Información General

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, entrará inmediatamente en vigor. Uno de los objetivos prioritarios es aumentar la oferta de viviendas en alquiler y ofrecer mayor seguridad jurídica al arrendatario y arrendador. Destacamos algunas de las novedades más importantes: 1. PLAZO MÍNIMO DEL CONTRATO Independientemente del plazo pactado en el contrato de arrendamiento de vivienda éste se prorroga obligatoriamente para el arrendador y voluntariamente para el inquilino si no ha alcanzado el plazo mínimo legal. Con esta reforma se amplía el plazo de prórroga forzosa, actualmente establecido en tres años y, además, el contrato se prorrogará de forma diferente en función a quién es el arrendador: 1.1. Arrendador Persona Física En contratos de duración inicialmente pactada por un plazo inferior a 5 años, llegado el día del vencimiento del contrato, este se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de CINCO AÑOS salvo que el arrendatario manifieste al arrendador, con treinta días de antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo. 1.2. Arrendador Persona Jurídica (sociedades) En contratos de duración inicialmente pactada por un plazo inferior a siete años, llegado el día del vencimiento del contrato, este se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de SIETE AÑOS salvo que el arrendatario manifieste al arrendador, con treinta días de antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo. 2. PRÓRROGA DEL CONTRATO Cumplido el plazo mínimo anteriormente señalado (5/7 años) se amplía también el plazo de prórroga tácita, que pasa a ser de tres años más en lugar del año vigente hasta ahora. Es decir: 2.1. Arrendador Persona Física Si llegada la fecha de vencimiento del contrato, o de cualquiera de sus prórrogas, una vez transcurridos como mínimo cinco años de duración de aquel, ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con treinta días de antelación a aquella fecha, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará necesariamente durante Tres años más. 2.2. Arrendador Persona Jurídica (sociedades) Si llegada la fecha de vencimiento del contrato, o de cualquiera de sus prórrogas, una vez transcurridos como mínimo siete años de duración de aquel, ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con treinta días de antelación a aquella fecha, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará necesariamente durante tres años más. 3. FACULTAD DE DESISTIMIENTO DEL ARRENDATARIO Pese a la ampliación de plazos que afecta siempre al arrendador, se mantiene sin modificación la facultad de desistimiento del arrendatario, que realmente solo se compromete a permanecer seis meses en la vivienda arrendada. El arrendatario podrá desistir del contrato de arrendamiento, una vez que hayan transcurrido al menos seis meses, siempre que se lo comunique al arrendador con una antelación mínima de treinta días. Las partes podrán pactar en el contrato que, para el caso de desistimiento, deba el arrendatario indemnizar al arrendador con una cantidad equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por cada año del contrato que reste por cumplir. Los períodos de tiempo inferiores al año darán lugar a la parte proporcional de la indemnización. No es válido pactar una indemnización superior. 4. GASTOS DE GESTIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATO Se establece que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato correrán a cargo del arrendador, cuando este sea persona jurídica (una sociedad o empresa), salvo aquellos gastos en los que se haya incurrido por iniciativa directa del arrendatario. 5. LÍMITE A LAS GARANTÍAS ADICIONALES Las partes podrán pactar cualquier tipo de garantía del cumplimiento por el arrendatario de sus obligaciones arrendaticias adicional a la fianza en metálico (depósito en metálico, bancario, aval, etc.). Hasta ahora no había ningún límite a la garantía que quisiera pedir el arrendador. Con la reforma, en el caso del arrendamiento de vivienda, en contratos de hasta cinco años de duración, o de hasta siete años si el arrendador fuese persona jurídica, el valor de esta garantía adicional no podrá exceder de dos mensualidades de renta. 6. PISOS TURÍSTICOS Se establecen 2 medidas respecto a este tipo de alquileres: 6.1. Exclusión expresa de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Queda fuera de la LAU la cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística o por cualquier otro modo de comercialización o promoción, y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial turística. La consecuencia de esta medida es que la regulación de este tipo de alquileres pasa a ser competencia de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. 6.2. Veto de la Comunidades de Propietarios. Se modifica la Ley de Propiedad Horizontal, de forma que las Comunidades de Propietarios podrán adoptar acuerdos que limiten o condicionen el ejercicio de la actividad del alquiler turístico. Para esto será suficiente el acuerdo por mayoría cualificada de tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación y no la unanimidad exigida hasta ahora. Esta mayoría cualificada será incluso suficiente para adoptar acuerdos por que establezcan cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda donde se realice dicha actividad, siempre que estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20%. 7. REFORMA DEL PROCEDIMIENTO DE DESAHUCIO DE VIVIENDA Con el fin de aumentar la protección a los inquilinos “vulnerables” y con un evidente retraso añadido en la resolución de estos procedimientos, se reforma el desahucio de vivienda, de forma que en el requerimiento de pago al demandado emitido por el Juzgado, se le informará de la posibilidad de que acuda a los Servicios Sociales, y en su caso, de la posibilidad de autorizar la cesión de sus datos a estos, a efectos de que puedan apreciar la posible situación de vulnerabilidad. En caso de que la Administración competente apreciase indicios de la existencia de dicha situación, se notificará al órgano judicial y se suspenderá el proceso hasta que se adopten las medidas que los Servicios Sociales estimen oportunas, durante un plazo máximo de suspensión de un mes a contar desde la recepción de la comunicación de los Servicios Sociales al órgano judicial, o de dos meses si el demandante es una persona jurídica. 8. ENTRADA EN VIGOR Todas estas medidas son ya aplicables desde el 18/12/2018, por ello: 8.1. Contratos de arrendamiento de vivienda celebrados a partir del miércoles 19 de diciembre de 2018 (inclusive). Se deben ajustar a la nueva normativa. 8.2. Contratos de arrendamiento de vivienda celebrados hasta el martes 18 de diciembre de  2018. Se rigen por la normativa que le sea de aplicación, es decir, la vigente en el momento de la firma del contrato anterior a esta reforma.

