Ley Crea y Crece: Empresas desde 1 euro

Ley Crea y Crece: Empresas desde 1 euro

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Anteproyecto de la Ley Crea y Crece (antes denominada Ley de Crecimiento Empresarial que permitirá crear empresas desde sólo un euro y en menos de diez días a través de la mejora regulatoria, la eliminación de obstáculos a las actividades económicas, la lucha contra la morosidad comercial y el apoyo financiero al crecimiento empresarial.

Otra de las novedades que plantea es la imposibilidad de acceder a las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para las empresas que no cumplan los plazos legales de pago. Para ello, se creará un Observatorio estatal de la morosidad, que se encargará de hacer un seguimiento de los plazos.

También incorpora medidas para mejorar los instrumentos de financiación del crecimiento empresarial alternativos a la financiación bancaria, como el crowdfunding, la financiación participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo y medidas para simplificar la legislación existente, eliminar obstáculos, agilizar los procedimientos y ampliar el catálogo de actividades exentas de licencia.

Creación de empresas en menos de 10 días y desde sólo un euro

La medida más importante de la nueva Ley Crea y Crece es la posibilidad de constituir una sociedad mercantil con un capital social mínimo de 1 euro en vez de los actuales 3.000 euros que se exigen para constituir una sociedad limitada. Además, estas sociedades se podrán crear en menos de 10 días laborales a través de medios telemáticos sin necesidad de acudir presencialmente a ningún organismo público ni notaría. Para ello, se aboga por impulsar la utilización del sistema de tramitación telemática Centro de Información y Red de Creación de Empresa (CIRCE) y el Documento Único Electrónico (DUE), como ventanilla única que viene gestionando y desarrollando, desde el año 2003, la Dirección General de Industria y de la pyme del Ministerio de Industria Comercio y turismo, así como reforzar la obligación, para todos los notarios, de estar disponibles en la Agencia Electrónica Notarial.

Asimismo, también se limitará a ese plazo de 10 días laborales cualquier modificación que afecte a esa sociedad como un aumento o reducción de capital. Ese plazo se contará a partir del día siguiente a la fecha del asiento de presentación o de la devolución del documento retirado.

En la misma línea de reducir las trabas administrativas para constituir una empresa o para iniciar una actividad por cuenta propia, se aborda además una reducción o sustitución de ciertas autorizaciones o sistemas de control ex ante de la actividad económica por declaraciones responsables.

Las empresas deberán destinar el 20% de sus beneficios hasta alcanzar los 3.000 euros

A pesar de que, al amparo de la Ley Crea y Crece se podrán crear empresas con un capital social mínimo de un euro, se obligará a éstas a que destinen el 20% de sus beneficios a la partida de Reserva Legal hasta que ésta sumada al capital social alcance la cifra mínima de 3.000 euros.

Por otro lado, si la empresa tiene deudas y se disuelve sin que se puedan satisfacer las deudas con el patrimonio resultante, los socios responderán solidariamente de la diferencia entre el importe de 3.000 euros y la cifra del capital suscrito.

Novedades en las sociedades en régimen de formación sucesiva y Sociedades Nueva Empresa

La Ley Crea y Crece contempla también la derogación de la regulación de las sociedades en régimen de formación sucesiva por lo que las sociedades que, con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ley, estén sujetas a lo dispuesto en el artículo 4 bis del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, podrán optar por modificar sus estatutos para dejar de estar sometidas al régimen de formación sucesiva y regirse, mientras su capital social no alcance la cifra de 3.000 euros por estas mismas reglas aplicando el nuevo apartado 3 del artículo 4 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Por otro lado desaparece la regulación relativa a las Sociedades Nueva Empresa al considerar el prelegislador que ya ha quedado obsoleta y superada en eficiencia y flexibilidad por la normativa general de sociedades de responsabilidad limitad. Por ello, estas sociedades nueva empresa ya existentes a la entrada en vigor de esta ley deberán regirse por las disposiciones reguladoras de las sociedades de responsabilidad limitada y utilizarán la denominación SRL.

Medidas de apoyo financiero

El Anteproyecto de la Ley Crea y Crece contiene también medidas específicas de apoyo a instrumentos de financiación al crecimiento empresarial, entre los que está el capital riesgo o las plataformas de micromecenazgo o crowfunding. La Ley introduce más flexibilidad para que estas plataformas presten sus servicios en Europa. Además, se refuerza la protección de los inversores y se permite la creación de vehículos para agrupar a los inversores y así reducir costes de gestión. Para ampliar el universo de proyectos empresariales elegibles se elevan los umbrales de los importes permitidos por proyecto financiado y por inversor.

