Desde el 17 de octubre de 2026, las empresas incluidas en el ámbito de la Ley 10/2025 solo podrán efectuar llamadas comerciales desde numeración que comience por 400. Ese prefijo no admite llamadas entrantes ni puede usarse para atender a los clientes.

La Ley 10/2025, de 26 de diciembre, reguladora de los servicios de atención a la clientela, ha dado lugar a un nuevo esquema de numeración telefónica. Su finalidad es que la persona que recibe una llamada pueda reconocer desde el primer momento si tiene finalidad comercial, y que los canales de atención al cliente queden diferenciados de la actividad promocional.

El esquema se concreta en dos resoluciones de 14 de abril de 2026 de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, que desarrollan el artículo 16.3 de la Ley. Produjeron efectos el 17 de abril de 2026 y concedieron seis meses para la adaptación de los sistemas. Ese plazo concluyó el 17 de octubre de 2026, de modo que las obligaciones descritas en esta circular son exigibles desde esa fecha.

• Atención. Las empresas obligadas que aún no hayan completado la adaptación de sus sistemas de telefonía, de sus contratos con operadores y de los procesos de sus centros de llamadas deberían hacerlo cuanto antes, ya que el incumplimiento no puede ampararse en el período transitorio.

Empresas incluidas en el ámbito de aplicación

Según el artículo 2 de la Ley, la obligación alcanza a dos grandes grupos. El primero lo forman las empresas que presten servicios básicos de interés general en España, estén o no establecidas en nuestro país. Se incluyen el suministro y distribución de agua, gas y electricidad, el transporte de pasajeros por avión, ferrocarril, mar o vías navegables y autobús o autocar, los servicios postales, las comunicaciones electrónicas y los servicios financieros.

El segundo grupo comprende las grandes empresas o grupos de sociedades que vendan bienes o presten otros servicios en territorio español dirigidos principalmente a consumidores. Es necesario que en el ejercicio anterior hayan alcanzado al menos uno de estos umbrales: 250 o más trabajadores, un volumen anual de negocio superior a 50 millones de euros o un balance anual superior a 43 millones de euros.

La Ley se extiende además a las empresas que gestionen servicios públicos prestados por Administraciones públicas en esos sectores cuando exista relación de consumo, y a los servicios temporalmente gratuitos por oferta o promoción. Para cooperativas y entidades sin ánimo de lucro que presten servicios básicos de interés general y cuenten con menos de 250 personas trabajadoras se prevé una aplicación flexibilizada.

• Atención. Los umbrales se valoran con referencia al ejercicio anterior. Conviene comprobar cada año si la entidad los supera, ya que puede quedar incluida o excluida de un ejercicio a otro.

El prefijo 400 para llamadas comerciales

Desde el 17 de octubre de 2026, y salvo los supuestos exceptuados por la disposición transitoria única, apartado 4, de la Ley 10/2025, las llamadas comerciales de las empresas obligadas no pueden efectuarse desde rangos distintos del identificado como NXY=400.

Los números de este rango tienen una función exclusivamente saliente. Pueden aparecer como origen de una llamada comercial, pero no están habilitados para recibir llamadas, de modo que la persona destinataria no puede devolverla al mismo número. Los operadores deben mantener abierto el rango en sus redes para las comunicaciones salientes e impedir que funcione como numeración de destino.

Con ello se pretende facilitar la identificación de estas llamadas por los usuarios, reforzar la transparencia y mejorar la supervisión del uso de los recursos públicos de numeración.

• Atención. Si la empresa externaliza sus campañas, debe trasladar esta exigencia por escrito a los proveedores de telemarketing y verificar que realmente emiten desde el rango 400.

Atención a la clientela

El prefijo 400 no puede utilizarse para prestar servicios de atención a la clientela ni para otras finalidades distintas de las llamadas comerciales. Los números destinados a atender consultas, incidencias o solicitudes de los usuarios tampoco pueden emplearse como identificadores de llamadas comerciales, con la excepción de los casos del régimen transitorio.

Para la atención a la clientela se admiten la numeración corta empleada por los operadores para servicios internos ofrecidos a usuarios finales, los números 800 y 900 y la numeración geográfica sometida a condiciones tarifarias estándar. Concluido el período de adaptación, estos servicios solo pueden operar con los recursos atribuidos expresamente a esa finalidad.

• Atención. Si la empresa utilizaba un mismo número para llamar a clientes con fines comerciales y para recibir sus gestiones, debe separar ambos usos y dotarse de numeración distinta para cada uno.

