Tributaria

Entre las principales líneas de actuación del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2025, Hacienda pondrá el foco sobre personas físicas cuyos signos externos de riqueza no coincidan con los ingresos y el patrimonio que han declarado. Además, enfocará su atención en la regularización de rentas y ganancias vinculadas a bienes inmuebles, así como en la detección de retenciones insuficientes en los ingresos de artistas y deportistas no residentes, y trabajará en la integración de la inteligencia artificial (IA) para mejorar la eficiencia de sus servicios.

Como cada año, en el BOE del día 17 de marzo de 2025 se ha publicado la Resolución de 27 de febrero de 2025, de la Dirección General de la AEAT, donde se publican las directrices generales del citado Plan General de Control Tributario y Aduanero de 2025.

Las directrices del Plan de 2025 siguen la misma estructura que otro de los instrumentos de planificación de la Agencia Tributaria como es el Plan de Objetivos anual y giran en torno a cinco grandes pilares:

1. Información y asistencia.
2. Prevención de los incumplimientos. El fomento del cumplimiento voluntario y prevención del fraude.
3. La investigación y las actuaciones de comprobación del fraude tributario y aduanero.
4. El control del fraude en fase recaudatoria.
5. La colaboración entre la Agencia Tributaria y las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas.

A continuación vamos a exponer un breve resumen de las principales medidas y actuaciones que se van a acometer en este ejercicio 2025 por parte de Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

En esta edición, se destacan avances tecnológicos en inteligencia artificial, un mayor control sobre la economía digital y la intensificación de la vigilancia en sectores de alto riesgo.

Principales medidas

Fortalecimiento de la asistencia al contribuyente y digitalización

• Se intensificará la formación de los empleados de la Agencia Tributaria en asistencia al contribuyente.
• Se mejorará la cita telefónica con una funcionalidad que permitirá obtener una cita en el mismo día.
• Se optimizará el uso del chat de la Agencia Tributaria para facilitar el acceso a información tributaria.
• Se explorará el uso de inteligencia artificial para prever la demanda de asistencia tributaria.
• Se avanzará en la digitalización del censo de empresarios y profesionales, incorporando un Asistente Virtual de Censos.

Atención. Habrá mayor personalización en la asistencia tributaria con el uso de IA y digitalización de trámites.

Control del comercio electrónico y plataformas digitales

• Intensificación del control sobre vendedores online sin presencia fiscal en España.
• Uso del sistema CESOP y la directiva DAC7 para detectar fraudes en transacciones digitales.
• Revisión de los operadores de plataformas digitales que faciliten la venta de bienes y servicios sin tributación adecuada.

Atención. Inspección de vendedores en plataformas digitales y sanciones por incumplimientos en el IVA.

Supervisión de criptomonedas y transacciones virtuales

• Control reforzado sobre la tributación de operaciones con criptomonedas.
• Identificación de titulares de criptomonedas a través del intercambio de información internacional.
• Detección de irregularidades en el uso de plataformas de pago descentralizadas.

Atención. Habrá mayor fiscalización de operaciones con criptomonedas y cruce de datos internacionales.

Intensificación del control de arrendamientos turísticos

• Revisión de contribuyentes con ingresos de alquileres turísticos no declarados.
• Intercambio de información con Comunidades Autónomas y plataformas de alquiler.
• Mayor fiscalización sobre contribuyentes extranjeros con propiedades en España.

Atención. Al nuevo sistema de detección de ingresos de alquileres turísticos no declarados.

Control sobre patrimonios elevados y sociedades interpuestas

• Revisión de contribuyentes con signos externos de riqueza que no coincidan con su renta declarada.
• Fiscalización de sociedades instrumentales utilizadas para encubrir rentas personales.
• Uso de análisis financiero avanzado para detectar estructuras empresariales opacas.

Atención. Habrá nuevas herramientas de análisis para detectar discrepancias en grandes patrimonios.

Medidas de control del fraude y optimización de la recaudación

Prevención del fraude en el IVA y facturación electrónica

• Se completará la implementación del sistema VERI*FACTU para el registro inmediato de facturas.
• Se realizarán inspecciones en operaciones de fraude carrusel del IVA.
• Se aplicarán controles automatizados para la detección de facturas falsas.

