Tributaria

Después de meses pendientes del desarrollo técnico, ya hay fechas concretas. La publicación de la Orden HAC/1028/2026 completa una de las piezas que faltaban para poner en marcha la factura electrónica obligatoria entre empresas y profesionales y, sobre todo, pone en marcha el reloj de su implantación.

La factura electrónica obligatoria entre empresas y profesionales acaba de dar un paso decisivo. La publicación de la Orden HAC/1028/2026, de 2 de octubre, completa el desarrollo técnico de la solución pública de facturación electrónica y, lo que resulta especialmente importante para empresas y autónomos, activa el calendario de implantación de la nueva obligación.

La Orden entra en vigor el 6 de octubre de 2026. A partir de esa fecha empiezan a contar los plazos previstos para la incorporación progresiva al nuevo sistema.

¿Cuándo será obligatoria la factura electrónica?

No todos los empresarios y profesionales deberán adaptarse al mismo tiempo. El calendario queda, con carácter general, de la siguiente manera:

• 6 de octubre de 2027. Será obligatoria para empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones haya superado los 8 millones de euros durante el año natural anterior.
• 6 de octubre de 2028. La obligación llegará al resto de empresarios y profesionales incluidos en el ámbito de aplicación.
• 6 de octubre de 2029. Para determinadas personas físicas y entidades en atribución de rentas con un volumen de operaciones igual o inferior a ocho millones de euros finalizará el plazo adicional previsto para algunas obligaciones relacionadas con la comunicación de los estados de las facturas.
• Atención. El umbral de ocho millones de euros debe calcularse conforme al concepto de volumen de operaciones de la normativa del IVA. No tiene por qué coincidir exactamente con la cifra de negocios contable de la empresa.

¿Qué cambiará realmente?

La nueva factura electrónica no consiste simplemente en sustituir el papel por un PDF enviado por correo electrónico. Las facturas deberán trabajar con formatos electrónicos estructurados, capaces de ser procesados automáticamente por los distintos sistemas.

La solución pública utilizará el modelo europeo de factura electrónica EN 16931 y la sintaxis UBL establecida por la Orden. Un PDF, por sí solo, no constituye el formato estructurado que exige el nuevo modelo.

Además, el sistema permitirá conocer determinados acontecimientos posteriores a la emisión de la factura, como su rechazo o el pago efectivo completo. En determinados supuestos también deberá comunicarse información relacionada con su vencimiento.

La factura, por tanto, dejará de ser únicamente un documento que se emite y se contabiliza. Tendrá un ciclo de vida electrónico mucho más trazable.

¿Será obligatorio utilizar la plataforma de Hacienda?

No necesariamente. La normativa permitirá utilizar la solución pública de facturación electrónica de la AEAT o continuar trabajando con plataformas privadas.

Ahora bien, esas plataformas deberán ser interoperables con el sistema y, cuando la factura se emita mediante una solución privada, deberá remitirse a la plataforma pública una copia electrónica fiel en los términos establecidos por la normativa.

Cuando empresas y autónomos comenzaban a asumir 2027 como el año clave para la entrada en vigor de VeriFactu, Hacienda plantea ahora un nuevo cambio de calendario. La intención es retrasar hasta octubre de 2028 las obligaciones aún pendientes y hacerlas coincidir con la puesta en marcha de la factura electrónica para una parte importante de empresarios y profesionales.

Hacienda ha anunciado un nuevo cambio de rumbo. Su intención es aplazar hasta octubre de 2028 las obligaciones pendientes de VeriFactu, buscando hacerlas coincidir con la implantación de la factura electrónica obligatoria para buena parte de empresarios y profesionales.

La medida pretende evitar algo que empezaba a resultar difícil de justificar. Adaptar ahora los programas a VeriFactu y afrontar, poco después, una segunda modificación para cumplir con la factura electrónica.

¿Qué cambia con el anuncio de Hacienda?

Hasta ahora, las fechas de referencia de VeriFactu eran el 1 de enero de 2027 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto de obligados, entre ellos muchos autónomos y profesionales.

Hacienda plantea ahora desplazar las obligaciones pendientes hasta octubre de 2028.