Coste de las llamadas a la empresa

La regulación fija también el coste que puede soportar quien llama. Las llamadas a números cortos y a números 800 y 900 reciben, a efectos de tarificación al usuario y de condiciones de acceso e interconexión, el tratamiento de la numeración gratuita. Cuando la empresa atienda a sus clientes mediante un número geográfico, la llamada no puede costar más que una comunicación a una línea fija geográfica estándar.

• Atención. Conviene revisar los contratos de telefonía y los planes tarifarios vigentes, porque numeraciones de tarificación especial usadas hasta ahora para atender al cliente podrían no ser compatibles con este régimen.

Papel de los operadores y derechos de los usuarios

Los operadores debían informar al público sobre la apertura del rango NXY=400 entre los cinco y los ocho meses siguientes a la entrada en vigor de la resolución. Pueden además ofrecer a sus clientes, previa solicitud, la posibilidad de desconectarse del servicio de llamadas comerciales prestado con esta numeración.

• Atención. Es previsible que una parte de los usuarios solicite esa desconexión, de forma que las campañas telefónicas podrían tener un alcance menor que el anterior. Conviene tenerlo en cuenta al planificar la actividad comercial.

Actuaciones recomendadas

• Determinar si la empresa o el grupo entra en el ámbito de aplicación de la Ley 10/2025.
• Comprobar que todas las llamadas comerciales salen ya desde numeración del rango 400.
• Verificar que la atención al cliente se presta únicamente mediante numeración corta, 800, 900 o geográfica con tarifa estándar.
• Revisar los contratos con operadores, proveedores de telemarketing y centros de llamadas.
• Informar internamente a los equipos comerciales y de atención al cliente.
• Analizar si resulta aplicable alguna de las excepciones de la disposición transitoria única, apartado 4.
• Documentar las medidas de adaptación adoptadas, por si fueran requeridas.

El 17 de octubre de 2026 concluyó el período de adaptación y pasó a ser obligatorio el uso del prefijo 400 para las llamadas comerciales de las empresas incluidas en la Ley 10/2025. La atención a la clientela queda vinculada a numeración corta, números 800 y 900 o numeración geográfica con tarifa estándar, sin posibilidad de mezclar ambos usos. Se recomienda verificar sin demora la situación de cada entidad y regularizar cualquier ajuste técnico o contractual que esté pendiente.

La Ley 4/2026 de protección de la personas con discapacidad, mantiene el carácter obligatorio de las obras de accesibilidad sin acuerdo previo de la junta, amplía los supuestos en que deben ejecutarse y reconoce expresamente el acceso a la vía judicial cuando la comunidad no actúa.

La Ley 4/2026, de 1 de octubre, por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, incluye también cambios en la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal. Esta circular se centra únicamente en estos últimos.

La disposición final primera modifica el párrafo b) del apartado 1 del artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal, con el fin de reforzar el deber de realizar obras de accesibilidad universal, aclarar su interpretación y facilitar su ejecución. Además, la disposición final decimoctava autoriza la elaboración de un texto refundido en esta materia.

El artículo 10.1 recoge las actuaciones que tienen carácter obligatorio y no requieren acuerdo previo de la junta de propietarios, impliquen o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, y vengan impuestas por las Administraciones públicas o solicitadas por los propietarios.

• Atención. Las comunidades y los administradores de fincas deben revisar los procedimientos con que atienden las solicitudes de obras de accesibilidad, porque la nueva redacción amplía las consecuencias de no ejecutarlas.

Obras y actuaciones comprendidas

La redacción anterior hablaba de las obras necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal. La nueva se refiere a las necesarias para garantizar las condiciones de accesibilidad universal y, en todo caso, los ajustes razonables.

Se mantienen las obras requeridas por propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios personas con discapacidad o mayores de setenta años, con el fin de asegurarles un uso adecuado de los elementos comunes. Se incluye también la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o la comunicación con el exterior.

• Atención. La referencia a las condiciones de accesibilidad universal, y no solo a los ajustes razonables, puede ampliar el tipo de actuaciones que el propietario solicitante podrá exigir.

Límite económico y su excepción

Como regla general, estas obras son obligatorias siempre que el importe repercutido anualmente, una vez descontadas subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.

La reforma introduce una excepción relevante. Cuando las ayudas y subvenciones efectivamente concedidas alcancen el setenta por ciento del importe de las obras, su ejecución es obligatoria sin que resulten de aplicación los límites económicos anteriores. La redacción previa fijaba el umbral en el setenta y cinco por ciento de las ayudas a las que la comunidad pudiera tener acceso. Ahora se exige que las ayudas hayan sido efectivamente concedidas y el porcentaje baja al setenta.