Incentivos para el cumplimiento de los plazos de pago

Uno de los principales problemas de las pequeñas empresas y trabajadores autónomos es la morosidad o el incumplimiento de los plazos de pago por parte de grandes empresas. Estos se ven en la disyuntiva de finalizar relaciones comerciales con grandes empresas que incumplen estos plazos frente a perderlos como clientes con el impacto económico que esto supondría. Para paliar esto, la Ley Crea y Crece establece que las empresas que no cumplan con los plazos de pago (actualmente son 60 días después de la fecha de la recepción de mercancías o prestación de los servicios, no pudiendo ser prorrogado ni aunque así lo dispongan las dos partes afectadas), no podrán acceder a las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Para velar por este cumplimiento se creará un Observatorio de Morosidad Nacional que vigilará y monitorizará la evolución de los datos de pago y la promoción de buenas prácticas en este ámbito.

Asimismo, incluye medidas para luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales, ampliando la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas a todas las empresas y autónomos en sus relaciones comerciales, lo que garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos.

Ventajas fiscales

Este proyecto de Ley incorpora importantes medidas fiscales para atraer y recuperar el talento nacional e internacional, atraer inversión y favorecer la creación de hubs digitales en España. Así, se reduce el tipo impositivo en el Impuesto de Sociedades (IS) y sobre la Renta de No Residentes (IRNR), del tipo general del 25% al 15% en los cuatro primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva.

Se eleva el importe de la exención de tributación de las opciones sobre acciones (stock options) de 12.000 a 50.000 euros anuales en el caso de entrega por parte de startups de acciones o participaciones derivadas del ejercicio de opciones de compra y se flexibilizan las condiciones de generación de autocartera en sociedades de responsabilidad limitada.

Se amplía también la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación (de 60.000 a 100.000 euros anuales), el tipo de deducción (que pasa del 30 al 50%), así como el periodo en el que se considera de reciente creación que sube de tres a cinco años, con carácter general, o a siete para empresas de los sectores antes apuntados.

Por otra parte, se permite el aplazamiento de la deuda tributaria del Impuesto de Sociedades o del IRNR en los dos primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva, sin garantías ni intereses de demora, por un periodo de 12 y seis meses respectivamente.

Y, finalmente, se elimina la obligación de efectuar pagos fraccionados del IS y del IRNR en los dos años posteriores a aquel en el que la base imponible sea positiva.

Fiscalidad del nómada digital

Aquellos emprendedores y teletrabajadores que se desplacen a territorio español tendrán la posibilidad de residir y trabajar en España durante cinco años, así como acogerse al régimen tributario especial y tributar por el IRNR.

Con el objetivo de repatriar talento se relajan los requisitos generales para acceder a este régimen, pasando de diez a 15 años a tan solo cinco años el requisito de no residencia previa en España.

Además, se extiende la posibilidad de optar a este régimen a otros miembros de la unidad familiar del impatriado principal: su cónyuge o el progenitor de sus hijos, los hijos menores de 25 años y los hijos discapacitados, independientemente de su edad.

Facilidades a las stocks options

Las empresas emergentes tienen dificultades para atraer y retener a colaboradores con perfiles especializados y escasos. Desde el punto de vista retributivo, no pueden pagar sueldos altos porque no tienen liquidez y no pueden prometer una participación en los beneficios de la empresa por las limitaciones que el Derecho mercantil y tributario oponen a estos planes.

Esta ley derriba las barreras al flexibilizar la generación de autocartera en las sociedades limitadas, que es la forma jurídica de la mayoría de las empresas emergentes, y dar un tratamiento fiscal más benigno a la retribución mediante acciones o participaciones sociales propias de las emergentes


Cotización por pluriactividad

Se elimina durante tres años de la doble cotización a la Seguridad Social, en caso de pluriactividad, para emprendedores que trabajen de forma simultánea para un empleador por cuenta ajena.

Licitaciones públicas

Las Administraciones Públicas tendrán en cuenta las características de las empresas emergentes al precisar los requisitos de solvencia económica y técnica de las empresas participantes en procedimientos de compra pública innovadora y de compra pública precomercial, se rijan o no por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para no crear obstáculos a su participación en la licitación.

Cuándo entrará en vigor la nueva Ley Crea y Crece

El Anteproyecto de la Ley Crea y Crece ha sido ahora remitido a las Cortes Generales para su aprobación y se espera que sea aprobado en 2022.

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