Con efectos desde el 19 de diciembre de 2018, se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que pretende mejorar el acceso a la vivienda y favorecer el alquiler asequible. Entre otras novedades, se amplía el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda de 3 a 5 años (o 7 años si el arrendador es persona jurídica) y se alarga el plazo de prórroga tácita de 1 a 3 años. Además, en el momento de la firma del contrato, el arrendador no podrá exigir al nuevo inquilino un aval, al margen de la fianza, que exceda en dos meses la renta mensual de alquiler a no ser que se trate de contratos de larga duración, y se establece que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato correrán a cargo del arrendador, cuando este sea persona jurídica (empresa o sociedad). Con efectos desde el 19 de diciembre de 2018, se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que pretende mejorar el acceso a la vivienda y favorecer el alquiler asequible. Atención. Los contratos de arrendamiento suscritos con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley continuarán rigiéndose por lo establecido en el régimen jurídico que les era de aplicación. Sin perjuicio de ello, cuando las partes lo acuerden y no resulte contrario a las previsiones legales, los contratos preexistentes podrán adaptarse al régimen jurídico establecido en este Real Decreto-ley. La nueva norma comprende modificaciones en cinco normas: la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley sobre Propiedad Horizontal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Las medidas que contempla el Real Decreto-ley son las siguientes: Mejora de la regulación de los contratos de alquiler. Se modifica la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos (LAU), introduciendo las siguientes modificaciones que afectan a los contratos del alquiler:

1. Se amplía el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda de 3 a 5 años (o 7 años si el arrendador es persona jurídica). Es decir, aumenta el plazo legal mínimo en el que el inquilino puede permanecer en la vivienda arrendada.
2. Se amplía el plazo de prórroga tácita de 1 a 3 años. Se trata del plazo temporal por el que se amplía el contrato una vez transcurrido el periodo de prórroga obligatoria, en el caso de que el arrendador o el arrendatario no manifiesten su voluntad de no renovarlo.
3. Se limitan las garantías adicionales a la fianza, hasta un máximo de dos mensualidades, salvo que se trate de contratos de larga duración. De esta forma, se limita la carga económica que en ocasiones genera al inquilino la firma de un nuevo contrato, a través de un aval o depósito bancario que se suma a la cuantía de la fianza.
4. Se facilita la adopción de acuerdos entre el propietario y el inquilino para la renovación o mejora de la vivienda en el transcurso de un mismo contrato de arrendamiento.
5. Se establece que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato correrán a cargo del arrendador, cuando este sea persona jurídica (una sociedad o empresa), salvo aquellos gastos en los que se haya incurrido por iniciativa directa del arrendatario.

Actualmente los que van a una agencia inmobiliaria a buscar casa de alquiler deben abonarle una mensualidad en concepto de honorarios, una cantidad de la que a partir de ahora deberá hacerse cargo el arrendador.

1. Se mejora y aclara la remisión de los contratos de alquiler turístico de vivienda a la normativa sectorial turística que resulte aplicable.

Medidas en favor de las comunidades de propietarios ante el fenómeno del alquiler turístico de viviendas. Los alquileres turísticos salen de la LAU y se regularán como una actividad económica. Se modifica la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, para habilitar la posibilidad de que, por mayoría cualificada de tres quintas partes de los propietarios, en las comunidades de vecinos puedan adoptarse acuerdos que limiten o condicionen el ejercicio de la actividad del alquiler turístico de vivienda, para, de esta forma, favorecer la convivencia en los edificios de viviendas. Una medida que, solo se aplicará a nuevos pisos turísticos y no a los ya existentes porque "no tiene carácter retroactivo". Más protección a los hogares vulnerables y mayor seguridad jurídica en el procedimiento de desahucio de vivienda. Se introducen cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil para que se paralicen los desahucios hasta que se encuentre una alternativa habitacional en los casos que afecten a personas o familias vulnerables, estableciendo que la determinación de la situación de vulnerabilidad producirá la suspensión del procedimiento hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas por un plazo máximo de un mes, o de dos meses cuando el demandante sea persona jurídica. En concreto, en estos casos los jueces notificarán los inicios de los procesos de desahucio a los servicios sociales. Estos emitirán un informe y, si alertan de que las personas que van a ser expulsadas de su hogar se encuentran en situación de vulnerabilidad, se abrirá una prórroga de un mes (o de dos cuando es una persona jurídica la que solicita el lanzamiento) para buscar una solución. Medidas fiscales en favor del alquiler de vivienda. Se establece la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) en la suscripción de contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente, de manera que se reducen las cargas fiscales que conlleva el mercado del alquiler de vivienda habitual. Además, se modifica la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) incorporando medidas que favorecen el mercado de alquiler de vivienda:

1. Se elimina la obligación de repercutir el IBI al arrendatario en el alquiler social de vivienda por parte de Administraciones o entes públicos.
2. Los Ayuntamientos con superávit podrán destinarlo a promover su parque de vivienda pública.
3. Se habilita a los Ayuntamientos la posibilidad de establecer una bonificación de hasta el 95 por ciento en la cuota del IBI para las viviendas sujetas a alquiler a precio limitado.
4. Se establecen las bases y garantías para la definición del concepto de inmueble de uso residencial desocupado con carácter permanente, para la aplicación por parte de los Ayuntamientos del recargo en el IBI establecido en el año 2002.