Si el coste supera el límite, o las ayudas no llegan al setenta por ciento, la obra sigue siendo obligatoria siempre que el exceso sea asumido por quienes la hayan requerido.

• Atención. Debe distinguirse entre ayudas posibles y ayudas concedidas. El umbral del setenta por ciento se refiere a estas últimas, por lo que conviene documentar con precisión la resolución de concesión y su importe.

Financiación y período de repercusión

Si la comunidad solicita financiación para las obras, el período de repercusión será de tantos años como permitan las opciones de financiación disponibles. Esto puede reducir de forma notable la cuota anual que soportan los propietarios y facilitar que se mantenga dentro del límite de las doce mensualidades.

• Atención. Conviene valorar, antes de decidir, las líneas de financiación existentes y su plazo máximo, ya que de ellas depende el cálculo del importe repercutido cada año.

Información sobre ayudas y deber de solicitarlas

El interesado que inste las obras puede aportar información sobre las convocatorias de ayudas y subvenciones disponibles en materia de vivienda y agenda urbana a las que la comunidad pueda concurrir. La comunidad queda obligada a solicitarlas.

• Atención. Si el propietario aporta convocatorias concretas, la comunidad no debería demorar la solicitud. La falta de tramitación podría interpretarse como un incumplimiento de la obligación legal.

Acceso a la vía judicial

La reforma prevé expresamente que, si concurren los requisitos pero la comunidad no realiza las obras, el interesado puede solicitar a la autoridad judicial competente que dicte las decisiones necesarias para obligar a su ejecución.

Ayudas públicas

Se añade una disposición adicional tercera a la Ley de Propiedad Horizontal que obliga a la Administración General del Estado y al resto de Administraciones, en sus respectivas competencias, a habilitar créditos suficientes para programas de ayudas y subvenciones destinados a la reforma, rehabilitación y acondicionamiento de edificios de viviendas en materia de accesibilidad universal sometidos a dicha ley. La promoción de estas actuaciones será prioritaria en las políticas públicas de vivienda y agenda urbana sostenible.

Texto refundido previsto

La disposición final decimoctava autoriza al Gobierno a aprobar, en el plazo de doce meses, un texto refundido que integre, regularice, aclare y armonice los artículos 10 y 17 de la Ley 49/1960 y la Ley 15/1995, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.

Actuaciones recomendadas

• Revisar si existen solicitudes de obras de accesibilidad pendientes o previsibles en la comunidad.
• Comprobar si en el inmueble viven, trabajan o prestan servicios voluntarios personas con discapacidad o mayores de setenta años.
• Calcular el importe anual repercutible y compararlo con las doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.
• Informarse de las convocatorias de ayudas y de las opciones de financiación disponibles.
• Solicitar las ayudas aportadas por el interesado y documentar su tramitación.
• Reflejar en acta las decisiones y gestiones realizadas.
• Valorar el riesgo de reclamación judicial en caso de demora.

La Ley 4/2026 refuerza, a través del artículo 10.1.b) de la Ley de Propiedad Horizontal, el carácter obligatorio de las obras de accesibilidad universal, modifica el umbral de ayudas que elimina el límite económico, obliga a la comunidad a solicitar las ayudas que aporte el interesado y reconoce expresamente la posibilidad de acudir al juez. Se recomienda que las comunidades revisen sus procedimientos y planifiquen con antelación la financiación de estas actuaciones.

Calendario laboral 2027: fiestas nacionales, autonómicas y locales

El BOE de 13 de octubre de 2026 publica la relación oficial de fiestas laborales correspondientes a 2027, mediante la Resolución de 8 de octubre de 2026, de la Dirección General de Trabajo. La disposición recoge las festividades de ámbito nacional, autonómico y de las ciudades de Ceuta y Melilla, a las que deberán añadirse las fiestas locales aprobadas para cada municipio.

La relación de fiestas laborales para el año 2027 reúne las festividades de ámbito nacional y las comunicadas por las diecisiete comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, con el propósito de facilitar el conocimiento de los días de descanso que deberán tenerse en cuenta en la organización de la actividad laboral durante el próximo ejercicio.

Con carácter general, el calendario comprende doce fiestas laborales de ámbito nacional y autonómico, a las que se añaden hasta dos festividades locales, hasta alcanzar el máximo ordinario de catorce días festivos anuales, sin perjuicio de los supuestos excepcionales previstos legalmente.

Estas fiestas tienen carácter retribuido y no recuperable, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores. No obstante, conviene distinguir entre las festividades nacionales que deben respetarse en todo el territorio y aquellas otras que pueden ser sustituidas por las comunidades autónomas en ejercicio de sus competencias.

