Tributaria

Ya no hablamos de una idea futura ni de un anuncio genérico. El Reglamento de la factura electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales ya está publicado y dibuja un sistema bastante más exigente de lo que muchas empresas imaginaban. La nueva norma sobre factura electrónica no se limita a imponer un formato digital. En realidad, crea un sistema completo de emisión, recepción, seguimiento, interconexión y control del pago.

El Real Decreto 238/2026, publicado en el BOE de 31 de marzo de 2026, desarrolla el sistema de facturación electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales y, además, modifica el Reglamento de facturación aprobado por el Real Decreto 1619/2012. No estamos, por tanto, ante una simple actualización técnica, sino ante la construcción de un sistema completo de intercambio, trazabilidad y control de facturas B2B.

La lógica de la norma es bastante clara: no se persigue solo digitalizar la factura, sino también obtener información fiable sobre expedición, recepción, aceptación, rechazo y pago, con un objetivo muy marcado de lucha contra la morosidad comercial y de seguimiento de los plazos efectivos de pago.

• Atención. Pensar que esta norma consiste únicamente en "dejar de enviar PDFs por email" es quedarse muy corto. El cambio afecta al proceso completo de facturación y cobro.

1. A quién afecta realmente la obligación

La obligación alcanza a los empresarios y profesionales que deban expedir factura en el desarrollo de su actividad cuando el destinatario sea otro empresario o profesional establecido en España, ya sea por sede, establecimiento permanente, domicilio o residencia habitual en territorio español. La norma también se aplica cuando la factura la expida materialmente el destinatario o un tercero, aunque la responsabilidad última siga recayendo sobre quien realiza la operación.

Esto tiene una consecuencia muy práctica: la obligación no depende solo de dónde esté el emisor, sino, en gran medida, de que el destinatario empresarial esté establecido en España y la operación tenga por destinatario ese punto de conexión.

• Atención. Habrá operaciones internacionales o estructuras con filiales y establecimientos permanentes donde convendrá revisar caso por caso si la obligación entra o no en juego.

2. Qué operaciones quedan fuera

La exclusión más relevante es la de las facturas simplificadas, salvo las simplificadas cualificadas del artículo 7.2 del Reglamento de facturación. Además, el real decreto permite que, mediante orden ministerial, puedan excluirse otras operaciones si resulta necesario para el buen funcionamiento económico del sector afectado. El propio texto ya prevé excepciones expresas para ciertas actividades del mercado eléctrico, del mercado organizado de gas y para determinadas operaciones canalizadas a través de sistemas de compensación gestionados por la IATA.

Esto significa que no todo el universo de facturación B2B entra automáticamente en la nueva obligación. Pero, dicho eso, el perímetro general es amplio y la excepción será eso: una excepción.

• Atención. Que una operación quede hoy fuera no significa que quede fuera siempre. La norma deja margen a futuras exclusiones o ajustes sectoriales por orden ministerial.

3. El cambio de fondo no es emitir sino gestionar todo el ciclo de vida

Uno de los elementos más importantes del real decreto es que no se queda en la expedición de la factura. El sistema abarca la emisión, la transmisión, la recepción, la puesta a disposición, la aceptación o rechazo, la información sobre el pago y la conservación. En otras palabras, la factura pasa a formar parte de un circuito completo de información.

Este matiz es clave porque obliga a muchas empresas a replantearse no solo el software de facturación, sino también sus flujos internos de aprobación, su organización administrativa y la forma en que documentan el cobro y el pago.

• Atención. Una empresa puede emitir facturas electrónicas correctamente y, aun así, incumplir la norma si no puede gestionar estados, pagos, conservación o comunicaciones posteriores.

4. El sistema será mixto: plataformas privadas más solución pública

El modelo español se articula sobre un sistema mixto. Por un lado, habrá plataformas privadas de intercambio de facturas electrónicas. Por otro, existirá una solución pública de facturación electrónica, gestionada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que además actuará como repositorio universal de las facturas electrónicas del sistema.

La empresa podrá trabajar con una plataforma privada, con la solución pública o con una combinación de ambas. Si no ha acordado expresamente con sus proveedores recibir facturas a través de una plataforma privada, se entenderá que opta por la solución pública. Además, si no ha identificado públicamente su punto de entrada, se considerará, por defecto, que ese punto de entrada es la solución pública.

Esto cambia bastante el enfoque habitual. Ya no bastará con "tener un proveedor de software", sino que habrá que decidir cuál será el punto de entrada y recepción y cómo se va a coordinar con clientes, proveedores y otras plataformas.

No identificar correctamente el punto de entrada puede provocar que, a efectos del sistema, la recepción de facturas se canalice por la solución pública aunque la empresa pensara operar solo con un proveedor privado.

5. El formato exigido no será libre ni bastará cualquier archivo digital

La factura electrónica obligatoria deberá consistir en un mensaje estructurado ajustado al modelo semántico europeo EN16931. Las sintaxis admitidas son CII, UBL, EDIFACT y Facturae. Además, en el entorno de plataformas privadas, también se consideran válidos mensajes Peppol BIS en la medida en que utilicen UBL y se ajusten a la norma europea.

Esto aclara una cuestión muy importante: un PDF, por sí solo, no es la factura electrónica obligatoria que diseña esta norma. El PDF podrá servir transitoriamente para garantizar legibilidad en algunos supuestos, pero el núcleo del sistema es el formato estructurado interoperable.

Además, todas las facturas deberán tener un código único de identificación que incluya necesariamente el NIF del emisor, el número y serie y la fecha de expedición. Y, cuando se emitan mediante plataformas privadas, deberán ir firmadas con firma electrónica avanzada, ya sea directamente por el emisor o por firma delegada autorizada.

• Atención. Muchas soluciones actuales emiten documentos "digitales", pero no siempre mensajes estructurados EN16931 ni con las capacidades de transformación e interoperabilidad que exige el real decreto.

6. Interoperabilidad de verdad y no solo sobre el papel

La norma no se conforma con que existan varios proveedores. Les exige interoperabilidad real. Los operadores de plataformas privadas deberán poder transformar el mensaje de factura entre todos los formatos admitidos, preservando autenticidad e integridad. Además, deberán interconectarse con cualquier otra plataforma cuando así lo solicite uno de sus clientes.