El motivo es coordinar VeriFactu con la factura electrónica B2B. Esta última ya tiene un calendario mucho más definido. Para las empresas y profesionales con un volumen de operaciones superior a ocho millones de euros comenzará el 6 de octubre de 2027 y, con carácter general, para el resto, el 6 de octubre de 2028.

VeriFactu y factura electrónica siguen siendo cosas distintas

Que Hacienda quiera aproximar ambos calendarios no significa que las dos obligaciones se conviertan en una sola.

VeriFactu regula principalmente cómo deben funcionar los programas utilizados para facturar. Los sistemas deberán garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros.

La factura electrónica B2B, en cambio, regula la emisión e intercambio electrónico de facturas entre empresarios y profesionales y exigirá trabajar con formatos estructurados e interoperables.

Además, la nueva factura electrónica incorporará obligaciones que van más allá de enviar una factura. Habrá que gestionar información sobre determinados estados, como el rechazo o el pago efectivo de la factura.

¿Por qué se ha decidido retrasar VeriFactu?

La intención de Hacienda es que las empresas no tengan que encadenar varias adaptaciones informáticas en un periodo muy reducido.

Primero VeriFactu, después la factura electrónica y, posteriormente, nuevos requisitos europeos vinculados al proyecto ViDA habrían obligado a revisar varias veces los mismos programas y procedimientos. La nueva estrategia pasa por intentar que esas piezas encajen mejor entre sí.

Esto no significa que desaparezcan las exigencias esenciales de VeriFactu. Hacienda ya ha avanzado que se mantendrán, en términos sustancialmente equivalentes, las garantías relativas a la integridad, trazabilidad e inalterabilidad de la información.

¿Qué conviene hacer ahora?

El anuncio proporciona más margen, pero no debería interpretarse como una razón para dejar el asunto olvidado hasta 2028.

Si una empresa va a cambiar de programa de facturación, contratar un ERP o renovar su solución actual, conviene comprobar que el proveedor está preparado tanto para VeriFactu como para la factura electrónica.

También merece la pena revisar cómo se trabaja actualmente. El nuevo modelo de facturación va hacia una mayor trazabilidad, con menos margen para modificar documentos o reconstruir posteriormente lo ocurrido con una factura.

• Atención. No parece necesario precipitar una inversión únicamente por las anteriores fechas de 2027. Sí es aconsejable comprobar qué capacidad de adaptación tiene el programa actual y qué futuras actualizaciones incluye el contrato con el proveedor.

Más tiempo, pero el cambio continúa

El aplazamiento previsto supone un alivio para muchas empresas y profesionales. Permite preparar la transición con más calma y, sobre todo, intentar que VeriFactu y la factura electrónica no obliguen a realizar dos cambios tecnológicos casi consecutivos.

Pero la dirección de la reforma permanece intacta. La facturación será cada vez más digital, estructurada y trazable.

Por ello, lo razonable durante este periodo será seguir la evolución normativa, revisar los programas utilizados y evitar decisiones apresuradas hasta conocer cómo queda definitivamente configurado el nuevo calendario.

Desde el despacho seguiremos informando de las novedades y, especialmente, de la norma que confirme el aplazamiento y determine las nuevas fechas de aplicación de VeriFactu.

Han pasado cuatro años desde la presentación de un impuesto y la pregunta parece sencilla. ¿Podemos eliminar las facturas y el resto de documentación? No siempre. El plazo general de prescripción tributaria no debe confundirse con el tiempo durante el cual determinados datos, créditos fiscales o deducciones pueden seguir produciendo efectos y, por tanto, quedar sujetos a comprobación.

Existe una regla que muchas empresas conocen bien. Las obligaciones tributarias prescriben, con carácter general, a los cuatro años. A partir de ahí se ha extendido una conclusión que parece lógica, pero que puede llevar a equivocaciones. Si han transcurrido cuatro años, toda la documentación fiscal relacionada con ese ejercicio puede destruirse. No necesariamente.