Atención. Al uso de facturación electrónica obligatoria para evitar fraudes en el IVA.

Revisión de operaciones internacionales y planificación fiscal agresiva

• Control de grandes multinacionales que reduzcan artificialmente su carga fiscal.
• Aplicación de la normativa FATCA, CRS y DAC8 en el intercambio de información sobre cuentas bancarias.
• Mayor supervisión de reestructuraciones empresariales que abusen de ventajas fiscales.

Atención. Al  mayor control sobre la tributación de grandes empresas con presencia internacional.

Inspección de entidades sin fines lucrativos y cooperativas

• Se iniciará la depuración del censo de fundaciones y cooperativas.
• Se verificará que estas entidades cumplen con sus obligaciones tributarias y no se usen con fines de evasión fiscal.

Atención. Control de organizaciones con beneficios fiscales para evitar fraudes.

Cuadro resumen de medidas clave

Medida	Descripción
Optimización de asistencia tributaria	Mejora del chat, cita previa y uso de IA para anticipar necesidades del contribuyente.
Supervisión de comercio electrónico	Inspección de plataformas digitales y uso de sistemas CESOP y DAC7.
Control de criptomonedas	Mayor fiscalización sobre transacciones en monedas virtuales.
Fiscalización de alquileres turísticos	Cruce de datos con Comunidades Autónomas y plataformas digitales.
Revisión de patrimonios elevados	Identificación de signos externos de riqueza no justificados.
Prevención del fraude en el IVA	Implementación de facturación electrónica y control de fraude carrusel.
Inspección de multinacionales	Control de planificación fiscal agresiva y tributación en varios países.
Control de entidades sin ánimo de lucro	Supervisión de fundaciones y cooperativas con beneficios fiscales.

¿Sabe que podría ser responsable de una deuda tributaria del IVA sin ser el sujeto pasivo? La normativa sobre el IVA establece diferentes escenarios de responsabilidad solidaria y subsidiaria que pueden afectarle…

Como ya sabrá, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es un tributo indirecto que recae sobre el consumo de bienes y servicios, cuyo correcto cumplimiento fiscal involucra tanto al sujeto pasivo como a otros agentes económicos. En determinadas circunstancias, la Ley 37/1992 del IVA (LIVA) prevé la existencia de responsables tributarios, quienes pueden asumir la obligación de pago del impuesto junto al deudor principal.

Responsables tributarios en el IVA

La figura del responsable tributario se encuentra regulada en el artículo 87 de la LIVA (LIVA) y en el artículo 41 de la Ley General Tributaria (LGT). Se trata de un obligado tributario que, sin ser el sujeto pasivo del impuesto, asume total o parcialmente la deuda fiscal en los casos previstos por la normativa.

Existen dos tipos de responsabilidad:

• Solidaria: el responsable asume la deuda junto con el sujeto pasivo sin necesidad de declaración previa de insolvencia.
• Subsidiaria: solo se exige el pago cuando el obligado principal no cumple con su deber y es declarado insolvente.

Supuestos de responsabilidad en el IVA

La responsabilidad tributaria puede derivarse en diversos escenarios contemplados en la LIVA y en la normativa comunitaria:

1. Operaciones realizadas con mala fe: Si un adquirente de bienes o servicios actúa con conocimiento de una situación irregular, como una aplicación indebida de exenciones o tipos reducidos, podría ser considerado responsable solidario del pago del IVA omitido.
2. Falsas transmisiones de unidades productivas: En casos donde se simula la continuidad de una actividad empresarial para eludir el pago del IVA, la Administración podrá exigir la deuda al adquirente.
3. Importaciones de bienes: Determinadas entidades, como asociaciones garantes y personas que actúan por cuenta de importadores, pueden ser responsables del pago del tributo.
4. Operaciones con precios anómalos: Si un empresario adquiere bienes o servicios a un precio notoriamente inferior al valor de mercado sin justificación económica, la Agencia Tributaria podrá considerarlo responsable subsidiario de la deuda del IVA.