Este punto tiene mucha trascendencia práctica. El legislador intenta evitar que cada plataforma cree un "ecosistema cerrado" y que la empresa quede cautiva de su proveedor. La interconexión debe permitir no solo el intercambio de facturas, sino también el de los estados mínimos de la factura.

La solicitud de interconexión debe atenderse y quedar operativa en un plazo máximo de un mes. Y, mientras esa interconexión no funcione, la plataforma solicitante deberá depositar las facturas en la solución pública, que actuará como vía alternativa de continuidad. Además, la plataforma receptora no podrá cobrar a la solicitante por resolver esa interconexión en plazo ni por otros servicios de integración asociados al destinatario final.

Aquí el riesgo no está solo en la empresa usuaria; también está en elegir una plataforma que no esté técnicamente preparada para interconectarse bien y rápido con terceros.

7. La copia a la solución pública será obligatoria aunque se use una plataforma privada

Uno de los aspectos más relevantes -y, seguramente, de mayor impacto operativo- es que cuando la factura no se emita mediante la solución pública, las plataformas, soluciones o sistemas utilizados deberán remitir simultáneamente a su emisión una copia electrónica fiel de cada factura a la solución pública y hacerlo en sintaxis UBL.

No se trata de una remisión opcional ni posterior "cuando se pueda". La lógica del sistema exige que la solución pública disponga de una copia fiel para que la Administración pueda, combinándola con los estados y pagos comunicados, monitorizar los plazos efectivos de pago.

Esto implica que incluso las empresas que no quieran usar la solución pública como canal principal no podrán quedar completamente fuera de ella. La solución pública será, de hecho, el gran repositorio del sistema.

• Atención. Usar una plataforma privada no evita la relación con la solución pública. Simplemente cambia el papel que esa solución desempeña en el flujo principal de la empresa.

8. Los estados de la factura pasan a ser una obligación seria

El artículo 10 impone al destinatario de la factura la obligación de informar, al menos, de dos estados esenciales: aceptación o rechazo comercial de la factura, con su fecha, y pago efectivo completo, con su fecha efectiva de pago. Además, de forma voluntaria, podrán comunicarse otros estados, como aceptación o rechazo parcial, pagos parciales o cesión de la factura a un tercero.

La información sobre estos estados deberá remitirse en un plazo máximo de cuatro días naturales, excluyendo sábados, domingos y festivos nacionales, desde que se produzca el estado correspondiente.

Este es uno de los puntos donde más se va a notar el cambio. Hasta ahora, muchas empresas gestionaban internamente la aprobación, disconformidad o pago de las facturas sin convertirlo en una obligación reglada de comunicación dentro de un sistema formal. Eso cambia por completo.

El problema ya no será solo pagar tarde; también podrá ser no informar a tiempo del rechazo, aceptación o pago.

9. El pago efectivo completo será información obligatoria para la AEAT

La norma insiste de forma expresa en que el pago efectivo completo deberá comunicarse a la solución pública de facturación electrónica con independencia de que se haya utilizado la propia solución pública o una plataforma privada, e independientemente de que también se hubieran comunicado estados a través de esta última.

Esto convierte la información sobre el pago en un dato especialmente sensible desde la perspectiva del control administrativo. No basta con que el proveedor y el cliente sepan si se ha pagado; el sistema quiere que quede trazabilidad verificable del pago efectivo.

Además, el real decreto aclara que la fecha efectiva de pago no es la de un anticipo financiero o la mera posibilidad de anticipar el cobro, sino el momento en que el proveedor cobra realmente por los bienes o servicios.

• Atención. Las empresas que usan confirming, anticipos o fórmulas de financiación de facturas tendrán que revisar con cuidado qué fecha debe informarse como fecha efectiva de pago.

10. La solución pública será gratuita y no meramente simbólica

La solución pública gestionada por la AEAT no será un elemento decorativo del sistema. Tendrá funciones muy concretas: servirá como infraestructura para quienes quieran usarla directamente, actuará como repositorio central, permitirá emisión y recepción de facturas, facilitará descarga ágil de facturas y servirá como soporte para la comunicación de pagos y seguimiento del sistema. El acceso a la solución pública y a sus distintos usos tendrá carácter gratuito.

Además, la AEAT deberá desarrollar una aplicación o formulario gratuito que permita a empresarios y profesionales expedir facturas electrónicas, generar la información sobre su estado -incluido el pago efectivo completo- y poner esa información a disposición de las contrapartes y de la Administración utilizando la solución pública.

Este punto es especialmente importante para pequeñas empresas y profesionales que quizá no quieran o no puedan asumir, de inicio, una solución privada compleja.

Que exista una solución pública gratuita no significa necesariamente que cubra todas las funcionalidades avanzadas que algunas empresas requieren para integraciones ERP, flujos de aprobación o automatización interna.

11. Acceso de la Administración y control de la morosidad

La AEAT podrá acceder a la información contenida en la solución pública y a la que reciba a través de las plataformas privadas, y deberá facilitar acceso a los ministerios competentes para permitir el seguimiento de los plazos de pago entre empresarios y profesionales. Además, enviará anualmente al Observatorio Estatal de la Morosidad Privada la información necesaria para elaborar el listado de empresas incumplidoras de los plazos de pago cuando concurran las circunstancias legales previstas.

Este bloque es especialmente delicado porque muestra que la norma no solo persigue estandarizar la factura, sino crear un sistema de información útil para seguimiento público e institucional de la morosidad.

La factura electrónica obligatoria no es solo una obligación documental. También se convierte en una herramienta de visibilidad sobre el comportamiento de pago de las empresas.

12. Cómputo del plazo de pago y referencia a la Ley de morosidad

El artículo 15 remite para el cálculo del plazo de pago a la Ley 3/2004, de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales. Además, establece que, si la factura no incluye la fecha de las operaciones que documenta, se tomará como fecha de inicio del plazo de pago la fecha de expedición de la factura.

Este detalle, que puede parecer menor, es bastante importante en la práctica. Una factura mal emitida o incompleta no solo genera un problema formal, sino que puede alterar el punto de partida para el seguimiento del plazo de pago.