Una cosa es que haya prescrito el derecho de la Administración a determinar mediante liquidación una deuda tributaria correspondiente a un determinado periodo y otra distinta que ciertos datos nacidos en ese ejercicio hayan dejado de tener consecuencias fiscales.

Hay cantidades que se generan un año y se aprovechan varios ejercicios después. Es precisamente en esos casos donde guardar únicamente cuatro años de documentación puede resultar insuficiente.

• Atención. Antes de destruir documentación fiscal antigua conviene comprobar si alguna cantidad, deducción, base o crédito nacido en aquel ejercicio continúa produciendo efectos en ejercicios posteriores.

Plazo de prescripción de 4 años versus facultad de comprobar determinados elementos fiscales

El artículo 66 de la Ley General Tributaria (LGT) establece, con carácter general, un plazo de prescripción de cuatro años para distintos derechos de la Administración y del obligado tributario. Entre ellos se encuentra el derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la correspondiente liquidación.

Pero la propia Ley LGT diferencia ese derecho de la facultad de comprobar determinados elementos fiscales. Aquí aparece una cuestión que en la práctica resulta fundamental. Un ejercicio puede estar prescrito a efectos de practicar una nueva liquidación y, sin embargo, un elemento nacido en aquel periodo puede continuar siendo relevante porque se está utilizando en una declaración posterior que todavía no ha prescrito.

Por eso no conviene identificar automáticamente prescripción del ejercicio con desaparición de cualquier obligación de acreditar lo sucedido en él.

• Atención. Que Hacienda ya no pueda liquidar nuevamente un determinado ejercicio no significa necesariamente que toda la información procedente de ese periodo haya quedado fuera de cualquier comprobación.

Cuidado con los créditos fiscales que pueden comprobarse durante 10 años

La LGT establece una regla específica para determinadas partidas. El artículo 66 bis dispone que el derecho de la Administración para iniciar la comprobación de bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación y deducciones aplicadas o pendientes de aplicación prescriben a los diez años.

El cómputo comienza desde el día siguiente a aquel en que finaliza el plazo reglamentario para presentar la declaración o autoliquidación correspondiente al ejercicio o periodo en el que nació el derecho.

Estamos, por tanto, ante un plazo muy diferente de los cuatro años que habitualmente se manejan cuando se habla de prescripción tributaria.

Y tiene una consecuencia práctica bastante evidente. Si una empresa conserva un crédito fiscal para aprovecharlo posteriormente, también debería preocuparse por conservar aquello que permita demostrar que ese crédito existe y está correctamente calculado.

• Atención. Los diez años no deben contarse simplemente desde la fecha de la factura o desde el cierre contable. La ley toma como referencia la finalización del plazo reglamentario para presentar la declaración o autoliquidación en la que se generó el derecho correspondiente.

Las bases imponibles negativas

Las bases imponibles negativas del Impuesto sobre Sociedades permiten comprender perfectamente el problema. Una sociedad puede generar pérdidas fiscales en un determinado ejercicio y utilizar esas bases negativas para reducir bases imponibles positivas posteriores, dentro de los requisitos y límites establecidos por la normativa.

Eso significa que una cantidad nacida hace años puede seguir teniendo consecuencias fiscales bastante tiempo después.

La Administración dispone de 10 años para iniciar la comprobación de esas bases imponibles negativas en los términos establecidos por el artículo 66 bis LGT.

El TEAC (Resolución 7028/2022) ha añadido una precisión especialmente relevante sobre la prueba. Durante ese plazo, el contribuyente debe conservar no solamente las autoliquidaciones y los libros contables, sino también los soportes documentales de las operaciones reflejadas en ellos que permitan justificar la procedencia de las BIN.

Dicho de otra manera, que una pérdida aparezca perfectamente contabilizada no significa necesariamente que su realidad haya quedado suficientemente demostrada.

• Atención. Una anotación contable no sustituye siempre a la documentación que acredita la operación. Facturas, contratos, justificantes bancarios y demás soportes pueden resultar decisivos si años después debe demostrarse cómo se originó una base imponible negativa.

¿Qué sucede cuando ya han pasado esos diez años?