• Atención. Se entiende por precio notoriamente anómalo, el que sea sensiblemente inferior al correspondiente a dichos bienes en las condiciones en que se ha realizado la operación o el satisfecho en adquisiciones anteriores de bienes idénticos. Y el que sea sensiblemente inferior al precio de adquisición de dichos bienes por parte de quien ha efectuado la entrega. No se considerará precio notoriamente anómalo el que se justifique por la existencia de factores económicos distintos a la aplicación del impuesto.

Riesgos ante una Inspección Tributaria

La Administración Tributaria cuenta con herramientas para detectar operaciones sospechosas y exigir el pago a los responsables tributarios. Entre los riesgos más comunes destacan:

• Reclamaciones de IVA no declarado: si se demuestra que el responsable tributario participó en una operación con indicios de fraude.
• Sanciones adicionales: además del pago del impuesto, podría exigirse el abono de intereses y multas por complicidad en la elusión fiscal.
• Bloqueo de deducciones fiscales: en algunos casos, la Administración podría denegar la deducción del IVA soportado si detecta irregularidades en la operación.

Ejemplo de responsabilidad en el IVA

Un empresario adquiere un establecimiento comercial en funcionamiento. El vendedor le asegura que se trata de una transmisión de unidad económica, lo que exime la operación del IVA según el artículo 7.1.a) de la LIVA. Sin embargo, tras la inspección, la Agencia Tributaria detecta que la actividad del negocio cesó poco después de la venta. En consecuencia, se considera que la operación estaba sujeta al impuesto y el vendedor debe pagar el IVA correspondiente.

Dado que el comprador declaró de forma inexacta su intención de continuar con la actividad, la Administración lo declara responsable solidario, exigiéndole también el pago del impuesto y las sanciones aplicables.

Para evitar responsabilidades tributarias inesperadas, se recomienda:

• Revisar las condiciones fiscales de cada operación antes de aceptar precios anormalmente bajos o condiciones de pago dudosas.
• Solicitar informes fiscales previos en operaciones de adquisición de empresas o activos significativos.
• Documentar de manera rigurosa todas las transacciones con proveedores y clientes.

Deberán presentar el modelo 721 aquéllos que a 31 de diciembre del año anterior hayan sido titulares, autorizados o beneficiarios de criptomonedas en el extranjero por más de 50.000 euros en total. La presentación del modelo en los años siguientes sólo será precisa si el saldo de criptomonedas aumenta en más de 20.000 euros.

Le informamos que el modelo 721 modelo 721 "Declaración informativa sobre monedas virtuales situadas en el extranjero", se implementó como consecuencia de la Ley 11/2021, de medidas antifraude, y fue aprobado y desarrollado por la Orden HFP/886/2023, de 26 de julio, por la que se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.

• Atención. El plazo de presentación por primera vez de este Modelo fue entre 1 enero - 31 marzo del 2024. Incluía la información del ejercicio 2023.

Esta regulación, convirtió en obligatoria la declaración de las criptomonedas depositadas en intercambios o plataformas ubicadas fuera de España, con el fin de prevenir el fraude y la evasión fiscal. Así, todos los ciudadanos que obtuvieron tenido criptodivisas en el extranjero en el ejercicio 2023 debieron revisar si debían presentar esta declaración.

Ahora, los contribuyentes que posean criptomonedas en el extranjero deberán presentar cada año el modelo 721. Esta declaración es muy parecida en su contenido al modelo 720 (que ya se utiliza para declarar otros activos situados en el extranjero):

• Deberán presentar el modelo 721 aquéllos que a 31 de diciembre del año anterior hayan sido titulares, autorizados o beneficiarios de criptomonedas en el extranjero por más de 50.000 euros en total.
• La presentación del modelo en los años siguientes sólo será precisa si el saldo de criptomonedas aumenta en más de 20.000 euros.

¿Quiénes están obligados a presentar el modelo 721?

Las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español, los establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entidades no residentes y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (herencias yacentes, comunidades de bienes...), que sean titulares de monedas virtuales en el extranjero, o respecto de las cuales tengan la condición de beneficiarios, autorizados o de alguna otra forma ostenten poder de disposición, o de las que sean titulares reales, custodiadas por personas o entidades que proporcionan servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales, a 31 de diciembre de cada año.