La norma añade también una especialidad para las facturas vinculadas a obras de edificación, donde la retención del 5 % permitida por la Ley de Ordenación de la Edificación no se tendrá en cuenta para calcular el plazo de pago en el importe retenido. Y, a efectos estadísticos, cuando en un contrato exista un plazo pactado, la fecha de inicio será la de recepción de la factura electrónica, si se ha comunicado; si no, se usará la fecha de expedición.

La calidad del dato en la factura pasa a tener consecuencias no solo fiscales o mercantiles, sino también estadísticas y de control de morosidad.

13. Requisitos técnicos y organizativos de las plataformas privadas

Las plataformas privadas deberán cumplir exigencias técnicas, funcionales y organizativas importantes: protocolos seguros de transmisión, disponibilidad, continuidad y resiliencia del servicio, planes de contingencia y continuidad de negocio, firma electrónica avanzada o mecanismos equivalentes, capacidad de transformar formatos, estándares de seguridad de la información y medidas que garanticen confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y buena gobernanza del dato.

Traducido a lenguaje práctico: no bastará con ser un proveedor que "manda facturas". El reglamento exige una infraestructura seria, interoperable, segura y capaz de sostener un sistema de intercambio masivo y trazable.

Muchas empresas tendrán que auditar a sus proveedores tecnológicos antes de confiar en que están preparados para este nuevo marco.

14. Régimen transitorio y calendario real de exigibilidad

Aunque el real decreto entra en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE, su aplicación efectiva queda condicionada a la aprobación de la orden ministerial de desarrollo de la solución pública. Solo a partir de esa orden empezarán a contar los plazos de exigibilidad.

Desde ese momento, la obligación se desplegará en dos fases:

• 12 meses para empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones haya superado 8 millones de euros en el año natural anterior.
• 24 meses para el resto de empresarios y profesionales.

Además, durante los doce meses siguientes a la fecha en que el real decreto resulte aplicable a las empresas con facturación superior a 8 millones, estas deberán acompañar sus facturas electrónicas con un PDF que asegure su legibilidad, salvo que el destinatario acepte expresamente recibirlas en su formato original. Ese PDF deberá remitirse al destinatario por cualquier medio, pero no a la solución pública.

Y hay una especialidad muy importante: para empresarios y profesionales que sean personas físicas o entidades en atribución de rentas en IRPF con volumen de operaciones igual o inferior a 8 millones de euros, la obligación de informar sobre los estados de la factura de los artículos 10 y 12 se retrasa doce meses más desde la fecha en que la norma produzca efectos para ese grupo. Hasta entonces, el suministro de estados será voluntario.

• Atención. No conviene confundir entrada en vigor con exigibilidad real. La fecha decisiva no será solo la del BOE, sino también la futura orden ministerial de desarrollo.

15. Modificación del Reglamento de facturación

El real decreto también adapta el Reglamento de facturación para acomodarlo al nuevo sistema. Entre otras cuestiones, desaparece la lógica del consentimiento del destinatario cuando la factura electrónica sea obligatoria y se remite a este real decreto la regulación de los mecanismos que garantizan autenticidad del origen e integridad del contenido.

Esto es importante porque cierra una etapa anterior, en la que la factura electrónica se movía más en el terreno del acuerdo entre las partes. Aquí, cuando la obligación resulte aplicable, ya no dependerá de la aceptación del destinatario en esos términos clásicos.

• Atención. Seguir operando con la idea antigua de que "si el cliente no quiere electrónica, se sigue en papel o PDF" puede llevar a errores de cumplimiento cuando el sistema ya sea exigible.

Cuestionario.

1) ¿Qué se ha publicado exactamente?

Se ha publicado el Reglamento de la factura electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales, que establece un sistema más exigente que un simple formato digital, al abarcar emisión, recepción, seguimiento, interconexión y control del pago.

2) ¿Cuál es la norma y qué cambia?

El Real Decreto 238/2026, publicado en el BOE de 31 de marzo de 2026, desarrolla el sistema de facturación electrónica obligatoria B2B y además modifica el Reglamento de facturación aprobado por el Real Decreto 1619/2012.

3) ¿Cuál es el objetivo principal de la norma?

No solo digitalizar la factura, sino obtener información fiable sobre expedición, recepción, aceptación, rechazo y pago, con un objetivo marcado de lucha contra la morosidad comercial y seguimiento de plazos efectivos de pago.

4) ¿En qué consiste el cambio más importante?

El cambio no es solo “emitir en electrónico”, sino gestionar todo el ciclo de vida de la factura: emisión, transmisión, recepción, puesta a disposición, aceptación o rechazo, información sobre el pago y conservación.

5) ¿A quién afecta la obligación?

A los empresarios y profesionales que deban expedir factura en su actividad cuando el destinatario sea otro empresario o profesional establecido en España (por sede, establecimiento permanente, domicilio o residencia habitual).
También aplica cuando la factura la expida materialmente el destinatario o un tercero, aunque la responsabilidad última recaiga en quien realiza la operación.

6) ¿Depende solo de dónde esté el emisor?

No. La obligación depende en gran medida de que el destinatario empresarial esté establecido en España y la operación tenga por destinatario ese punto de conexión.

7) ¿Qué operaciones quedan fuera?

Quedan fuera, de forma destacada, las facturas simplificadas, salvo las simplificadas cualificadas del artículo 7.2 del Reglamento de facturación.
Además, el real decreto permite que por orden ministerial puedan excluirse otras operaciones si es necesario para el funcionamiento económico del sector.
El texto prevé excepciones para ciertas actividades del mercado eléctrico, del mercado organizado de gas y para determinadas operaciones canalizadas mediante sistemas de compensación gestionados por la IATA.

8) ¿El sistema será únicamente público?

No. El sistema será mixto:

• Plataformas privadas de intercambio de facturas electrónicas.
• Una solución pública gestionada por la AEAT, que además actuará como repositorio universal.

9) ¿Podrá una empresa elegir cómo operar?

Sí. Podrá trabajar con una plataforma privada, con la solución pública o con una combinación.
Si no se acuerda expresamente con proveedores la recepción por plataforma privada, se entiende que se opta por la solución pública.
Si no se identifica públicamente el punto de entrada, se considerará por defecto la solución pública.