Medidas de fomento de la accesibilidad universal. Con objeto de estimular la realización de obras de adaptación o mejora de la accesibilidad, se modifica la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal para aumentar, en un plazo de tres años, al 10 por ciento el fondo de reserva de las comunidades de propietarios, y establecer la posibilidad de que se destine a la realización de obras en materia de accesibilidad, en un contexto demográfico, en el que cada vez hay más personas en situación de movilidad reducida que encuentran gravemente limitados sus derechos por la existencia de barreras físicas en sus edificios. Asimismo, se establece la obligatoriedad de las obras de accesibilidad establecidas legalmente cuando las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75 por ciento del importe de las mismas. Medidas de estímulo de la oferta y próximas iniciativas. La aprobación de este Real Decreto-Ley de medidas urgentes constituye el primer resultado del Grupo de Trabajo Interministerial en el que han participado representantes de ocho Departamentos Ministeriales (Fomento; Justicia; Hacienda; Economía y Empresa; Industria, Comercio y Turismo; Política Territorial y Función Pública; Sanidad, Consumo y Bienestar Social; y, Transición Ecológica) junto con el Departamento de Asuntos Económicos de Presidencia del Gobierno, con el objetivo de programar un amplio conjunto de medidas que de forma particular permita aumentar la oferta de viviendas de alquiler, y poner en marcha una reorientación de la política de vivienda a nivel estatal, aunque el desarrollo y la ejecución de la misma corresponda a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. En este marco, en los próximos meses se impulsarán nuevas medidas que afronten desde una perspectiva a medio plazo, los aspectos estructurales que pueden incidir en un aumento de la oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles y en el fomento de la actividad de los distintos operadores y agentes públicos y privados del sector. De esta forma, se pueden destacar las siguientes iniciativas y líneas de actuación que tienen ya un avanzado grado de desarrollo y que servirán para completar la reforma integral en materia de vivienda:

1. Aprobación de un Real Decreto-Ley de medidas administrativas y procesales para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística.
2. Tramitación de una Ley estatal de Vivienda que, garantizará el ejercicio del derecho constitucional a la vivienda en todo el Estado, configurándola como servicio público e impidiendo por Ley la enajenación del parque público de vivienda a fondos de inversión.
3. Favorecer la actividad de los promotores de vivienda social, posibilitando el destino de los remanentes de tesorería municipal a inversiones financieramente sostenibles, entre las que se incluya específicamente la construcción y rehabilitación de vivienda.
4. Plan 20.000 viviendas. A desarrollar a lo largo de un plazo de 4-6 años, estarán destinadas de forma indefinida al alquiler o a la cesión en uso con rentas y precio limitados, en aquellas localizaciones que cuenten con una demanda acreditada y en las que el precio del alquiler se ha incrementado considerablemente.
5. Medidas estructurales para favorecer la actividad y la oferta. En el propio Real Decreto-ley se encomienda al Ministerio de Fomento la adopción de una serie de medidas para dinamizar la oferta de vivienda en alquiler. Se analizarán diferentes medidas específicas para agilizar los trámites de concesión de licencias y reducir la carga administrativa en la promoción inmobiliaria y la actividad de la construcción, evaluando cuestiones como la dotación de medios materiales y recursos humanos para asegurar la eficiencia de las oficinas responsables a nivel local, la racionalización de trámites, la administración o servicios electrónicos y la adecuación del marco normativo y legislativo.

Para el desarrollo de todas estas medidas se avanzará en materia de colaboración y cooperación por parte del Estado con las Administraciones territoriales que ejercen las competencias en estas materias: comunidades autónomas y ayuntamientos

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se declaran las fiestas laborales de ámbito local en la Comunidad de Madrid para el año 2019.

BOCM 20-12-2018

De acuerdo con la previsión contenida en el artículo 37.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (“Boletín Oficial del Estado” del 24), las fiestas laborales, de carácter retribuido y no recuperable, comprenderán dos fiestas locales.

Esta Dirección General de Trabajo, vistas las propuestas formuladas al efecto por los respectivos Ayuntamientos y en uso de las competencias atribuidas por el Real Decreto 932/1995, de 9 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del 11 de julio) , en relación con el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio (“Boletín Oficial del Estado” del 29), declarado vigente por el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre (“Boletín Oficial del Estado” del 26), y con el Decreto 193/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 6 de agosto),

ACUERDA

Declarar inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables, en el año 2019, los días de fiestas locales que, con referencia a sus respectivos municipios, se incluyen en la lista siguiente:

AJALVIR	4 DE FEBRERO y 15 DE MAYO
ALAMEDA DEL VALLE	18 y 26 DE JULIO
ALCALÁ DE HENARES	6 DE AGOSTO y 9 DE OCTUBRE
ALCOBENDAS	24 DE ENERO y 15 DE MAYO
ALCORCÓN	22 DE ABRIL y 9 DE SEPTIEMBRE
ALDEA DEL FRESNO	17 DE ENERO y 28 DE JUNIO
ALGETE	13 y 16 DE SEPTIEMBRE
ALPEDRETE	20 y 22 DE MAYO
AMBITE	4 DE FEBRERO y 3 DE MAYO
ANCHUELO	29 Y 30 DE ABRIL
ARANJUEZ	30 DE MAYO y 5 DE SEPTIEMBRE
ARGANDA DEL REY	13 y 16 DE SEPTIEMBRE
ARROYOMOLINOS	20 Y 21 DE JUNIO
BATRES	11 DE FEBRERO y 26 DE AGOSTO
BECERRIL DE LA SIERRA	16 DE AGOSTO y 16 DE SEPTIEMBRE
BELMONTE DE TAJO	15 DE MAYO y 6 DE SEPTIEMBRE
BERZOSA DE LOZOYA	3 DE MAYO Y 16 DE AGOSTO
BOADILLA DEL MONTE	3 DE JUNIO y 7 DE OCTUBRE
BRAOJOS DE LA SIERRA	22 DE ENERO y 9 DE SEPTIEMBRE
BREA DE TAJO	7 y 8 DE OCTUBRE
BRUNETE	15 DE MAYO y 13 DE SEPTIEMBRE
BUITRAGO DE LOZOYA	16 DE AGOSTO y 13 DE SEPTIEMBRE
BUSTARVIEJO	15 DE MAYO y 13 DE SEPTIEMBRE
CABANILLAS DE LA SIERRA	21 DE JUNIO y 5 DE DICIEMBRE
CADALSO DE LOS VIDRIOS	22 DE ABRIL y 14 DE SEPTIEMBRE
CAMARMA DE ESTERUELAS	5 y 6 DE SEPTIEMBRE
CAMPO REAL	15 DE MAYO y 16 DE SEPTIEMBRE
CANENCIA	22 DE ABRIL y 14 DE OCTUBRE
CARABAÑA	13 DE SEPTIEMBRE y 13 DE DICIEMBRE
CASARRUBUELOS.	3 DE MAYO y 26 DE JULIO
CENICIENTOS	16 DE AGOSTO y 26 DE DICIEMBRE
CERCEDA	NO COMUNICADO POR EL AYUNTAMIENTO
CERCEDILLA	21 DE ENERO y 9 DE SEPTIEMBRE
CERVERA DE BUITRAGO	28 DE AGOSTO y 16 DE DICIEMBRE
CHAPINERÍA	4 DE MARZO y 7 DE OCTUBRE
CHINCHÓN	25 DE JULIO y 16 DE AGOSTO
CIEMPOZUELOS	16 y 17 DE SEPTIEMBRE
COBEÑA	6 DE MAYO y 7 DE OCTUBRE
COLLADO MEDIANO	23 y 24 DE ENERO
COLLADO VILLALBA	13 DE JUNIO y 25 DE JULIO
COLMENAR DEL ARROYO	NO COMUNICADO POR EL AYUNTAMIENTO
COLMENAR DE OREJA	3 DE MAYO y 13 DE SEPTIEMBRE
COLMENAR VIEJO	26 y 27 DE AGOSTO
COLMENAREJO	15 DE MAYO y 25 DE JULIO
CORPA	15 DE MAYO y 14 DE SEPTIEMBRE
COSLADA	15 DE MAYO y 10 DE JUNIO
CUBAS DE LA SAGRA	15 DE MAYO y 9 DE SEPTIEMBRE
DAGANZO	14 DE JUNIO y 2 DE SEPTIEMBRE
EL ALAMO	15 DE MAYO y 2 DE SEPTIEMBRE
EL ATAZAR	3 DE MAYO y 25 DE NOVIEMBRE
EL BERRUECO	13 Y 14 DE MAYO
EL BOALO	NO COMUNICADO POR EL AYUNTAMIENTO
EL ESCORIAL	11 DE JUNIO y 2 DE SEPTIEMBRE
EL ESPARTAL	18 DE MARZO y 14 DE OCTUBRE
EL MOLAR	30 Y 31 DE MAYO
EL VELLÓN	4 Y 7 DE OCTUBRE
ESTREMERA	14 y 15 DE OCTUBRE
FRESNEDILLAS DE LA OLIVA	21 DE ENERO y 23 DE AGOSTO
FRESNO DE TOROTE	16 y 19 DE AGOSTO
FUENLABRADA	14 DE SEPTIEMBRE y 26 DE DICIEMBRE
FUENTE EL SAZ DE JARAMA	6 y 9 DE SEPTIEMBRE
FUENTIDUEÑA DE TAJO	9 y 10 DE SEPTIEMBRE
GALAPAGAR	15 DE MAYO y 13 DE SEPTIEMBRE
GARGANTA DE LOS MONTES	15 DE MAYO y 7 DE OCTUBRE
GARGANTILLA DEL LOZOYA Y PINILLA DE BUITRAGO	21 DE MARZO y 19 DE AGOSTO
GASCONES	5 DE AGOSTO y 7 DE OCTUBRE
GETAFE	30 DE MAYO y 10 DE JUNIO
GRIÑÓN	17 DE JUNIO y 16 DE AGOSTO
GUADALIX DE LA SIERRA	15 DE MAYO y 6 DE SEPTIEMBRE
GUADARRAMA	30 DE SEPTIEMBRE y 4 DE OCTUBRE
HORCAJO DE LA SIERRA – AOSLOS	15 DE MAYO y 16 DE AGOSTO
HORCAJUELO DE LA SIERRA	17 DE JUNIO y 26 DE AGOSTO
HOYO DE MANZANARES	NO COMUNICADO POR EL AYUNTAMIENTO
HUMANES DE MADRID	8 DE AGOSTO y 16 DE SEPTIEMBRE
LA ACEBEDA	NO COMUNICADO POR EL AYUNTAMIENTO
LA CABRERA	13 DE JUNIO y 18 DE OCTUBRE
LA HIRUELA	NO COMUNICADO POR EL AYUNTAMIENTO
LA SERNA DEL MONTE	29 y 30 DE AGOSTO
LAS ROZAS DE MADRID	6 DE MAYO y 30 DE SEPTIEMBRE
LEGANÉS	16 DE AGOSTO y 11 DE OCTUBRE
LOECHES	5 y 6 DE SEPTIEMBRE
LOS MOLINOS	21 DE ENERO y 13 DE SEPTIEMBRE
LOS SANTOS DE LA HUMOSA	15 DE MAYO y 9 DE SEPTIEMBRE
LOZOYA	6 DE AGOSTO y 8 DE OCTUBRE
LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS	23 DE SEPTIEMBRE y 5 DE DICIEMBRE
MADARCOS	1 DE MARZO y 26 DE JULIO
MADRID	15 DE MAYO y 9 DE NOVIEMBRE
MAJADAHONDA	14 DE SEPTIEMBRE y 25 DE NOVIEMBRE
MANZANARES EL REAL	NO COMUNICADO POR EL AYUNTAMIENTO
MATAELPINO	NO COMUNICADO POR EL AYUNTAMIENTO
MECO	5 y 6 DE SEPTIEMBRE
MEJORADA DEL CAMPO	16 y 17 DE SEPTIEMBRE
MIRAFLORES DE LA SIERRA	4 DE FEBRERO y 15 DE MAYO
MONTEJO DE LA SIERRA	30 DE AGOSTO Y 2 DE SEPTIEMBRE
MORALEJA DE ENMEDIO	2 y 3 DE SEPTIEMBRE