Dicha obligación también se extiende a quienes hayan sido titulares, autorizados, o beneficiarios de las citadas monedas virtuales, o hayan tenido poderes de disposición sobre las mismas, o hayan sido titulares reales en cualquier momento del año al que se refiera la declaración y que hubieran perdido dicha condición a 31 de diciembre de ese año. En estos supuestos, la información a suministrar será la correspondiente a la fecha en la que dicha extinción se produjo.

¿Respecto de qué monedas virtuales no resultará de aplicación esta obligación de información?

Esta obligación de información no resultará de aplicación respecto de las siguientes monedas virtuales:

1. Aquellas de las que sean titulares las entidades a que se refiere el artículo 9.1 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
2. Aquellas de las que sean titulares personas jurídicas y demás entidades residentes en territorio español, así como establecimientos permanentes en España de no residentes, registradas en su contabilidad de forma individualizada e identificadas por su denominación, valor y entidad de custodia y país o territorio en que se encuentren situadas.
3. Aquellas de las que sean titulares las personas físicas residentes en territorio español que desarrollen una actividad económica y lleven su contabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio, registradas en dicha documentación contable de forma individualizada e identificadas por su denominación, valor y entidad de custodia y país o territorio en que se encuentren situadas.
4. No existirá obligación de informar sobre ninguna moneda virtual cuando los saldos a 31 de diciembre de cada tipo de moneda virtual en el extranjero valorados en euros no superen, conjuntamente, los 50.000 euros. En caso de superarse dicho límite conjunto deberá informarse sobre todas las monedas virtuales.

¿Qué se entiende por "moneda virtual"?

Se entenderá por moneda virtual aquella representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central o autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda legalmente establecida y que no posee estatuto jurídico de moneda o dinero, pero que es aceptada como medio de cambio y puede ser transferida, almacenada o negociada electrónicamente.

¿Cuándo se entiende una moneda virtual situada en el extranjero?

Las monedas virtuales se entenderán situadas en el extranjero cuando la persona o entidad o establecimiento permanente que las custodie proporcionando servicios para salvaguardar las claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir dichas monedas no estuviera obligado a presentar la obligación de información a que se refiere el apartado 6 de la disposición adicional decimotercera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre del IRPF.

En la siguiente consulta interactiva del Banco de España, puede consultarse la localización de los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por fiduciaria y/o custodia de monederos electrónicos registrados en el Banco de España:

Registro de Entidades (bde.es)

Plazo de presentación del modelo 721

El modelo 721 deberá presentarse entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente a aquel al que se refiera la información a suministrar.

¿Qué información debe suministrarse en el modelo 721?

Los obligados a presentar el modelo 721 vendrán obligados a suministrar la información contenida en el anexo de la Orden HFP/886/2023, de 26 de julio, por la que se aprueba dicho modelo.

Así, la información a suministrar a la Administración tributaria comprenderá:

1. El nombre y apellidos o la razón social o denominación completa y, en su caso, número de identificación fiscal del país de residencia fiscal de la persona o entidad que proporciona servicios para salvaguardar las claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir las monedas virtuales, así como su domicilio o dirección de su sitio web.
2. La identificación completa de cada tipo de moneda virtual.
3. Los saldos de cada tipo de moneda virtual a 31 de diciembre expresados en unidades de moneda virtual y su valoración en euros.

Si la condición de obligado a declarar se hubiera extinguido antes del 31 de diciembre, la información a suministrar será la correspondiente a la fecha en la que dicha extinción se produjo.

Novedad para 2025. Se sustituye el anexo de la orden HFP/886/2023 por la que se aprobó el modelo 721 para incluir la siguiente modificación: Ampliación de las posiciones decimales del valor de la moneda virtual para que se puedan registrar monedas virtuales cuyo valor unitario tiene más de 6 decimales.

Para mayor detalle puede consultar en Contenido de la declaración informativa sobre monedas virtuales situadas en el extranjero, modelo 721

Preguntas frecuentes sobre el modelo 721

¿Cuáles son las sanciones si no se presenta el modelo 721?

• No presentar el modelo 721 conllevará una multa de 300€, si requiere la Administración, y 150€ por presentarlo de forma incorrecta.
• También se puede sancionar 20€ por registro no declarado/requerido o 10€ por hacerlo erróneamente.