Aquí aparece un matiz importante. Una vez transcurrido el plazo especial de diez años, la Administración pierde la posibilidad de iniciar la comprobación de esas bases, cuotas o deducciones en los términos del artículo 66 bis.2 LGT.

Eso no significa, sin embargo, que pueda desaparecer absolutamente toda la documentación si el contribuyente pretende seguir haciendo valer esas cantidades en ejercicios posteriores.

El propio artículo 66 bis contempla que, más allá de ese plazo y salvo que la normativa específica establezca otra cosa, subsiste la obligación de aportar las liquidaciones o autoliquidaciones correspondientes y la contabilidad cuando esas partidas se utilizan en ejercicios no prescritos.

Para las BIN, el TEAC señala asimismo la importancia de acreditar el depósito de la contabilidad en el Registro Mercantil durante el plazo de diez años.

Por tanto, tampoco resulta acertado interpretar el décimo aniversario como una fecha universal para vaciar el archivo.

• Atención. Cumplir diez años no equivale necesariamente a poder eliminar toda la documentación. Si un crédito fiscal sigue pendiente de aplicación, antes de destruir nada debe comprobarse qué documentación continúa siendo exigible para hacerlo valer.

¿Y qué pasa con el IVA?

El problema no queda limitado al Impuesto sobre Sociedades. En IVA puede ocurrir que una empresa genere un saldo a compensar y vaya trasladándolo a periodos posteriores. Aunque el periodo en el que nació ese saldo sea antiguo, el crédito continúa teniendo efectos cuando se incorpora a una autoliquidación posterior.

La cuestión importante vuelve a ser la misma. No debe confundirse la posibilidad de practicar una nueva liquidación sobre un periodo prescrito con la comprobación de un crédito fiscal procedente de aquel periodo que sigue proyectándose sobre otro posterior.

La regulación del artículo 66 bis no se limita a las bases imponibles negativas. Habla de bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación y de deducciones aplicadas o pendientes de aplicación, estableciendo para su comprobación el mencionado periodo de diez años.

• Atención. Las empresas que arrastran habitualmente saldos de IVA a compensar deberían extremar el cuidado con su archivo documental. El hecho de que la autoliquidación original tenga más de cuatro años no permite concluir, por sí solo, que la documentación haya dejado de ser relevante.

Comprobar un dato antiguo no significa necesariamente reabrir un ejercicio prescrito

Esta distinción merece especial atención porque puede parecer contradictoria. ¿Cómo puede Hacienda examinar algo ocurrido hace más de cuatro años si el ejercicio ya ha prescrito?

Porque comprobar el origen de una cantidad que está produciendo efectos actualmente y volver a liquidar el periodo en el que nació son actuaciones diferentes.

La LGT separa precisamente el derecho a liquidar de determinadas facultades de comprobación e investigación. El artículo 66 bis comienza señalando que la prescripción de los derechos contemplados en el artículo 66 no afecta, con las limitaciones que el propio precepto establece, al derecho de la Administración a realizar comprobaciones e investigaciones.

Así, la prescripción de un ejercicio no convierte automáticamente en inalterable cualquier dato procedente del mismo cuando ese dato continúa teniendo consecuencias tributarias posteriores.

• Atención. No debería interpretarse una comprobación de datos antiguos como si Hacienda pudiera siempre volver a liquidar el ejercicio de origen. Son cuestiones distintas y sus límites también lo son.

La contabilidad puede no ser suficiente

Este punto tiene una importancia práctica enorme. Imaginemos una sociedad que conserva perfectamente sus libros contables y sus declaraciones tributarias, pero ha eliminado las facturas, contratos y demás justificantes correspondientes porque habían transcurrido cuatro años.

Años después pretende compensar una base imponible negativa importante. Si la Administración se encuentra todavía dentro del plazo legal para comprobarla, puede ser necesario demostrar las operaciones que dieron lugar a aquella base negativa.

El TEAC ha sido claro al respecto. Dentro del plazo de diez años deben conservarse las autoliquidaciones, los libros de contabilidad y los soportes documentales de las operaciones. Si estos últimos no se facilitan, puede considerarse que el contribuyente no ha acreditado la procedencia de las bases imponibles negativas declaradas.