1. Fiestas laborales de ámbito nacional para 2027

La resolución recoge las festividades nacionales de carácter permanente, diferenciando las que no pueden ser sustituidas por las comunidades autónomas de aquellas cuya celebración admite determinadas opciones territoriales.

Fechas de referencia nacional para 2027

Para 2027, las principales fechas de referencia nacional son las siguientes.

Debe tenerse en cuenta que esta relación no constituye, por sí sola, un calendario idéntico para todas las comunidades autónomas.

La Epifanía del Señor, que se celebra el 6 de enero, figura como festivo en todos los territorios para 2027, aunque jurídicamente pertenece a la categoría de fiestas nacionales susceptibles de sustitución.

Asimismo, el 15 de agosto, Día de la Virgen. coincide en domingo, circunstancia que determina distintas soluciones territoriales respecto del descanso correspondiente. Algunas comunidades han trasladado la celebración al lunes 16 de agosto, mientras que otras han optado por incorporar una festividad diferente.

2. Festividades autonómicas y particularidades territoriales

Además de las fiestas nacionales de carácter obligatorio, las comunidades autónomas pueden establecer otras festividades propias, dentro de los límites y condiciones previstos en la normativa laboral.

Esta facultad permite incorporar celebraciones vinculadas a la tradición o identidad de cada territorio, así como sustituir determinadas fiestas nacionales cuya observancia no resulte obligatoria.

Entre las fechas que presentan diferencias territoriales durante 2027 destacan el 19 de marzo, festividad de San José, y el 25 de marzo, Jueves Santo. También debe considerarse el 29 de marzo, Lunes de Pascua, que tendrá carácter festivo en determinadas comunidades autónomas.

Especial atención merece la festividad de la Asunción de la Virgen, prevista para el domingo 15 de agosto. La resolución contempla el descanso del lunes 16 de agosto en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León y la Comunidad de Madrid. En otros territorios se han establecido soluciones diferentes, como sucede en Extremadura, donde se ha señalado el 11 de octubre como fiesta sustitutiva.

La relación oficial incorpora igualmente determinadas particularidades territoriales. En Canarias se contemplan las festividades correspondientes a cada isla, mientras que en Cataluña se establece un régimen específico para el territorio de Arán, donde el Lunes de Pascua se sustituye por la Fiesta de Arán, que tendrá lugar el 17 de junio.

La identificación de estas diferencias adquiere especial relevancia para aquellas empresas que desarrollan su actividad en distintas comunidades autónomas, puesto que la distribución de los días festivos puede variar de un centro de trabajo a otro.

3. Fiestas locales y configuración definitiva del calendario

A las festividades nacionales y autonómicas se añadirán hasta dos fiestas locales por año natural, que tendrán igualmente carácter retribuido y no recuperable.

De conformidad con el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, estas celebraciones responden a las tradiciones propias de cada municipio y deben publicarse en el boletín oficial de la comunidad autónoma o, cuando corresponda, en el boletín oficial provincial.

La relación publicada por la Dirección General de Trabajo no incorpora, por tanto, la totalidad de las festividades que finalmente serán aplicables a cada centro de trabajo, puesto que resulta necesario completarla con las fiestas locales correspondientes.

Esta circunstancia debe tenerse especialmente presente al organizar turnos, fijar periodos de actividad o determinar la distribución anual de la jornada, especialmente en empresas con establecimientos situados en diferentes municipios.

4. Elaboración y exposición del calendario laboral de la empresa

La publicación de las fiestas laborales constituye una referencia necesaria para que las empresas preparen su calendario de trabajo del próximo ejercicio.

En este sentido, el artículo 34.6 del Estatuto de los Trabajadores establece la obligación empresarial de elaborar anualmente el calendario laboral y exponer un ejemplar en un lugar visible de cada centro de trabajo.

Su confección debe realizarse teniendo en cuenta la jornada anual prevista en el convenio colectivo de aplicación, los descansos legalmente exigibles y la distribución de los días laborales y festivos. También deberán respetarse las disposiciones convencionales que resulten aplicables a la organización de la jornada y a la elaboración del calendario.

Cuando la empresa tenga implantados sistemas de turnos, jornadas irregulares o servicios que deban mantenerse durante los días festivos, será necesario comprobar las condiciones establecidas en el convenio colectivo, especialmente en lo relativo a descansos compensatorios y, cuando proceda, a las retribuciones correspondientes al trabajo realizado en dichas fechas.

La correcta elaboración del calendario permite disponer de una referencia común para la organización del trabajo y facilita la comprobación de que la distribución anual de la jornada se ajusta a las exigencias legales y convencionales.

Puede consultar la resolución y el anexo oficial en el siguiente enlace.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.