Un año más, le recordamos que los contribuyentes del IRPF o del Impuesto sobre Sociedades que sean propietarios de bienes y derechos situados en el extranjero a 31 de diciembre de 2024 podrían quedar obligados a presentar la declaración de bienes y derechos situados en el extranjero (modelo 720) hasta el próximo 31 de marzo 2025

Este modelo deberá presentarse por vía telemática (Internet), sin que sea posible la presentación en papel. Aquellos que por razones de carácter técnico no puedan presentar el modelo 720 por Internet en el plazo establecido, podrán efectuar la presentación durante los cuatro días naturales siguientes al de finalización de dicho plazo.

Para aquellos que presentaron el Modelo 720 anteriormente, sólo será obligatoria la presentación cuando cualquiera de los saldos conjuntos de los tres diferentes bloques de bienes que son de obligada información (cuentas bancarias, acciones o inmuebles) hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto de los que determinaron la presentación de la declaración del año pasado. En todo caso, será obligatoria la presentación de la declaración para aquellos bienes ya declarados y respecto a los cuales el contribuyente pierda la condición que determinó en su día la obligación de declarar.

Los contribuyentes deberá informar sobre los bienes y derechos que tienen en el extranjero, tanto cuentas en entidades financieras, como bienes inmuebles, valores, derechos, seguros y rentas depositadas, gestionados u obtenidos fuera de España. Se excluye de esta obligación de declarar cuando el valor de los mismos no supere los 50.000 euros por cada tipo de bien o derecho.

¿Qué tipos de bienes y derechos se declaran?

• Bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero. Se detallará su identificación, situación (país, localidad, calle, número), la fecha de adquisición y el valor de adquisición (dependerá de si se trata de la plena propiedad, el usufructo, la nuda propiedad u otros casos).
• Cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero. Se debe incluir la denominación de la entidad bancaria, su domicilio, la identificación de las cuentas, las fechas de apertura o cancelación, el saldo a 31 de diciembre, el saldo medio del último trimestre, fecha en la que se dejó de tener la condición de titulares, representantes, autorizados, beneficiarios o persona con poder de disposición.
• Valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero.

1. En el supuesto de los valores deberá constar la razón social de la entidad o del tercero cesionario, así como el domicilio, saldo a 31 de diciembre y número, clase de acciones y valor.
2. En el caso de los derechos se incluyen los derechos representativos de la cesión a terceros de capitales propios.
3. Por lo que se refiere a los seguros es preciso informar sobre el nombre de la entidad aseguradora, el domicilio y el valor de rescate de la póliza a 31 de diciembre.
4. En cuanto a las rentas temporales o vitalicias se debe informar sobre la razón social de la entidad aseguradora, su domicilio y el valor de capitalización a 31 de diciembre.

En relación a los bienes y derechos que deben ser objeto de declaración, existen diversos matices que debes tener en cuenta como los que te detallamos a continuación:

• Se deben declarar las cuentas bancarias en las que exista una titularidad compartida, cuando exista un saldo a 31 de diciembre superior a los 50.000 euros.
• También se deberá declarar la titularidad compartida que recaiga sobre bienes inmuebles cuando el valor de adquisición supere los 50.000 euros a 31 de diciembre.

Atención. Si presentó el año pasado el modelo 720 porque disponía de depósitos bancarios, valores (acciones, fondos de inversión, seguros, etc.) o inmuebles en el extranjero valorados en más de 50.000 euros, deberá volver a presentar dicho modelo en cualquiera de estos dos supuestos:

• Si el valor de sus bienes aumenta en más de 20.000 euros.
• O bien si ha dejado de ser titular o autorizado de alguno de los bienes previamente declarado.

 ¿Qué sujetos están obligados?

Las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español, los establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entidades no residentes y las entidades en atribución de rentas (comunidades de bienes, sociedades civiles, herencias yacentes...) vendrán obligados a presentar esta declaración informativa anual., siempre que sean titulares o autorizados en cuentas en el extranjero cuyo saldo conjunto sea superior a 50.000 euros.