10) ¿Basta con enviar un PDF por email?

No. Pensar que se limita a “dejar de enviar PDFs” es quedarse corto. El núcleo del sistema es un mensaje estructurado interoperable.

11) ¿Qué formato de factura electrónica se exige?

La factura deberá consistir en un mensaje estructurado ajustado al modelo semántico europeo EN16931.
Sintaxis admitidas: CII, UBL, EDIFACT y Facturae.
En plataformas privadas también se consideran válidos mensajes Peppol BIS en la medida en que utilicen UBL y se ajusten a la norma europea.

12) ¿El PDF sirve como factura electrónica obligatoria?

No por sí solo. El PDF puede servir transitoriamente para asegurar legibilidad en algunos supuestos, pero el núcleo es el formato estructurado.

13) ¿Qué identificación debe tener cada factura?

Todas las facturas deberán tener un código único de identificación que incluya necesariamente:

• NIF del emisor
• Número y serie
• Fecha de expedición

14) ¿Hay obligación de firma electrónica?

Cuando se emitan mediante plataformas privadas, deberán ir firmadas con firma electrónica avanzada, ya sea por el emisor o por firma delegada autorizada.

15) ¿Qué exige la norma sobre interoperabilidad entre plataformas privadas?

Exige interoperabilidad real: las plataformas deberán poder transformar el mensaje de factura entre los formatos admitidos, preservando autenticidad e integridad, e interconectarse con cualquier otra plataforma cuando lo solicite un cliente.
La interconexión debe quedar operativa en un plazo máximo de un mes.

16) ¿Qué ocurre si la interconexión entre plataformas aún no funciona?

Mientras no funcione, la plataforma solicitante deberá depositar las facturas en la solución pública como vía alternativa de continuidad.
Además, la plataforma receptora no podrá cobrar a la solicitante por resolver esa interconexión en plazo ni por otros servicios de integración asociados al destinatario final.

17) Si uso una plataforma privada, ¿me relaciono igualmente con la solución pública?

Sí. Cuando la factura no se emita mediante la solución pública, los sistemas/plataformas utilizados deberán remitir simultáneamente a su emisión una copia electrónica fiel de cada factura a la solución pública, y hacerlo en sintaxis UBL.

18) ¿Qué “estados” de la factura pasan a ser obligatorios?

El artículo 10 impone al destinatario informar, al menos, de:

• Aceptación o rechazo comercial, con su fecha.
• Pago efectivo completo, con su fecha efectiva de pago.
  De forma voluntaria, podrán comunicarse otros estados (aceptación/rechazo parcial, pagos parciales, cesión a un tercero).

19) ¿En qué plazo deben comunicarse los estados?

En un máximo de cuatro días naturales, excluyendo sábados, domingos y festivos nacionales, desde que se produzca el estado correspondiente.

20) ¿El “pago efectivo completo” debe comunicarse siempre a la AEAT?

Sí. Debe comunicarse a la solución pública con independencia de que se haya utilizado la solución pública o una plataforma privada, e independientemente de que también se hubieran comunicado estados por esta última.

21) ¿Qué se entiende por “fecha efectiva de pago”?

No es la de un anticipo financiero ni la mera posibilidad de anticipar el cobro; es el momento en que el proveedor cobra realmente por los bienes o servicios.

22) ¿La solución pública tendrá coste?

No. El acceso y sus distintos usos tendrán carácter gratuito.

23) ¿Qué ofrecerá la solución pública, además de “estar ahí”?

Servirá como infraestructura para quien quiera usarla, actuará como repositorio central, permitirá emisión y recepción, facilitará descarga ágil y dará soporte a la comunicación de pagos y al seguimiento del sistema.
Además, la AEAT deberá desarrollar una aplicación o formulario gratuito para expedir facturas electrónicas y generar la información sobre su estado (incluido el pago efectivo completo) y ponerla a disposición de contrapartes y Administración usando la solución pública.

24) ¿La Administración tendrá acceso a la información?

Sí. La AEAT podrá acceder a la información de la solución pública y a la recibida a través de plataformas privadas, y deberá facilitar acceso a ministerios competentes para el seguimiento de plazos de pago.
Además, enviará anualmente al Observatorio Estatal de la Morosidad Privada la información necesaria para elaborar el listado de empresas incumplidoras cuando concurran las circunstancias legales previstas.

25) ¿Cómo se calcula el plazo de pago?

El artículo 15 remite a la Ley 3/2004 (morosidad en operaciones comerciales).
Si la factura no incluye la fecha de las operaciones, el inicio del plazo de pago será la fecha de expedición.

26) ¿Hay alguna especialidad para obras de edificación?

Sí. Para facturas vinculadas a obras de edificación, la retención del 5% permitida por la Ley de Ordenación de la Edificación no se tendrá en cuenta para calcular el plazo de pago en el importe retenido.

27) ¿Qué regla aplica a efectos estadísticos si hay plazo pactado en contrato?

La fecha de inicio será la recepción de la factura electrónica, si se ha comunicado; si no, se usará la fecha de expedición.

28) ¿Qué requisitos impone a las plataformas privadas (a alto nivel)?

Exigencias técnicas, funcionales y organizativas: protocolos seguros de transmisión, disponibilidad, continuidad y resiliencia, planes de contingencia, firma electrónica avanzada o mecanismos equivalentes, capacidad de transformar formatos, estándares de seguridad de la información y medidas para garantizar confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y gobernanza del dato.

29) ¿Cuándo entra en vigor y cuándo será exigible de verdad?

Aunque entra en vigor a los 20 días de su publicación, su aplicación efectiva queda condicionada a la aprobación de una orden ministerial de desarrollo de la solución pública.
Desde esa orden empezarán a contar los plazos de exigibilidad.

30) ¿Cuál es el calendario de despliegue?

Desde la orden ministerial:

• 12 meses: empresarios y profesionales con volumen de operaciones superior a 8 millones de euros en el año natural anterior.
• 24 meses: el resto.

31) ¿Habrá un periodo en el que deba acompañarse con PDF?

Sí. Durante los 12 meses siguientes a la fecha en que el real decreto resulte aplicable a los de más de 8 millones, deberán acompañar sus facturas electrónicas con un PDF que asegure legibilidad, salvo aceptación expresa del destinatario de recibir en formato original.
Ese PDF se remitirá al destinatario por cualquier medio, pero no a la solución pública.