MORALZARZAL	3 DE MAYO y 20 DE SEPTIEMBRE
MORATA DE TAJUÑA	15 DE MAYO y 9 DE SEPTIEMBRE
MÓSTOLES	15 DE MAYO y 12 DE SEPTIEMBRE
NAVACERRADA	13 DE JUNIO y 9 DE SEPTIEMBRE
NAVALAFUENTE	5 DE FEBRERO y 24 DE AGOSTO
NAVALAGAMELLA	8 DE MAYO y 14 SEPTIEMBRE
NAVALCARNERO	15 DE MAYO y 9 DE SEPTIEMBRE
NAVARREDONDA Y SAN MAMES	17 DE AGOSTO Y 30 SEPTIEMBRE
NAVAS DEL REY	22 DE ABRIL Y 2 DE SEPTIEMBRE
NUEVO BAZTÁN	6 DE MAYO y 3 DE DICIEMBRE
OLMEDA DE LAS FUENTES	22 DE ABRIL y 26 DE AGOSTO
ORUSCO DE TAJUÑA	9 DE SEPTIEMBRE y 27 DE DICIEMBRE
PARACUELLOS DE JARAMA	10 Y 11 DE JUNIO
PARLA	17 DE JUNIO y 9 DE SEPTIEMBRE
PATONES	1 DE FEBRERO y 24 DE JUNIO
PEDREZUELA	27 y 30 DE SEPTIEMBRE
PELAYOS DE LA PRESA	4 DE FEBRERO y 16 DE AGOSTO
PERALES DE TAJUÑA	4 DE FEBRERO y 15 DE MAYO
PEZUELA DE LAS TORRES	3 DE MAYO y 16 DE SEPTIEMBRE
PINILLA DEL VALLE	3 DE MAYO Y 30 DE SEPTIEMBRE
PINTO	15 DE MAYO Y 20 DE DICIEMBRE
PIÑUECAR - GANDULLAS	25 DE ENERO y 7 DE OCTUBRE
POZUELO DE ALARCÓN	16 DE JULIO y 2 DE SEPTIEMBRE
POZUELO DEL REY	NO COMUNICADO POR EL AYUNTAMIENTO
PRÁDENA DEL RINCÓN	13 y 16 DE JULIO
PUEBLA DE LA SIERRA	15 DE MAYO y 9 DE SEPTIEMBRE
PUENTES VIEJAS	8 y 25 DE JULIO
QUIJORNA	15 DE MAYO y 27 DE DICIEMBRE
RASCAFRIA	16 DE AGOSTO y 30 DE NOVIEMBRE
REDUEÑA	16 DE SEPTIEMBRE y 13 DE DICIEMBRE
RIBATEJADA	25 DE MAYO y 31 DE AGOSTO
RIVAS-VACIAMADRID	14 y 15 DE MAYO
ROBLEDILLO DE LA JARA	12 DE AGOSTO y 7 DE OCTUBRE
ROBLEDO DE CHAVELA	22 y 26 DE AGOSTO
ROBREGORDO	16 y 19 DE AGOSTO
ROZAS DE PUERTO REAL	5 DE FEBRERO y 24 DE JUNIO
SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX	13 y 16 DE SEPTIEMBRE
SAN FERNANDO DE HENARES	15 y 30 DE MAYO
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL	10 DE AGOSTO y 9 DE SEPTIEMBRE
SAN MARTÍN DE LA VEGA	25 y 26 DE ABRIL
SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS	22 DE ABRIL y 11 DE NOVIEMBRE
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES	21 DE ENERO y 28 DE AGOSTO
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA	15 DE MAYO y 25 DE JULIO
SANTORCAZ	15 DE MAYO y 16 DE SEPTIEMBRE
SERRANILLOS DEL VALLE	16 DE AGOSTO y 2 DE SEPTIEMBRE
SEVILLA LA NUEVA	15 DE MAYO y 14 DE SEPTIEMBRE
SOMOSIERRA	NO COMUNICADO POR EL AYUNTAMIENTO
SOTO DEL REAL	5 DE AGOSTO y 7 DE OCTUBRE
TALAMANCA DE JARAMA	4 DE FEBRERO y 29 DE ABRIL
TIELMES	NO COMUNICADO POR EL AYUNTAMIENTO
TITULCIA	26 y 27 DE AGOSTO
TORREJÓN DE ARDOZ	24 Y 25 DE JUNIO
TORREJÓN DE LA CALZADA	21 DE ENERO y 9 DE SEPTIEMBRE
TORREJÓN DE VELASCO	15 DE MAYO y 11 DE OCTUBRE
TORRELAGUNA	2 y 3 DE SEPTIEMBRE
TORRELODONES	16 DE JULIO y 16 DE AGOSTO
TORREMOCHA DE JARAMA	3 y 15 DE MAYO
TORRES DE LA ALAMEDA	7 y 8 DE OCTUBRE
TRES CANTOS	21 DE MARZO y 24 DE JUNIO
VALDARACETE	3 DE MAYO Y 13 DE SEPTIEMBRE
VALDEAVERO	13 y 14 DE SEPTIEMBRE
VALDELAGUNA	29 DE ABRIL y 16 DE JULIO
VALDEMANCO	16 DE JULIO y 16 DE AGOSTO
VALDEMAQUEDA	6 DE MARZO y 16 DE AGOSTO
VALDEMORILLO	4 DE FEBRERO y 9 DE SEPTIEMBRE
VALDEMORO	6 DE MAYO y 9 DE SEPTIEMBRE
VALDEOLMOS-ALALPARDO	15 DE MAYO y 12 DE AGOSTO (Valdeolmos) y 26 AGOSTO (Alalpardo)
VALDEPIELAGOS	15 DE MAYO y 16 DE AGOSTO
VALDETORRES DE JARAMA	3 DE MAYO y 16 DE SEPTIEMBRE
VALDILECHA	9 DE SEPTIEMBRE y 11 DE NOVIEMBRE
VALVERDE DE ALCALÁ	15 DE MAYO y 6 DE SEPTIEMBRE
VELILLA DE SAN ANTONIO	23 y 24 DE SEPTIEMBRE
VENTURADA	15 DE MAYO y 24 DE JUNIO
VILLACONEJOS	NO COMUNICADO POR EL AYUNTAMIENTO
VILLA DEL PRADO	22 DE ABRIL y 25 DE JULIO
VILLALBILLA	3 DE MAYO y 27 DE SEPTIEMBRE
VILLAMANRIQUE DE TAJO	26 DE ABRIL y 13 DE SEPTIEMBRE
VILLAMANTA	1 DE FEBRERO y 17 DE MAYO
VILLAMANTILLA	NO COMUNICADO POR EL AYUNTAMIENTO
VILLANUEVA DE LA CAÑADA	15 DE MAYO y 25 DE JULIO
VILLANUEVA DE PERALES	3 DE MAYO y 7 DE DICIEMBRE
VILLANUEVA DEL PARDILLO	17 y 18 DE OCTUBRE
VILLAR DEL OLMO	NO COMUNICADO POR EL AYUNTAMIENTO
VILLAREJO DE SALVANÉS	30 DE AGOSTO y 7 DE OCTUBRE
VILLAVICIOSA DE ODÓN	NO COMUNICADO POR EL AYUNTAMIENTO
VILLAVIEJA DEL LOZOYA	26 DE AGOSTO y 10 DE DICIEMBRE
ZARZALEJO	28 DE JUNIO y 6 DE SEPTIEMBRE