Asimismo, tienen obligación de declarar la información los titulares de valores, acciones, fondos, seguros de vida, bienes inmuebles o cualesquiera otros activos situados o depositados en el extranjero, por un importe superior conjunto a 50.000 euros. Además de los titulares jurídicos, y salvo que aplique alguna exoneración que deba analizarse detenidamente, están obligados los conocidos como titulares reales, esto es, aquellos que posean o controlen más del 25% de los mencionados activos a través de entidades con o sin personalidad jurídica.

Puede haber muchísimas personas obligadas, en particular extranjeros residentes, porque basta tener una pequeña parte (aunque sea un 1%) de una o varias cuentas en extranjero con saldo superior a 50.000€ (o incluso no tener nada y ser un simple autorizado), o tener una pequeña parte de un inmueble con valor superior a dicha cantidad.

Régimen sancionador

La Ley 5/2022, de 9 de marzo, y con efectos desde el 11 de marzo de 2022,  modificó la redacción de varias normas tributarias con rango de ley (Ley del IRPF, del IS y la LGT) con el objeto de eliminar los aspectos de la regulación de la obligación de información de bienes y derechos situados en el extranjero que habían sido declarados contrarios al Derecho de la Unión Europea por la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 27 de enero de 2022 (asunto C-788/19). La citada sentencia, concluyó que el régimen sancionador específico asociado a los incumplimientos de la obligación de declaración de bienes y derechos en el extranjero (modelo 720) en contrario al Derecho de la Unión Europea por establecer una restricción desproporcionada a la libre circulación de capitales.

En lugar de introducir nuevamente un régimen sancionador propio y diferenciado, el legislador se ha limitado a eliminar la redacción de los preceptos considerados por el TJUE incompatibles con la libre circulación de capitales, lo que, en la práctica, sólo tiene un alcance meramente formal.

En concreto:

• Se eliminan las multas pecuniarias fijas por no informar en plazo o por hacerlo de forma incompleta, inexacta o con datos falsos.
• Se eliminan los preceptos que calificaban el valor de los bienes no declarados en plazo como ganancia de patrimonio no justificada o como renta no declarada imputable al período impositivo más antiguo entre los no prescritos.
• Se elimina la multa pecuniaria proporcional del 150% sobre la cuota tributaria derivada de la ganancia de patrimonio no justificada o la renta no declarada.

Al no haberse sustituido lo anterior por un régimen específico, los eventuales incumplimientos de la obligación de informar quedan sujetos al régimen sancionador general previsto para la falta de presentación en plazo o de forma incorrecta de declaraciones que no produzcan perjuicio económico a la Hacienda Pública.

Hay que recordar que:

• Las sanciones eliminadas consistían en la imposición de una multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos, con un mínimo de 10.000 euros, o bien 100 euros por cada dato o conjunto de datos, con un mínimo de 1.500 euros, para los casos de presentación fuera de plazo sin requerimiento previo.
• Además de esa sanción, la normativa establecía  otra grave consecuencia tanto por no cumplir la obligación de informar como por hacerlo fuera de plazo, y es que Hacienda puede llegar a considerar que los bienes en el extranjero son ganancia patrimonial no justificada y cobrar por el IRPF una cuota hasta su tipo máximo margina o en el Impuesto sobre Sociedades, sobre su valor más una sanción adicional del 150% sobre dicha cuota. Y eso incluso aunque esos bienes y derechos procedan de periodos prescritos.

La no convalidación del Real Decreto-ley 9/2024 ha generado incertidumbre sobre los límites de facturación en el régimen de estimación objetiva del IRPF y el régimen simplificado del IVA (“Módulos”). Aunque Hacienda ha prometido una solución, los nuevos umbrales podrían obligar a miles de autónomos a cambiar su sistema de tributación. ¿Cómo te afecta y qué opciones tienes? Te lo explicamos.

La no convalidación del Real Decreto-ley 9/2024 (que entre otras medidas, regulaba los límites excluyentes para el régimen de "Módulos") ha dejado en un limbo normativo a muchos autónomos acogidos al régimen de estimación objetiva del IRPF y al régimen simplificado del IVA. Desde 2016, los límites de exclusión de estos regímenes venían prorrogándose año a año, pero en 2025 la situación se ha complicado.

¿Cómo está la situación en este momento?

