Author - Rafael Ramírez

Qué es Verifactu y para qué sirve

VeriFactu nace del Real Decreto 1007/2023 y establece cómo deben operar los Sistemas Informáticos de Facturación (SIF).

Cada vez que se genera una factura, el software debe crear un registro seguro e inalterable, enlazado mediante un código QR y un “registro de facturación de alta” que se envía (o se pone a disposición) de la Agencia Tributaria en el mismo momento de emisión.

El objetivo de VeriFactu es reforzar la transparencia fiscal y garantizar que todos los movimientos facturados queden trazados correctamente.

Este registro debe mantenerse accesible para Hacienda, ya sea enviándolo automáticamente o conservándolo bajo las exigencias técnicas del reglamento.

La norma afecta a quienes utilicen software de facturación, incluso plantillas avanzadas de Excel configuradas como programa. Sin embargo, quedan fuera los usuarios de Word, quienes facturen manualmente, los incluidos en el SII y los contribuyentes de País Vasco y Navarra.

Nuevas fechas de obligatoriedad

El real decreto ley publicado en el BOE el 3 de diciembre amplía un año la fecha inicialmente prevista. La implantación queda así:

- 1 de enero de 2027: empresas que tributan en el Impuesto sobre Sociedades.

- 1 de julio de 2027: autónomos y compañías que utilicen sistemas informáticos de facturación.

Aunque la medida tiene carácter urgente, debe ser convalidada por el Congreso en un plazo máximo de 30 días.

Por qué se retrasa la aplicación de VeriFactu

La extensión del calendario responde a varias peticiones y necesidades:

- Diversas asociaciones de pymes y autónomos habían reclamado más tiempo debido al coste de actualización del software, la falta de formación y la brecha digital.

- El Ministerio de Hacienda argumenta que la prórroga facilita una transición ordenada y evita sobrecargar a los contribuyentes.

- Distintos colectivos profesionales insistían en la necesidad de mayor claridad normativa, ya que los cambios constantes estaban generando incertidumbre.

Cómo afecta este aplazamiento a pymes y autónomos

El nuevo calendario permite planificar con más calma y preparar de forma estratégica la migración a sistemas que cumplan la normativa:

Más margen para adaptar programas y procesos internos

Muchas empresas ya estaban en proceso de comparar software o revisar el que utilizan actualmente. El plazo adicional facilita estudiar opciones, valorar herramientas gratuitas o avanzar hacia soluciones más completas sin la presión de una fecha inmediata.

Disminución del estrés administrativo

Profesionales y asociaciones ven la prórroga como un respiro, siempre que se utilice para organizar adecuadamente la transición.

Lo que no se ha aplazado (y por qué es importante)

El decreto amplía plazos, pero no suspende las obligaciones técnicas que ya existen sobre los sistemas de facturación. La exigencia de garantizar la integridad, la conservación, la legibilidad, la trazabilidad y la inalterabilidad de los datos sigue plenamente vigente, porque deriva de la Ley Antifraude y del propio Reglamento SIF.

Esto tiene una consecuencia práctica muy clara: el aplazamiento no autoriza a utilizar software que no cumpla, ni permite frenar la adaptación del mercado.

Especialmente relevante es lo que ocurre en determinados escenarios habituales. Cuando una empresa inicia actividad, cuando decide cambiar de ERP o TPV, o cuando implanta por primera vez un sistema de facturación, el punto de partida ya no es una fecha futura, sino el momento en el que ese sistema entra en funcionamiento. En esos casos, el software debe estar adaptado desde el primer día.

Lo mismo sucede cuando un proveedor lanza una nueva versión de su solución de facturación. Una actualización no es neutra desde el punto de vista normativo: si incorpora cambios funcionales, debe cumplir íntegramente con Verifactu y con el Reglamento SIF, con independencia de cuándo se firmó el contrato original.

Un periodo útil para aclarar dudas y planificar

Las organizaciones empresariales coinciden en que este tiempo extra solo tendrá sentido si se emplea para despejar confusiones, estandarizar criterios y preparar los cambios con antelación.

Por ello, conviene revisar el flujo interno de facturación, hablar con tu proveedor tecnológico y definir un plan de adaptación que evite improvisaciones en 2027

El contrato de formación acumulaba normativa dispersa desde 2012. Ahora, el RD 1065/2025 deroga ese marco previo y lo integra todo en una sola norma, desarrollando el Estatuto de los Trabajadores.

Por primera vez, el RD establece límites conjuntos para el número máximo de contratos formativos por empresa. Por contratos formativos entendemos la suma de los contratos de formación en alternancia y contratos de prácticas totales en tu empresa.

