos en la normativa de Ayudas de Estado de la Unión Europea.

- Que el deudor no haya sido condenado mediante sentencia firme por delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, ni por delitos de frustración de la ejecución, insolvencia punible o alzamiento en los que uno de los sujetos perjudicados haya sido la Hacienda Pública.

- Que la facturación, entendida como volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración en el modelo fiscal anual correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo equivalente, tanto para empresas como para autónomos de Acuerdo con el régimen que se aplique haya caído un mínimo del 30 % en 2020 con respecto a 2019