El Ministerio de Hacienda ha anunciado que presentará una nueva norma en las próximas semanas para restablecer el límite de facturación de 125.000 euros, lo que permitiría a miles de autónomos seguir tributando en módulos. Sin embargo, mientras no se apruebe dicha norma, los límites vigentes para 2025 se han reducido drásticamente.

Nuevos límites en vigor tras la derogación del RDL 9/2024

A falta de la prórroga del régimen de módulos, los contribuyentes no podrán aplicar este método si en 2024 han superado alguno de estos límites:

• 150.000 € anuales de rendimientos íntegros para todas las actividades, excepto las agrícolas, ganaderas y forestales, cuyo umbral sigue en 250.000 €.
• 75.000 € anuales de facturación cuando el destinatario sea un empresario o profesional.
• 150.000 € anuales de volumen de compras en bienes y servicios, excluidas las adquisiciones de inmovilizado.

Impacto en los autónomos y posibles soluciones

El cambio normativo afecta especialmente al sector del transporte, donde unos 30.000 autónomos quedaron en una situación incierta tras la no convalidación del decreto. Desde Hacienda se ha asegurado que se buscará una solución legal con garantías para evitar perjuicios fiscales injustificados.

• Atención. El RDL 9/2024 ha estado vigente durante un tiempo en el que los autónomos han tenido derecho a optar por módulos según unos requisitos concretos. La Constitución Española prohíbe en su artículo 9.3, la retroactividad de las disposiciones que restringen derechos individuales. Por tanto, es difícil imaginar que se pueda excluir de módulos a quien cumplía con esos límites en las cuantías que vienen fijadas en el RDL 9/2024.

Consideraciones clave para los contribuyentes en el IRPF

• Si en 2024 no superaste los nuevos límites: Podrás seguir en módulos sin problema.
• Si superaste los nuevos límites pero no los anteriores (125.000 €): La prórroga del límite aún no está confirmada, por lo que es recomendable estar atentos a la nueva normativa.
• Si superaste los 150.000 € o 75.000 € en facturación a empresas: Deberás pasar al régimen de estimación directa en IRPF y al régimen general de IVA.

Régimen Especial simplificado del IVA ("Módulos")

Tampoco se ha aprobado la prórroga, para el ejercicio 2025, de los límites (que se vienen aplicando desde el ejercicio 2016) para la aplicación del Régimen Especial simplificado del IVA ("Módulos"). Este hecho implica que los autónomos que tributen en este régimen, ven reducidos los límites que les excluyen para poder aplicarlo. Así, se reduce de 250.000 euros a 150.000 euros que permite aplicar este método a:

• La totalidad de actividades (excepto las agrícolas, ganaderas, y forestales) cuyo volumen de ingresos en el año inmediato anterior no supere esas cifras.
• Aquellos empresarios o profesionales cuyas adquisiciones e importaciones de bienes y servicios para el conjunto de sus actividades empresariales o profesionales, excluidas las relativas a elementos del inmovilizado, no supera las cifras reseñadas.

¿Cómo te afecta esto?

• Si en 2024 no superaste los 150.000 € de ingresos ni de compras, puedes seguir en módulos en 2025.
• Si superaste esos límites, tendrás que tributar por el régimen general del IVA, lo que implica declarar el IVA repercutido y soportado en cada operación.
• Si solo superaste los 125.000 € de facturación a empresas, podrías beneficiarte de una prórroga si el Gobierno restablece el límite anterior.

¿Qué hacer ahora?

• Revisar tu facturación y compras de 2024 para ver si superas los nuevos límites.
  Seguir la evolución de la norma que prepara Hacienda para determinar si podrás mantener el régimen simplificado.
• Si te ves afectado por la exclusión del régimen simplificado, preparar la transición al régimen general del IVA, lo que implica mayor carga administrativa y la obligación de presentar declaraciones trimestrales con IVA repercutido y soportado.

El régimen de módulos sigue siendo un pilar fiscal para muchos autónomos, pero su continuidad en 2025 está en manos del Gobierno y de la aprobación de una nueva norma. Mientras tanto, es fundamental revisar tu situación y, si es necesario, preparar la transición a estimación directa para evitar problemas con la Agencia Tributaria.