Tras la entrada en vigor del Real Decreto 1065/2025, existirá un número máximo de contratos formativos que se pueden realizar por centro de trabajo.

Este último detalle es importante, y le resta importancia a esta medida, ya que los límites máximos se aplican por centro de trabajo y no a nivel empresa.

El número máximo de contratos formativos que podría tener cada centro de trabajo al mismo tiempo sería de:

- Hasta 10 personas trabajadoras: 3 contratos formativos.

- De 11 a 30 personas: 7 contratos formativos.

- De 31 a 50 personas: 10 contratos formativos.

- Más de 50 personas: 20 % de la plantilla.

Nuevos límites para el número de trabajadores por tutor

La persona trabajadora deberá contar durante su contrato de formación con un tutor o tutora en su centro de trabajo y otro en el centro de formación. Sus nombres aparecerán reflejados en el contrato.

Esta persona deberá contar con la experiencia y formación adecuadas para tutorizar. Y su misión será la de supervisar y orientar el desarrollo de la actividad laboral, asegurándose que se lleva a cabo según lo establecido en el itinerario formativo.

Además, se coordinará con tutor del centro de formación y elaborará un informe sobre el desempeño de esa persona cuando finalice el contrato.

Se incluye una novedad importante muy positiva para realizar esta labor: el tutor de empresa podrá designar a varias personas en el centro de trabajo para que le ayuden en su labor de seguimiento.

La empresa deberá facilitar los medios y el tiempo necesario para llevar a cabo estas tareas. El incumplimiento de las labores de tutorización podría conllevar la devolución de las bonificaciones, por tanto, es importante que la empresa le dé importancia a esta figura y a sus obligaciones como tutor.

El Real Decreto ahora nos indica que, como máximo podrá tutorizar a 5 personas de modo simultáneo, Que será de 5 personas por tutor o de 3, en centros de trabajo de menos de 30 personas.

Añadir que, si la persona tiene alguna discapacidad, el tutor deberá contar con formación adecuada en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad.

Convenio de cooperación o colaboración

El contrato de formación actualmente se debe acompañar de un Plan Formativo Individual o Anexo, donde se detallan los tutores y contenido del itinerario formativo.

Ahora se acompañará de un nuevo Anexo o Convenio de Cooperación donde se definirán las competencias y conocimientos básicos que se pretenden alcanzar de forma complementaria y coordinada con los que se adquieran durante la formación. 

Un solo convenio de cooperación podrá dar cobertura tanto a las distintas actividades formativas como a los diferentes contratos de formación en alternancia que celebre la empresa. 

Este documento se deberá firmar por centro de formación, empresa y persona trabajadora y adjuntar al contrato a partir del 17 de diciembre de 2025.

Prórrogas

Destacar que la duración del contrato será la prevista en el programa formativo, sin que puedan superarse los dos años.

El legislador incluye expresamente en el texto la posibilidad de prorrogarse «varias veces», mediante acuerdo de las partes, hasta obtener el título o certificado de la formación.

Trabajo nocturno o a turnos en el contrato de formación

Aunque el horario nocturno o a turnos está prohibido para esta modalidad. Existe una excepción que introdujo ya la Reforma Laboral y que, ahora el nuevo Real Decreto define más detalladamente.

Ahora, la redacción de la norma es mucho más concreta, indicando de forma expresa que podrán realizarse trabajos nocturnos o trabajos a turnos «cuando sea preciso para la adquisición de las competencias o conocimientos previstos en el plan formativo y no puedan desarrollarse en otros periodos, debido a la naturaleza de la actividad».

Para aplicarse esta excepción es imprescindible que pueda justificarse que no se pueden adquirir esos conocimientos en otro horario.

Nuevas causas de extinción del contrato 

Se introduce una modificación del Artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, incluyendo dos nuevas causas de extinción del contrato de formación:

- Que la persona esté realizando una formación oficial relacionada con el puesto y consiga el título mientras realiza el contrato. Por ejemplo, si está matriculada en la universidad en Empresariales, mientras realiza un contrato de formación en un despacho profesional, si consigue el título, se debería extinguir el contrato de formación.

- Que no se disponga de matrícula del curso. Si se constata que no existe matrícula en la formación, se podrá extinguir también. Y si se incumplen las obligaciones formativas, se entenderá el contrato como indefinido

La Ley 10/2025, de 26 de diciembre, por la que se regulan los servicios de atención a la clientela, publicada en el BOE el 27 de diciembre de 2025, introduce uno de los cambios más relevantes de los últimos años en materia de protección del consumidor y obligaciones empresariales. Su objetivo es claro: mejorar la atención, reducir abusos y evitar que reclamar sea una carrera de obstáculos. Se lo explicamos…

No estamos ante una norma menor ni meramente formal: redefine la atención al cliente como un derecho exigible, medible y sancionable, con implicaciones directas en contratos, procesos internos, canales digitales y gestión del riesgo legal.