Dado en Madrid, a 5 de diciembre de 2018.—El Director General de Trabajo, Ángel Jurado Segovia.

Aprobada la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales

Con efectos desde el 7 de diciembre de 2018, se ha publicado en el BOE la nueva Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que entre otras novedades regula los nuevos derechos digitales en el ámbito laboral (derecho a la intimidad de los trabajadores en el uso de dispositivos digitales, derecho a la desconexión, el uso de videovigilancia, la grabación de sonidos o la geolocalización), así como los sistemas de información de denuncias internas, los sistemas de exclusión publicitaria, los derechos de los interesados (acceso, rectificación, supresión o derecho al olvido, limitación, oposición y portabilidad), incluyendo también el derecho al olvido en búsquedas de internet y redes sociales y el derecho a la portabilidad en redes sociales, y añadiendo un catálogo de nuevos derechos denominados conjuntamente derechos digitales (como el derecho al testamento digital, derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales, etc.).

Con efectos desde el 7 de diciembre de 2018, se ha publicado en el BOE la nueva Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el derecho español al modelo establecido por Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD) –que recordemos es de aplicación directa- y que dejó en manos de los Estados miembros. No obstante, el legislador español ha aprovechado la norma para incluir también los denominados derechos digitales, aquellos derechos relacionados con el uso de la tecnología en la vida privada y el trabajo.

La adaptación al Reglamento general de protección de datos, que es aplicable desde el 25 de mayo de 2018, requería la aprobación de una nueva Ley Orgánica que sustituya a la hasta ahora vigente.