32) ¿Hay una moratoria para informar estados en algunos casos?

Sí. Para empresarios y profesionales que sean personas físicas o entidades en atribución de rentas en IRPF con volumen de operaciones ≤ 8 millones, la obligación de informar sobre estados (arts. 10 y 12) se retrasa 12 meses más desde la fecha en que la norma produzca efectos para ese grupo. Hasta entonces, el suministro de estados será voluntario.

33) ¿Qué cambia en el Reglamento de facturación (RD 1619/2012)?

Se adapta al nuevo sistema: desaparece la lógica del consentimiento del destinatario cuando la factura electrónica sea obligatoria y se remite a este real decreto la regulación de mecanismos que garantizan autenticidad del origen e integridad del contenido.

34) ¿Qué error práctico conviene evitar?

Seguir operando con la idea de que “si el cliente no quiere electrónica, se sigue en papel o PDF” puede llevar a errores de cumplimiento cuando el sistema ya sea exigible.

Entre las principales líneas de actuación del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2026, Hacienda pondrá el foco en lo los nuevos flujos de información financiera mensualizada, un repunte en el control del sector inmobiliario tras su despegue y la eliminación de la franquicia aduanera de 150 euros para ecommerce. Habrá con más cruces de datos y foco en economía sumergida.

Como cada año, en el BOE del día 12 de marzo de 2026 se ha publicado la  Resolución de 11 de marzo de 2026, de la Dirección General de la AEAT, donde se publican las directrices generales del citado Plan General de Control Tributario y Aduanero de 2026.

Las directrices del Plan de 2026 siguen la misma estructura que otro de los instrumentos de planificación de la Agencia Tributaria como es el Plan de Objetivos anual y giran en torno a cinco grandes pilares:

1. Información y asistencia.
2. Prevención de los incumplimientos. El fomento del cumplimiento voluntario y prevención del fraude.
3. La investigación y las actuaciones de comprobación del fraude tributario y aduanero.
4. El control del fraude en fase recaudatoria.
5. La colaboración entre la Agencia Tributaria y las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas.

A continuación vamos a exponer un breve resumen de las principales medidas y actuaciones que se van a acometer en este ejercicio 2026 por parte de Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

En esta edición, se destacan se destacan los nuevos flujos de información financiera mensualizada, un repunte en el control del sector inmobiliario tras su despegue y la eliminación de la franquicia aduanera de 150 euros para ecommerce

Principales medidas

Fortalecimiento de la asistencia al contribuyente y digitalización

Se culmina el modelo omnicanal con cita presencial el mismo día y personal dedicado exclusivo a atención telefónica y en oficinas, liberando recursos para inspecciones. Se lanzan herramientas como el Asistente virtual del IRNR, Informador a la exportación y del Impuesto de Matriculación, junto con ampliación de Censos WEB y pagos con Bizum o tarjeta en la App de Renta.

• Atención: Aunque facilitan trámites, estos datos enriquecidos (historial unificado de consultas) mejoran su capacidad para detectar inconsistencias tempranas en declaraciones.​

Control del comercio electrónico y plataformas digitales

Refuerzo total en todas las facetas del ecommerce, cruzando información de plataformas (DAC7) con pagos transfronterizos (CESOP) y aduanas, especialmente tras el fin de la franquicia de 150 euros. Se vigilan vendedores que aparentan estar en UE sin presencia real para eludir IVA.

• Atención: Operadores en Amazon, Wallapop o similares, revisad regímenes de ventanilla única y operaciones intracomunitarias -las visitas y cruces serán habituales.​

Supervisión de neobancos, redes sociales y economía sumergida

Mayor escrutinio a cuentas en entidades digitales para ocultar rentas o patrimonios, creadores de contenido en redes y negocios sin TPV o que no admiten tarjeta. Planes de visitas sectoriales para aflorar actividades fingidas.

• Atención: Si usáis Revolut o similares para canalizar ingresos, o rechazáis pagos electrónicos, esperad comunicaciones preventivas o comprobaciones formales.​

Intensificación del control de arrendamientos e inmobiliario

Foco renovado en el sector por su repunte: gastos financieros y subcontratas abusivas, comercialización/intermediación, alquileres turísticos vía plataformas no declarados (o camuflados como vivienda), valoraciones en transmisiones y SOCIMI.

• Atención: Propietarios de pisos en Airbnb o Booking, y promotoras: los cruces con CCAA y plataformas detectarán discrepancias en rendimientos declarados.​

Control sobre patrimonios elevados y sociedades interpuestas

Análisis de personas físicas con estilos de vida no coherentes con rentas/patrimonio declarado, y sociedades instrumentales para gastos personales o eludir IRPF/Patrimonio. Grandes empresas y grupos fiscales con cifras "llamativamente bajas" o sin operaciones reales.

• Atención: Si coches de lujo o viajes no cuadran con el modelo 720 o IRPF, o usáis empresas para pagar hipotecas privadas, podéis ser sujetos de una revisión patrimonial.​

Medidas de control del fraude y optimización de la recaudación

Medida	Descripción
Nueva información financiera	Mensual sobre cuentas, TPV, móvil y modelo 174 tarjetas; DAC8 para cripto/dinero electrónico.​
Sector inmobiliario	Control integral: subcontratas, alquileres turísticos, valoraciones y SOCIMI.​
Comercio electrónico	Fin franquicia 150€; plataformas DAC7 y ventas sin presencia UE real.​
Grandes patrimonios	Discordancias vida/riqueza; sociedades para gastos personales.​
Economía sumergida	Visitas sin TPV; neobancos y fingimientos de actividad.​
Recaudación	Selección conductual de deudores y embargos optimizados.​

Deberán presentar el modelo 721 aquéllos que a 31 de diciembre del año anterior hayan sido titulares, autorizados o beneficiarios de criptomonedas en el extranjero por más de 50.000 euros en total. La presentación del modelo en los años siguientes sólo será precisa si el saldo de criptomonedas aumenta en más de 20.000 euros.