1.- De "servicio auxiliar" a obligación regulada

Hasta ahora, la atención a la clientela se movía en una zona gris: principios generales, normativa sectorial dispersa y una elevada tolerancia práctica a modelos poco eficaces.

La Ley 10/2025 rompe ese esquema y establece:

• Parámetros mínimos obligatorios de calidad
• Derechos concretos para la clientela
• Obligaciones objetivas para las empresas
• Carga de la prueba a cargo del empresario

Atención. Esto implica un cambio de enfoque en la atención al cliente, que pasa a ser materia de cumplimiento normativo, no solo de reputación o experiencia de usuario.

2.- Ámbito de aplicación: más amplio de lo que parece

La ley afecta principalmente a:

Servicios básicos de interés general

Energía, agua, telecomunicaciones, transporte, servicios postales y sector financiero (este último con especialidades sectoriales).

Grandes empresas de cualquier sector

Empresas o grupos que cumplan uno solo de estos criterios:

• ≥ 250 personas trabajadoras
• 50 M€ de facturación
• 43 M€ de balance

Y un matiz clave: da igual el canal (online, telefónico, presencial), la externalización del servicio o incluso que el prestador esté fuera de España si opera con clientela en territorio nacional.

3.- Obligaciones que cambian la práctica diaria

Atención personalizada obligatoria

• Se prohíbe el uso exclusivo de contestadores automáticos o IA.
• El cliente puede exigir interlocución con una persona física en cualquier momento.
• El 95 % de las solicitudes de atención personalizada deben atenderse en menos de 3 minutos.

Atención. Para muchas empresas, esto exige revisar profundamente call centers, flujos digitales y dimensionamiento de personal.

Trazabilidad total de consultas y reclamaciones

Cada consulta, queja, reclamación o incidencia debe:

• Generar clave identificativa
• Dejar constancia documental en soporte duradero
• Permitir seguimiento del estado del expediente

Este punto es especialmente relevante desde la óptica probatoria y sancionadora.

Prohibición de cortar servicios durante una reclamación

En servicios de tracto sucesivo:

• No puede suspenderse el servicio si la reclamación está relacionada con el motivo del corte.
• La suspensión solo es posible en supuestos muy concretos (seguridad).

Atención. Esto impacta directamente en políticas de recobro, suspensión automática y gestión de impagos.

Resoluciones motivadas y vías alternativas

Las respuestas empresariales:

• Deben ser individualizadas y motivadas
• No pueden cerrarse por silencio o por el mero transcurso del plazo
• Deben informar de mecanismos de resolución extrajudicial

La reclamación deja de ser un trámite y pasa a ser un procedimiento con garantías mínimas.

4. Atención telefónica: uno de los núcleos duros de la ley

La norma es especialmente exigente en este ámbito:

• El servicio no puede tener un coste superior a una llamada estándar.
• Los números de tarificación especial deben tener alternativa gratuita.
• Prohibida cualquier derivación encubierta a números de pago.
• El servicio de atención no puede generar ingresos para la empresa.
• El 95 % de las llamadas deben atenderse en menos de 3 minutos.

Atención. Aquí hay riesgo claro de incumplimiento masivo en sectores muy concretos.

5. Accesibilidad, idioma y colectivos vulnerables

La ley introduce obligaciones reforzadas en:

• Atención a personas mayores y con discapacidad
• Adaptación a competencias digitales reales
• Atención en la misma lengua en la que se formule la reclamación
• Prioridad en atención telefónica para colectivos vulnerables

Atención. Conecta directamente con políticas de igualdad, accesibilidad y ESG, cada vez más relevantes en auditorías y licitaciones.

6. Evaluación, auditoría y sanciones

Las empresas deberán:

• Implantar un sistema interno de evaluación de la calidad del servicio
• Someterlo a auditoría anual independiente
• Tener la documentación disponible para Consumo

El incumplimiento constituye infracción en materia de consumo, con sanciones conforme a la normativa estatal y autonómica.

7. Plazo de adaptación: el tiempo corre

La ley concede un plazo de 6 meses desde su entrada en vigor para adaptar:

• Protocolos
• Canales de atención
• Contratos y condiciones generales
• Formación del personal
• Sistemas tecnológicos

Para muchos operadores, este plazo será ajustado.