Aquí está probablemente una de las razones más importantes para revisar las políticas internas de archivo.

• Atención. Guardar el Impuesto sobre Sociedades y eliminar las facturas que explican sus cifras puede dejar a la empresa con una declaración perfectamente archivada, pero sin medios suficientes para acreditar algunas de las cantidades consignadas en ella.

El plazo mercantil tampoco debe olvidarse

A los plazos tributarios hay que añadir las obligaciones mercantiles. El Código de Comercio establece su propio régimen de conservación de libros, correspondencia, documentación y justificantes concernientes al negocio.

Por tanto, la política documental de una empresa no debería construirse mirando exclusivamente la prescripción tributaria.

Puede existir una obligación fiscal, otra mercantil y, además, razones contractuales, societarias o procesales que aconsejen conservar determinados documentos durante más tiempo.

El error está precisamente en buscar una única cifra válida para todo.

• Atención. No existe un plazo universal que permita afirmar que toda la documentación empresarial puede destruirse en una misma fecha. El periodo de conservación depende también de la naturaleza del documento y de los efectos jurídicos que todavía pueda producir.

Hay documentos que pueden ser necesarios durante bastante más tiempo

Las BIN y los saldos fiscales pendientes son buenos ejemplos, pero no son los únicos supuestos que merecen atención. Bienes de inversión, amortizaciones, determinadas deducciones, subvenciones, operaciones cuyos efectos se prolongan durante varios ejercicios o contratos de larga duración pueden obligar a mirar mucho más atrás de lo habitual.

Incluso fuera del ámbito estrictamente tributario pueden existir procedimientos judiciales, reclamaciones, garantías o responsabilidades para las que resulte necesario conservar documentación antigua.

Por eso, una política de archivo basada exclusivamente en borrar automáticamente todo lo que alcanza determinada antigüedad puede acabar eliminando precisamente la prueba que años después necesita la empresa.

• Atención. Cuanto más prolongados sean los efectos fiscales, contables o jurídicos de una operación, menos recomendable resulta aplicar una eliminación automática basada únicamente en la antigüedad del documento.

Una política documental es más segura que la regla de los cuatro años

En la práctica, lo más razonable es clasificar la documentación.

Por un lado estarán los documentos sujetos únicamente a los plazos ordinarios. Por otro, aquellos relacionados con bases negativas, cuotas pendientes, deducciones u otros créditos fiscales que puedan utilizarse posteriormente. Y habrá también documentación vinculada a operaciones que, por sus características, aconsejen una conservación superior.

Esto permite establecer un calendario de conservación mucho más fiable que guardar todos los documentos durante cuatro años y eliminarlos después de forma indiscriminada.

Además, en un entorno cada vez más digitalizado, conservar correctamente la documentación no significa simplemente almacenar miles de archivos. También importa que puedan localizarse, relacionarse con la operación correspondiente y recuperarse cuando sea necesario.

• Atención. Conservar no es únicamente guardar. Una factura almacenada durante diez años pero imposible de relacionar después con la operación, contrato o asiento que pretende justificar puede perder buena parte de su utilidad probatoria.

¿Qué debería revisar una empresa antes de destruir documentación?

Antes de realizar una eliminación periódica de documentación, conviene comprobar qué ejercicios están realmente prescritos y, sobre todo, si existen elementos nacidos en ellos que continúan desplegando efectos.

Especial atención merecen las bases imponibles negativas pendientes o utilizadas posteriormente, cuotas o saldos fiscales pendientes de compensación y deducciones aplicadas o pendientes de aplicación.

También resulta conveniente comprobar si existen bienes, contratos, subvenciones, procedimientos o cualquier otra circunstancia que justifique mantener determinados justificantes durante un periodo superior.

La pregunta adecuada, por tanto, no es simplemente "¿han pasado cuatro años?". Es más útil preguntarse "¿este documento sigue acreditando algo que todavía puede tener consecuencias?"