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Le informamos que el modelo 721 modelo 721 "Declaración informativa sobre monedas virtuales situadas en el extranjero", se implementó como consecuencia de la Ley 11/2021, de medidas antifraude, y fue aprobado y desarrollado por la Orden HFP/886/2023, de 26 de julio, por la que se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación (modificada por la Orden HAC/1504/2024, de 26 de diciembre).

De acuerdo con la normativa aprobada, es obligatoria la declaración de las criptomonedas depositadas en intercambios o plataformas ubicadas fuera de España, con el fin de prevenir el fraude y la evasión fiscal. Así, todos los ciudadanos que hubieran tenido criptodivisas en el extranjero en el ejercicio 2023 debieron revisar si debían presentar esta declaración.

Ahora, los contribuyentes que posean criptomonedas en el extranjero deberán presentar cada año el modelo 721. Esta declaración es muy parecida en su contenido al modelo 720 (que ya se utiliza para declarar otros activos situados en el extranjero):

• Deberán presentar el modelo 721 aquéllos que a 31 de diciembre del año anterior hayan sido titulares, autorizados o beneficiarios de criptomonedas en el extranjero por más de 50.000 euros en total.
• La presentación del modelo en los años siguientes sólo será precisa si el saldo de criptomonedas aumenta en más de 20.000 euros.

¿Quiénes están obligados a presentar el modelo 721?

Las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español, los establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entidades no residentes y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (herencias yacentes, comunidades de bienes...), que sean titulares de monedas virtuales en el extranjero, o respecto de las cuales tengan la condición de beneficiarios, autorizados o de alguna otra forma ostenten poder de disposición, o de las que sean titulares reales, custodiadas por personas o entidades que proporcionan servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales, a 31 de diciembre de cada año.

Dicha obligación también se extiende a quienes hayan sido titulares, autorizados, o beneficiarios de las citadas monedas virtuales, o hayan tenido poderes de disposición sobre las mismas, o hayan sido titulares reales en cualquier momento del año al que se refiera la declaración y que hubieran perdido dicha condición a 31 de diciembre de ese año. En estos supuestos, la información a suministrar será la correspondiente a la fecha en la que dicha extinción se produjo.

¿Respecto de qué monedas virtuales no resultará de aplicación esta obligación de información?

Esta obligación de información no resultará de aplicación respecto de las siguientes monedas virtuales:

1. Aquellas de las que sean titulares las entidades a que se refiere el artículo 9.1 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
2. Aquellas de las que sean titulares personas jurídicas y demás entidades residentes en territorio español, así como establecimientos permanentes en España de no residentes, registradas en su contabilidad de forma individualizada e identificadas por su denominación, valor y entidad de custodia y país o territorio en que se encuentren situadas.
3. Aquellas de las que sean titulares las personas físicas residentes en territorio español que desarrollen una actividad económica y lleven su contabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio, registradas en dicha documentación contable de forma individualizada e identificadas por su denominación, valor y entidad de custodia y país o territorio en que se encuentren situadas.
4. No existirá obligación de informar sobre ninguna moneda virtual cuando los saldos a 31 de diciembre de cada tipo de moneda virtual en el extranjero valorados en euros no superen, conjuntamente, los 50.000 euros. En caso de superarse dicho límite conjunto deberá informarse sobre todas las monedas virtuales.

¿Qué se entiende por "moneda virtual"?

Se entenderá por moneda virtual aquella representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central o autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda legalmente establecida y que no posee estatuto jurídico de moneda o dinero, pero que es aceptada como medio de cambio y puede ser transferida, almacenada o negociada electrónicamente.

¿Cuándo se entiende una moneda virtual situada en el extranjero?

Las monedas virtuales se entenderán situadas en el extranjero cuando la persona o entidad o establecimiento permanente que las custodie proporcionando servicios para salvaguardar las claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir dichas monedas no estuviera obligado a presentar la obligación de información a que se refiere el apartado 6 de la disposición adicional decimotercera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre del IRPF.

En la siguiente consulta interactiva del Banco de España, puede consultarse la localización de los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por fiduciaria y/o custodia de monederos electrónicos registrados en el Banco de España:

Registro de Entidades (bde.es)

Plazo de presentación del modelo 721

El modelo 721 deberá presentarse entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente a aquel al que se refiera la información a suministrar.

• Atención. En aquellos supuestos en que por razones de carácter técnico no fuera posible efectuar la presentación a través de Internet en el plazo reglamentario de declaración, dicha presentación podrá efectuarse durante los cuatro días naturales siguientes al de finalización de dicho plazo.

¿Qué información debe suministrarse en el modelo 721?

Los obligados a presentar el modelo 721 vendrán obligados a suministrar la información contenida en el anexo de la Orden HFP/886/2023, de 26 de julio, por la que se aprueba dicho modelo (modificada por la Orden HAC/1504/2024, de 26 de diciembre).

Así, la información a suministrar a la Administración tributaria comprenderá:

1. El nombre y apellidos o la razón social o denominación completa y, en su caso, número de identificación fiscal del país de residencia fiscal de la persona o entidad que proporciona servicios para salvaguardar las claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir las monedas virtuales, así como su domicilio o dirección de su sitio web.
2. La identificación completa de cada tipo de moneda virtual.
3. Los saldos de cada tipo de moneda virtual a 31 de diciembre expresados en unidades de moneda virtual y su valoración en euros.

Si la condición de obligado a declarar se hubiera extinguido antes del 31 de diciembre, la información a suministrar será la correspondiente a la fecha en la que dicha extinción se produjo.

Para mayor detalle puede consultar en Contenido de la declaración informativa sobre monedas virtuales situadas en el extranjero, modelo 721

Preguntas frecuentes sobre el modelo 721

¿Cuáles son las sanciones si no se presenta el modelo 721?

• No presentar el modelo 721 conllevará una multa de 300€, si requiere la Administración, y 150€ por presentarlo de forma incorrecta.
• También se puede sancionar 20€ por registro no declarado/requerido o 10€ por hacerlo erróneamente.