Ahora, esta nueva Ley deroga a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y deroga también al Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos, que se dictó con carácter de urgencia para que se pudiera aplicar en España el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, dado que no se había aprobado todavía la nueva Ley.

La nueva Ley afecta a todas las personas físicas y jurídicas establecidas o no en territorio de la U.E. que traten datos personales de personas físicas que se encuentren en la U.E, respecto a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales y a los tratamientos no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.

¿Qué principales novedades introduce la nueva Ley con respecto al RGPD y los derechos digitales?

Testamento digital

• Uno de los aspectos novedosos incluidos en la nueva normativa es que se reconoce específicamente el derecho de acceso y, en su caso, de rectificación o supresión por parte de quienes tuvieran vinculación con personas fallecidas por razones familiares o de hecho y a sus herederos. La medida limita el ejercicio de estos derechos cuando el fallecido lo hubiera prohibido.

• En caso de menores y personas con discapacidad se amplían estas facultades a los representantes legales, Ministerio Fiscal y personas designadas para funciones de apoyo.

• Mediante Real Decreto se establecerán los requisitos y condiciones que acrediten la validez y vigencia de estos derechos e instrucciones de la persona fallecida sobre el ejercicio de estos derechos.

Menores de edad

En cuanto a los menores, la Ley fija en 14 años la edad a partir de la cual se puede prestar consentimiento de manera autónoma. También se regula expresamente el derecho a solicitar la supresión de los datos facilitados a redes sociales u otros servicios de la sociedad de la información por el propio menor o por terceros durante su minoría de edad.

Tratamiento de datos de naturaleza penal

Fuera de los supuestos del RGPD, estos tratamientos de datos solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones.

Sistemas de información crediticia (los conocidos como ficheros de morosos)

Otra novedad es la referida a la regulación de los sistemas de información crediticia (los conocidos como ficheros de morosos), que reducen de 6 a 5 años el periodo máximo de inclusión de las deudas y en los que se exige una cuantía mínima de 50 euros (cuyo importe puede actualizarse mediante Real Decreto) para la incorporación de las deudas a dichos sistemas. Con la anterior Ley, no existía una cantidad mínima.

Solo quienes mantengan una relación contractual con el deudor o éste hubiera solicitado la celebración de un contrato que implique financiación, pago aplazado o facturación periódica podrán consultar los datos del deudor.

Operación de modificación estructural de sociedades o aportación o transmisión de negocio o rama de actividad

Se establece que son lícitos los tratamientos de datos que se deriven de cualquier operación de modificación estructural de sociedades o aportación o transmisión de negocio o rama de actividad empresarial cuando los tratamientos sean necesarios para el buen fin de la operación y garanticen cuando sea el caso, la continuidad en la prestación de servicios.

La entidad cesionaria ha de suprimir los datos con carácter inmediato sin aplicar la obligación de bloqueo cuando la operación no llegue a concluirse.

Captación de imágenes

• Se permite la captación de imágenes de la vía pública a través de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas, bienes e instalaciones cuando resulte imprescindible para esta finalidad.

• Esta captación puede ampliarse a una extensión superior con el límite de las imágenes del interior de un domicilio privado cuando fuese necesario para garantizar la seguridad de los bienes o instalaciones estratégicos o infraestructuras vinculadas al transporte.

• Estos datos han de ser suprimidos sin obligación de bloqueo en el plazo de un mes desde su captación excepto que estos datos hayan de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de las personas, bienes o instalaciones.

• En caso de obligación de conservación de los datos, en el plazo máximo de 72 horas desde que se tenga conocimiento de la existencia de la grabación, han de ponerse a disposición de la autoridad competente.

Sistemas de denuncias internas

• Regulación de un mecanismo de denuncias internas anónimas o no que permite a las empresas poner en conocimiento de una entidad privada la comisión de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la normativa.

• El acceso a estos datos solo podrá realizarse por quienes realicen funciones de control interno y de cumplimiento sin embargo cuando resulte necesario para la adopción de medidas disciplinarias o para la tramitación de procedimientos judiciales también es lícito el acceso por parte de otras personas o incluso su comunicación a terceros.

• Es obligación de los responsables:

  • Adoptar las medidas necesarias para preservar la identidad y confidencialidad de los datos de las personas afectadas y especialmente de la persona denunciante.

  • Conservar los datos durante el tiempo imprescindible para la toma de decisiones.

  • Suprimir los datos del sistema de denuncias a los tres meses desde la introducción de los datos excepto en caso que la finalidad de la conservación sea dejar evidencia del funcionamiento del modelo de prevención.

  • Registrar de forma anónima las denuncias que no se hayan dado curso.

  • Suprimir los datos del sistema de denuncias sin obligación de bloqueo cuando dichas denuncias no hayan sido cursadas.

Derechos laborales digitales

La Ley actualiza las garantías del derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo. Asimismo, refuerza las garantías del derecho a la intimidad en relación con el uso de dispositivos digitales puestos a disposición de los empleados, complementando la regulación del derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral, de los que deberán ser informados.

Así, la norma regula el derecho a la intimidad de los trabajadores en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador:

• Se autoriza a la empresa a acceder al contenido de los dispositivos a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales y de garantizar la integridad de dichos dispositivos. Las empresas deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales con respeto a los estándares mínimos de protección de la intimidad, con la participación de los representantes de los trabajadores.

• El acceso a los dispositivos respecto de los que haya admitido su uso con fines privados requerirá que se especifiquen de modo preciso los usos autorizados y se establezcan garantías para preservar la intimidad (como la determinación de los períodos en que los dispositivos podrán utilizarse para fines privados).