Después de varios cambios de calendario, aplazamientos y no pocos mensajes comerciales que han contribuido a generar cierta confusión, ya podemos situar VeriFactu en unas fechas mucho más claras. Las sociedades deberán tener adaptados sus sistemas de facturación desde enero de 2027 y, para autónomos y otros obligados, el cambio llegará en julio. Hay tiempo, sí, pero eso no significa que convenga olvidarse del asunto hasta entonces. Se lo explicamos…

Después de varios cambios de calendario, aplazamientos y no pocos mensajes que han contribuido a generar cierta confusión, las fechas de VeriFactu se han desplazado finalmente a 2027.

Esto da más margen a empresas y profesionales, aunque hay una cuestión que conviene aclarar desde el principio. VeriFactu no es lo mismo que la factura electrónica obligatoria entre empresas y profesionales. Son dos cambios distintos, tienen normas diferentes y tampoco coinciden necesariamente sus fechas de aplicación.

Precisamente porque ambos procesos van a convivir durante los próximos años, merece la pena saber qué nos va a afectar y cuándo.

¿Cuándo será obligatorio VeriFactu?

El calendario que inicialmente apuntaba a 2026 quedó aplazado. De acuerdo con el Real Decreto-ley 15/2025, las fechas que debemos tener presentes son las siguientes.

• Desde el 1 de enero de 2027, deberán adaptarse los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades. Aquí encontramos, entre otras, a las sociedades limitadas y sociedades anónimas.
• Desde el 1 de julio de 2027, llegará el turno del resto de obligados, entre ellos autónomos, profesionales y determinadas entidades en atribución de rentas.

El tamaño del negocio no es lo que marca la obligación. Una pequeña sociedad con poca facturación puede quedar afectada igual que una empresa con una estructura mucho mayor. Lo relevante será la situación tributaria del contribuyente y el sistema utilizado para facturar.

Entonces, ¿qué es exactamente VeriFactu?

Dicho de una manera sencilla, la normativa pretende que los programas utilizados para facturar no permitan borrar, modificar o alterar una factura sin que quede constancia de ello.

Hasta ahora, al hablar de digitalización de la facturación, muchas empresas pensaban fundamentalmente en sustituir el papel por un programa. Con VeriFactu la cuestión va bastante más allá.

Los sistemas informáticos de facturación deberán garantizar aspectos como la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros. Cada registro queda relacionado con el anterior, de manera que las modificaciones o eliminaciones no puedan realizarse sin dejar rastro.

En otras palabras, Hacienda quiere que exista una historia fiable de lo que ha ocurrido con cada factura.

Y esto afecta también a prácticas que hasta ahora podían formar parte de la rutina administrativa de algunos negocios. Corregir una factura no significará simplemente entrar en el programa, cambiar un dato y continuar como si nada hubiera ocurrido.

No todos los obligados tendrán que enviar inmediatamente sus facturas a Hacienda

Aquí suele aparecer otra confusión. El reglamento contempla dos formas de cumplir. Una de ellas es la modalidad VERI*FACTU propiamente dicha, en la que los registros de facturación se remiten automáticamente a la Agencia Tributaria. La otra permite conservar los registros dentro del propio sistema, aunque sometidos a requisitos reforzados de seguridad, conservación y trazabilidad.

Por tanto, adaptar el software a los requisitos establecidos por la normativa y enviar automáticamente cada registro a la AEAT son cuestiones relacionadas, pero no exactamente idénticas.

Será importante revisar qué modalidad ofrece el programa que utiliza cada empresa y valorar cuál encaja mejor con su funcionamiento.

¿Quién puede quedar fuera?

Aunque el ámbito de aplicación es amplio, existen excepciones.

Entre las más importantes están los contribuyentes acogidos al Suministro Inmediato de Información (SII), así como determinados contribuyentes sometidos a normativa foral en País Vasco y Navarra.

También queda fuera, en principio, quien facture exclusivamente de forma manual, sin utilizar un sistema informático de facturación. Ahora bien, esta última situación será cada vez menos habitual a medida que avance la digitalización obligatoria de la facturación.

Por eso, antes de contratar un programa nuevo o realizar una migración pensando únicamente en VeriFactu, merece la pena comprobar primero si realmente se está dentro de su ámbito de aplicación.