Un año más, le recordamos que los contribuyentes del IRPF o del Impuesto sobre Sociedades que sean propietarios de bienes y derechos situados en el extranjero a 31 de diciembre de 2025 podrían quedar obligados a presentar la declaración de bienes y derechos situados en el extranjero (modelo 720) hasta el próximo 31 de marzo 2026

Este modelo deberá presentarse por vía telemática (Internet), sin que sea posible la presentación en papel. Aquellos que por razones de carácter técnico no puedan presentar el modelo 720 por Internet en el plazo establecido, podrán efectuar la presentación durante los cuatro días naturales siguientes al de finalización de dicho plazo.

Para aquellos que presentaron el Modelo 720 anteriormente, sólo será obligatoria la presentación cuando cualquiera de los saldos conjuntos de los tres diferentes bloques de bienes que son de obligada información (cuentas bancarias, acciones o inmuebles) hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto de los que determinaron la presentación de la declaración del año pasado. En todo caso, será obligatoria la presentación de la declaración para aquellos bienes ya declarados y respecto a los cuales el contribuyente pierda la condición que determinó en su día la obligación de declarar.

Los contribuyentes deberá informar sobre los bienes y derechos que tienen en el extranjero, tanto cuentas en entidades financieras, como bienes inmuebles, valores, derechos, seguros y rentas depositadas, gestionados u obtenidos fuera de España. Se excluye de esta obligación de declarar cuando el valor de los mismos no supere los 50.000 euros por cada tipo de bien o derecho.

¿Qué tipos de bienes y derechos se declaran?

• Bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero. Se detallará su identificación, situación (país, localidad, calle, número), la fecha de adquisición y el valor de adquisición (dependerá de si se trata de la plena propiedad, el usufructo, la nuda propiedad u otros casos).
• Cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero. Se debe incluir la denominación de la entidad bancaria, su domicilio, la identificación de las cuentas, las fechas de apertura o cancelación, el saldo a 31 de diciembre, el saldo medio del último trimestre, fecha en la que se dejó de tener la condición de titulares, representantes, autorizados, beneficiarios o persona con poder de disposición.
• Valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero.

1. En el supuesto de los valores deberá constar la razón social de la entidad o del tercero cesionario, así como el domicilio, saldo a 31 de diciembre y número, clase de acciones y valor.
2. En el caso de los derechos se incluyen los derechos representativos de la cesión a terceros de capitales propios.
3. Por lo que se refiere a los seguros es preciso informar sobre el nombre de la entidad aseguradora, el domicilio y el valor de rescate de la póliza a 31 de diciembre.
4. En cuanto a las rentas temporales o vitalicias se debe informar sobre la razón social de la entidad aseguradora, su domicilio y el valor de capitalización a 31 de diciembre.

En relación a los bienes y derechos que deben ser objeto de declaración, existen diversos matices que debes tener en cuenta como los que te detallamos a continuación:

• Se deben declarar las cuentas bancarias en las que exista una titularidad compartida, cuando exista un saldo a 31 de diciembre superior a los 50.000 euros.
• También se deberá declarar la titularidad compartida que recaiga sobre bienes inmuebles cuando el valor de adquisición supere los 50.000 euros a 31 de diciembre.

Atención. Si presentó el año pasado el modelo 720 porque disponía de depósitos bancarios, valores (acciones, fondos de inversión, seguros, etc.) o inmuebles en el extranjero valorados en más de 50.000 euros, deberá volver a presentar dicho modelo en cualquiera de estos dos supuestos:

• Si el valor de sus bienes aumenta en más de 20.000 euros.
• O bien si ha dejado de ser titular o autorizado de alguno de los bienes previamente declarado.

 ¿Qué sujetos están obligados?

Las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español, los establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entidades no residentes y las entidades en atribución de rentas (comunidades de bienes, sociedades civiles, herencias yacentes...) vendrán obligados a presentar esta declaración informativa anual., siempre que sean titulares o autorizados en cuentas en el extranjero cuyo saldo conjunto sea superior a 50.000 euros.

Asimismo, tienen obligación de declarar la información los titulares de valores, acciones, fondos, seguros de vida, bienes inmuebles o cualesquiera otros activos situados o depositados en el extranjero, por un importe superior conjunto a 50.000 euros. Además de los titulares jurídicos, y salvo que aplique alguna exoneración que deba analizarse detenidamente, están obligados los conocidos como titulares reales, esto es, aquellos que posean o controlen más del 25% de los mencionados activos a través de entidades con o sin personalidad jurídica.

Puede haber muchísimas personas obligadas, en particular extranjeros residentes, porque basta tener una pequeña parte (aunque sea un 1%) de una o varias cuentas en extranjero con saldo superior a 50.000€ (o incluso no tener nada y ser un simple autorizado), o tener una pequeña parte de un inmueble con valor superior a dicha cantidad.

Régimen sancionador

La Ley 5/2022, de 9 de marzo, y con efectos desde el 11 de marzo de 2022,  modificó la redacción de varias normas tributarias con rango de ley (Ley del IRPF, del IS y la LGT) con el objeto de eliminar los aspectos de la regulación de la obligación de información de bienes y derechos situados en el extranjero que habían sido declarados contrarios al Derecho de la Unión Europea por la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 27 de enero de 2022 (asunto C-788/19). La citada sentencia, concluyó que el régimen sancionador específico asociado a los incumplimientos de la obligación de declaración de bienes y derechos en el extranjero (modelo 720) en contrario al Derecho de la Unión Europea por establecer una restricción desproporcionada a la libre circulación de capitales.

En lugar de introducir nuevamente un régimen sancionador propio y diferenciado, el legislador se ha limitado a eliminar la redacción de los preceptos considerados por el TJUE incompatibles con la libre circulación de capitales, lo que, en la práctica, sólo tiene un alcance meramente formal.

En concreto:

• Se eliminan las multas pecuniarias fijas por no informar en plazo o por hacerlo de forma incompleta, inexacta o con datos falsos.
• Se eliminan los preceptos que calificaban el valor de los bienes no declarados en plazo como ganancia de patrimonio no justificada o como renta no declarada imputable al período impositivo más antiguo entre los no prescritos.
• Se elimina la multa pecuniaria proporcional del 150% sobre la cuota tributaria derivada de la ganancia de patrimonio no justificada o la renta no declarada.

Al no haberse sustituido lo anterior por un régimen específico, los eventuales incumplimientos de la obligación de informar quedan sujetos al régimen sancionador general previsto para la falta de presentación en plazo o de forma incorrecta de declaraciones que no produzcan perjuicio económico a la Hacienda Pública.