• Los trabajadores deberán ser informados de estos criterios de utilización.

Se reconoce también el derecho a la desconexión digital de los trabajadores, a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo, el respeto al tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar:

• Este derecho se sujetará a lo establecido en la negociación colectiva o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores y atenderá a la naturaleza y objeto de la relación laboral.

• El derecho a la desconexión digital se concretará en una política interna elaborada previa audiencia de los representantes de los trabajadores, en la que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas. En particular, se preservará el derecho a la desconexión digital de los teletrabajadores.

Igualmente se regula el derecho a la intimidad del trabajador frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación del sonido en el lugar de trabajo:

• Respecto a la videovigilancia, se permite a las empresas tratar las imágenes obtenidas para vigilar y controlar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, dentro de los límites legales, y con la obligación de informar previamente a los representantes de los trabajadores y a los propios trabajadores.

• Cuando se haya captado la comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores se entenderá cumplido el deber de informar sobre la videovigilancia cuando existiese al menos un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible.

• La grabación de sonidos en el ámbito laboral queda limitada a supuestos muy concretos y excepcionales (como el riesgo para la seguridad de las instalaciones, bienes y personas).

• Se prohíbe instalar dispositivos de grabación de sonido o videovigilancia en los lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores.

Otra de las cuestiones que se regula en nuestra legislación por primera vez es el derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral, permitiéndose el uso de estos sistemas para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores, dentro de los límites legalmente previstos, debiéndose informar previamente a los representantes de los trabajadores y a los propios trabajadores acerca de la existencia y características de estos dispositivos.

Por último, se establece la conveniencia de establecer garantías adicionales de derechos y libertades relacionados con el tratamiento de datos personales de los trabajadores y la salvaguarda de derechos digitales por parte de los convenios colectivos.

Garantía de derechos digitales

En lo que respecta a los derechos de los interesados, la Ley por un lado, replica el catálogo de los ya previstos en el RGPD (acceso, rectificación, supresión o derecho al olvido, limitación, oposición y portabilidad), si bien los amplía añadiendo un especial derecho al olvido en búsquedas de internet y redes sociales y el derecho a la portabilidad en redes sociales.

Por otro lado, la norma introduce un catálogo de nuevos derechos denominados conjuntamente derechos digitales, a saber:

• derecho de acceso universal a internet;

• derecho a la neutralidad digital o de internet;

• derecho a la educación digital;

• derecho a la desconexión digital y derecho a la intimidad en relación con el uso de dispositivos digitales y sistemas de geolocalización, todos los anteriores en el ámbito laboral que afectan a las relaciones laborales y a la negociación colectiva;

• derecho de rectificación en internet;

• derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales; y

• derecho al testamento digital (posibilidad de que una persona establezca en vida el destino que quiere dar a la información que ha subido a redes sociales o que figura en internet para cuando fallezca, vinculando tanto a sus herederos y derechohabientes, como a las empresas que disponen de esa información o explotan redes sociales).

• Cómputo de plazos: Cuando los plazos se señalen por días, éstos son hábiles (se excluyen, sábados, domingos y festivos); Si el plazo se fija en semanas, años o meses, concluirá el mismo día de la semana, año o mes que produjo el hecho. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente se entenderá que el plazo expira el último día del mes; Cuando el último día del plazo sea inhábil, el plazo es el primer día hábil siguiente.

Régimen sancionador

Se regula en la nueva Ley el régimen sancionador. La regulación estatal en esta cuestión es de especial importancia ya que el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD) establece un sistema de sanciones o actuaciones correctivas que permite un amplio margen de apreciación.

La nueva Ley mantiene la clasificación de las infracciones en muy grave, grave y leve, según el grado de afectación de los datos.

La categorización de las infracciones se introduce a los solos efectos de determinar los plazos de prescripción, teniendo la descripción de las conductas típicas como único objeto la enumeración de manera ejemplificativa de algunos de los actos sancionables que deben entenderse incluidos dentro de los tipos generales establecidos en la norma europea.

• Muy graves. Prescriben a los 3 años.

• Graves. Prescriben a los 2 años.

• Leves. Prescriben al año.

La ley orgánica regula los supuestos de interrupción de la prescripción partiendo de la exigencia constitucional del conocimiento de los hechos que se imputan a la persona, pero teniendo en cuenta la problemática derivada de los procedimientos establecidos en el reglamento europeo, en función de si el procedimiento se tramita exclusivamente por la Agencia Española de Protección de Datos o si se acude al procedimiento coordinado del Reglamento general de protección de datos.

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El RGPD establece amplios márgenes para la determinación de la cuantía de las sanciones. La ley orgánica, respecto a los factores agravantes o atenuantes, aclara que entre los elementos a tener en cuenta podrán incluirse los que ya aparecían en la antigua Ley Orgánica 15/1999, entre otros, el carácter continuado de la infracción, el volumen de negocio o actividad del infractor, los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción, el grado de intencionalidad, la reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza, la regularización de la situación irregular de forma diligente, que la conducta del afectado haya podido inducir a la comisión de la infracción, que el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad…

Competencia desleal

• Por último, se modifica la Ley de competencia desleal, regulando como prácticas agresivas las que tratan de suplantar la identidad de la Agencia o sus funciones y las relacionadas con el asesoramiento conocido como ‘adaptación a coste cero’ a fin de limitar asesoramientos de ínfima calidad a las empresas.