¿Y qué ocurre si hacemos las facturas con Excel?

Es una de las dudas que seguramente surgirán en muchas pequeñas empresas y profesionales.

El documento analizado considera que una hoja de cálculo utilizada como sistema para generar facturas entra dentro del concepto de sistema informático de facturación. Por tanto, seguir haciendo las facturas con una plantilla de Excel no debería contemplarse como una vía para evitar la adaptación.

Quienes todavía trabajen de esta manera tienen precisamente una buena oportunidad durante estos meses para revisar cómo quieren organizar su facturación en adelante.

No hace falta precipitarse, pero tampoco parece razonable esperar a junio de 2027 para empezar a buscar soluciones.

El aplazamiento no significa que los programas puedan seguir igual

Hay un detalle especialmente interesante. Aunque empresas y profesionales disponen de más tiempo, los fabricantes y comercializadores de programas de facturación ya deben disponer de soluciones adaptadas. Esta obligación para los proveedores esta vigente desde el 29 de julio de 2025.

Esto nos da una ventaja práctica. Si durante 2026 una empresa va a contratar un programa de facturación, cambiar de ERP o renovar su solución actual, debería preguntar expresamente al proveedor si cumple los requisitos exigidos y solicitar la correspondiente declaración responsable.

No tendría demasiado sentido invertir ahora en una herramienta que obligue a realizar otra migración dentro de unos meses.

VeriFactu y factura electrónica no son la misma cosa

Este punto merece especial atención porque probablemente sea el origen de buena parte de la confusión.

VeriFactu regula principalmente cómo debe funcionar el sistema informático con el que se generan las facturas.

La factura electrónica B2B, en cambio, regula cómo deberán emitirse e intercambiarse las facturas entre empresarios y profesionales. La futura factura electrónica no consistirá simplemente en mandar por correo electrónico el PDF que ya utilizamos actualmente. El sistema previsto trabaja con formatos estructurados e interoperables.

Por eso una empresa puede tener que prepararse para ambos cambios, aunque jurídicamente sean obligaciones distintas.

También sus calendarios son diferentes. Mientras VeriFactu cuenta ya con las fechas de enero y julio de 2027 indicadas anteriormente, la aplicación efectiva de la factura electrónica B2B depende del desarrollo técnico previsto y de los plazos que comiencen a computarse conforme a esa normativa.

¿Qué recomendamos hacer durante los próximos meses?

No creemos que sea necesario correr ni cambiar de programa simplemente porque llegue una llamada comercial anunciando que "VeriFactu ya está aquí". Pero tampoco recomendamos dejarlo todo para las últimas semanas.

Durante los próximos meses conviene revisar qué programa se utiliza actualmente, confirmar con el proveedor si está adaptado, comprobar si la empresa se encuentra realmente dentro del ámbito de aplicación y analizar cómo se están emitiendo las facturas en el día a día.

También será buen momento para detectar costumbres que pueden dar problemas cuando el nuevo sistema sea obligatorio. Facturas que se incorporan al programa semanas después de haberse emitido, correcciones realizadas directamente sobre documentos anteriores o procesos administrativos excesivamente manuales son ejemplos que merece la pena revisar con tiempo.

La adaptación no debería limitarse al programa informático. Administración, contabilidad y las personas que intervienen en la emisión de facturas tendrán que conocer la nueva forma de trabajar.

Resumiendo

El aplazamiento hasta 2027 ofrece algo que en materia tributaria siempre se agradece, tiempo para hacer las cosas con cierta calma.

Para las sociedades, la referencia será el 1 de enero de 2027. Para autónomos, profesionales y el resto de obligados, el 1 de julio de 2027.

Hasta entonces no parece necesario tomar decisiones precipitadas. Sí conviene, en cambio, aprovechar los próximos meses para comprobar que el programa de facturación está preparado, resolver las dudas particulares y organizar la transición sin tener que hacerlo cuando el plazo esté encima.

Desde el despacho iremos informando de las novedades que se produzcan y, como siempre, revisaremos cada caso concreto para determinar cómo afecta la nueva regulación y qué adaptación resulta necesaria.