8. Dónde está el valor añadido

Esta norma abre un campo claro de actuación profesional:

• Auditoría preventiva de servicios de atención al cliente
• Revisión contractual y de condiciones generales
• Rediseño de procesos internos y protocolos de reclamación
• Acompañamiento en inspecciones y procedimientos sancionadores
• Formación a equipos internos

Atención. No es solo una norma de consumo: es compliance operativo puro.

La Ley 10/2025 marca un antes y un después. Quien la vea como una obligación formal llegará tarde. Quien la entienda como una pieza estratégica de cumplimiento y gestión del riesgo, llegará con ventaja. El mensaje es claro: la atención al cliente entra de lleno en el radar regulatorio y conviene anticiparse.

Cuestionario: 

Cuál es el objetivo principal de la nueva Ley 10/2025 sobre atención a la clientela?
La Ley 10/2025, de 26 de diciembre, persigue mejorar el nivel de protección al consumidor y regular de forma clara los servicios de atención a la clientela, estableciendo derechos exigibles, obligaciones objetivas para las empresas, y plazos de respuesta y atención adecuados.

---

¿Qué cambia respecto a la regulación anterior?
La nueva ley transforma la atención a la clientela en una obligación legal plenamente regulada, dejando de ser un simple complemento reputacional. Establece parámetros mínimos obligatorios de calidad, derechos concretos para las personas usuarias y coloca la carga de la prueba en la empresa.

---

¿A quién se aplica la Ley 10/2025?
Afecta fundamentalmente a:

• Servicios básicos de interés general (energía, agua, telecomunicaciones, transporte, servicios postales y sector financiero),
• Grandes empresas (o grupos) de cualquier sector que cumplan al menos uno de estos criterios:
• 250 o más personas trabajadoras,
• 50 millones de euros de facturación,
• 43 millones de euros de balance.
  Es indiferente el canal utilizado (online, telefónico, presencial), si el servicio está externalizado o si el prestador reside fuera de España, siempre que opere en territorio nacional.

---

¿Qué obligaciones introduce respecto a la atención personalizada?

• Se prohíbe el uso exclusivo de contestadores automáticos o inteligencia artificial.
• El cliente puede exigir en todo momento hablar con una persona física.
• El 95% de las solicitudes de atención personalizada deben atenderse en menos de 3 minutos.

---

¿Qué mecanismos de seguimiento y trazabilidad se exigen?

• Cada consulta, queja, reclamación o incidencia debe generar una clave identificativa.
• Debe quedar constancia documental en soporte duradero.
• Se debe permitir el seguimiento del estado del expediente por parte del cliente.

---

¿Puede una empresa cortar el suministro o servicio durante una reclamación?
No se puede suspender el servicio si la reclamación está relacionada con el motivo del corte, excepto en casos muy concretos (seguridad).

---

¿Qué requisitos deben cumplir las respuestas empresariales?
Las respuestas deben ser:

• Individualizadas y motivadas.
• No pueden cerrarse por silencio o por transcurso del plazo.
• Deben informar sobre vías de resolución extrajudicial de conflictos.

---

¿Qué obligaciones específicas hay en la atención telefónica?

• El servicio no puede costar más que una llamada estándar.
• Debe existir alternativa gratuita a los números de tarificación especial.
• Está prohibida cualquier derivación encubierta a números de pago.
• El 95% de las llamadas deben atenderse en menos de 3 minutos.
• El servicio de atención no puede generar ingresos para la empresa.

---

¿Cómo se protege la accesibilidad y la igualdad?

• Hay obligaciones reforzadas en la atención a colectivos vulnerables, personas mayores y con discapacidad.
• Debe adaptarse la atención a las competencias digitales reales de los clientes.
• Se garantiza la atención en la misma lengua en la que se formule la reclamación.
• Los colectivos vulnerables tendrán prioridad en atención telefónica.

---

¿Las empresas están obligadas a auditar la calidad de su servicio de atención al cliente?
Sí, deben implantar un sistema interno de evaluación de la calidad del servicio, someterlo a auditoría anual independiente y disponer de la documentación para Consumo.

---

¿Qué plazo de adaptación establece la ley para las empresas?
Las empresas disponen de 6 meses desde la entrada en vigor de la ley para adaptar protocolos, canales de atención, contratos, formación del personal y sistemas tecnológicos.

---

¿Qué sanciones prevé la ley?
El incumplimiento se considerará infracción en materia de consumo y podrá ser sancionado conforme a la normativa estatal y autonómica aplicable.

---

¿Qué oportunidades o valor añadido ofrece esta ley a los profesionales del sector jurídico y empresarial?

• Auditoría preventiva de servicios de atención al cliente,
• Revisión contractual y de condiciones generales,
• Rediseño de procesos y protocolos internos,
• Acompañamiento en inspecciones y procedimientos sancionadores,
• Formación de equipos internos.