Hay que recordar que:

• Las sanciones eliminadas consistían en la imposición de una multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos, con un mínimo de 10.000 euros, o bien 100 euros por cada dato o conjunto de datos, con un mínimo de 1.500 euros, para los casos de presentación fuera de plazo sin requerimiento previo.
• Además de esa sanción, la normativa establecía  otra grave consecuencia tanto por no cumplir la obligación de informar como por hacerlo fuera de plazo, y es que Hacienda puede llegar a considerar que los bienes en el extranjero son ganancia patrimonial no justificada y cobrar por el IRPF una cuota hasta su tipo máximo margina o en el Impuesto sobre Sociedades, sobre su valor más una sanción adicional del 150% sobre dicha cuota. Y eso incluso aunque esos bienes y derechos procedan de periodos prescritos.

AEAT. Preguntas frecuentes

(Actualizadas a febrero de 2026)

Índice:

1. Un solo modelo para tres obligaciones de información diferentes
2. Contribuyentes obligados a declarar
3. No obligación de informar si nunca se ha tenido la obligación
4. Titularidad compartida
5. Forma de calcular el límite que obliga a declarar
6. Criterio de exoneración por contabilización
7. Otras causas de exoneración
8. ¿Existe obligación de informar sobre...?
9. Valoración de los bienes y derechos
10. Otras cuestiones
11. Frecuencia en la presentación de la declaración
12. Sanciones y efectos
13. Preguntas técnicas
14. Preguntas frecuentes modelo 720 (Marzo 2014)

No todas las nuevas sociedades nacen fiscalmente iguales. A veces, el detalle no está en lo que se hace, sino en cómo y desde dónde se empieza. Constituir una nueva empresa para desarrollar una actividad conocida plantea siempre la misma duda: ¿puede aplicarse en el Impuesto sobre Sociedades el tipo reducido o se considera una continuación encubierta?

Como ya sabrá, es frecuente que determinadas personas físicas (socios) que ya participan en una sociedad deciden impulsar otra empresa distinta. A veces porque la anterior deja una línea de actividad, otras porque se quiere separar riesgos o reorganizar el negocio. El conflicto aparece cuando la nueva sociedad desarrolla la misma actividad que la anterior.

La pregunta surge sola: ¿esa nueva empresa puede aplicar en el Impuesto sobre Sociedades (IS) el tipo reducido del 15 % o se considera una simple continuación de la anterior?

Tipo reducido

La normativa del Impuesto sobre Sociedades prevé un tipo especialmente favorable para las entidades de nueva creación: el 15 % durante dos ejercicios, a partir del primero en el que exista base imponible positiva.

Ahora bien, este beneficio no está pensado para "reiniciar" negocios ya existentes, sino para actividades que realmente nacen. Por eso, la ley introduce límites claros.

• Atención. El incentivo fiscal no premia el cambio de sociedad, sino el inicio real de una actividad económica.

¿Cuándo la Administración deja de ver una empresa como nueva?

A grandes rasgos, una sociedad deja de considerarse de nueva creación cuando:

• La actividad procede de otra empresa o persona vinculada y se ha transmitido el negocio.
• La actividad ya se venía ejerciendo y una persona física pasa a controlar la nueva sociedad.
• Existe un grupo mercantil en sentido estricto.
• La sociedad tiene un carácter patrimonial más que operativo.

El análisis no es automático ni mecánico. Se observa el conjunto de la operación y, sobre todo, la realidad económica.

Los socios son personas físicas

Aquí es donde suele aparecer el error más común. Que los socios de la nueva empresa sean los mismos que los de otra sociedad no implica necesariamente que exista grupo empresarial ni que se pierda el tipo reducido.

Cuando hablamos de personas físicas, el foco se pone en dos elementos muy concretos:

• El control individual, no el conjunto familiar o relacional.
• La ausencia de transmisión del negocio, en cualquiera de sus formas.

Si ninguna persona física controla por sí sola más del 50 % de la nueva sociedad y no hay traspaso del negocio anterior, el análisis cambia sustancialmente.

La DGT, en una reciente consulta vinculante V1627-25, analiza precisamente este escenario: socios personas físicas que ya participaban en otra entidad crean una nueva sociedad para desarrollar la misma actividad, sin transmisión jurídica del negocio y sin que ninguno de ellos controle por sí solo más del 50 % del capital.

Empezar "desde cero" no es solo una expresión

Uno de los aspectos más delicados es demostrar que la nueva empresa no ha recibido el negocio de la anterior. No basta con decirlo: debe reflejarse en los hechos.

Cuando la nueva sociedad no compra activos, no asume contratos, no hereda clientes ni estructura, y comienza su actividad con medios propios, el hecho de que haga "lo mismo" no impide, por sí solo, aplicar el tipo reducido.

• Atención. La coherencia entre lo que se declara y lo que realmente ocurre es clave en una comprobación futura.

El reparto del capital como elemento decisivo

Otro punto que suele pasar desapercibido es el reparto accionarial. Aunque varias personas hayan desarrollado la actividad en el pasado, si ninguna de ellas supera individualmente el 50 % en la nueva sociedad, no se activa el veto automático al tipo del 15 %.

Este detalle, aparentemente técnico, es uno de los elementos que más peso tiene en la práctica.

Un pequeño ajuste en el capital puede cambiar por completo el tratamiento fiscal.

Evitar ser sociedad patrimonial

Incluso cumpliendo todo lo anterior, la sociedad debe desarrollar una actividad económica real. Si más de la mitad de su activo no está afecto a la actividad, el tipo reducido queda descartado.

Este análisis suele llegar después, pero conviene tenerlo presente desde el inicio.

No basta con facturar: hay que tener una estructura coherente con la actividad.

Constituir una nueva empresa con socios que ya tienen experiencia empresarial no cierra automáticamente la puerta al tipo reducido del 15 %, pero obliga a hacer las cosas con orden, criterio y previsión. La diferencia entre aplicar o no el incentivo suele estar en decisiones tomadas antes incluso de firmar la escritura. Y esas decisiones, una vez adoptadas, rara vez tienen marcha atrás.